"Delito de adulto, pena de adulto": Milei consigue media sanción a la baja de la edad de imputabilidad
"Delito de adulto, pena de adulto": Milei consigue media sanción a la baja de la edad de imputabilidad
Sputnik Mundo
La Cámara de Diputados (Cámara Baja) aprobó la reforma del Régimen Penal Juvenil, que disminuye la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. "Mantiene un enfoque... 14.02.2026, Sputnik Mundo
El Gobierno del presidente Javier Milei continúa su racha de triunfos parlamentarios. Tras conseguir el visto bueno a la reforma laboral en el Senado (cámara alta), el oficialismo argentino consiguió que la Cámara de Diputados aprobara el nuevo Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central consiste en la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa avanzó con una amplia mayoría de 149 votos a favor y 100 en contra, y ahora será enviada al Senado para su tratamiento.El proyecto redefine el abordaje penal sobre adolescentes de 14 y 15 años, que hasta ahora no eran punibles bajo el régimen vigente. La normativa apunta a delitos graves y combina sanciones penales con un esquema de medidas "socioeducativas" y de seguimiento, según el texto aprobado por el Congreso.La Casa Rosada presentó la iniciativa bajo la consigna: "A delito de adulto, pena de adulto". Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó en sus redes sociales que "la baja de la edad de imputabilidad pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves y de quienes los utilizan como escudo".Entre los puntos centrales, el régimen fija límites a la respuesta punitiva: descarta la prisión perpetua para menores y establece un tope de 15 años de pena, incluso para los delitos más graves. El Gobierno presentó ese límite como una diferencia respecto de iniciativas previas: es que, originalmente, el Ejecutivo buscó que la edad de imputabilidad bajara hasta los 13 años, pero debió ceder ante presiones de sus aliados legislativos.El nuevo esquema también reordena el "costo" institucional del sistema: requiere infraestructura y dispositivos específicos para adolescentes en conflicto con la ley penal, en un contexto en el que las provincias administran gran parte de la ejecución. Este punto suscitó impugnaciones por parte de espacios aliados, que exigían precisiones sobre los recursos fiscales que se utilizarían para financiar los centros y equipos interdisciplinarios que contempla la normativa. Este será uno de los focos del debate en el Senado.El proyecto trata de una de las leyes centrales que envió la Casa Rosada en el temario para las sesiones extraordinarias del parlamento durante febrero. En la misma sesión, el Gobierno se aseguró el respaldo de Diputados al acuerdo Mercosur-Unión Europea, firmado en enero. Dicho proyecto también será enviado al Senado.La votación expuso un robusto apoyo que excedió al oficialismo y sus aliados naturales. En el recinto, el Gobierno hilvanó apoyos de bloques considerados "dialoguistas" y provinciales, mientras que el rechazo se concentró en el peronismo, la principal bancada opositora, y en la izquierda, que cuestionaron el giro punitivo y advirtieron sobre el riesgo de criminalizar la pobreza.La reforma reabrió un debate regional. En América Latina coexisten umbrales distintos: con 16 años, Argentina actualmente se encuentra entre los países con una edad mínima de imputabilidad más alta. En caso de prosperar la iniciativa, Buenos Aires se sumaría al bloque de países que fijaron en 14 años la edad punible, como Perú, Chile, Colombia, Paraguay y Venezuela. En México y Brasil, en cambio, la responsabilidad penal comienza a los 12 años.Falcone sostuvo que "en la región las edades son inferiores a las que hoy tiene nuestra legislación", por lo que Argentina se encontraba desfasada respecto de otros países latinoamericanos. En ese sentido, consideró que el proyecto aprobado "acerca al país a estándares regionales".Por otra parte, el legislador remarcó que la reforma "da un marco jurídico para disminuir la arbitrariedad de los jueces y garantizar un accionar sobre el menor de edad que delinque". Según explicó, el esquema vigente "dejaba amplios márgenes discrecionales bajo figuras difusas", sin reglas claras ni previsibilidad para las partes involucradas.El diputado también buscó despejar uno de los principales cuestionamientos al proyecto: "Los menores no van a compartir cárcel con los mayores de edad. Esto es central". Por último, sostuvo que "que haya pocos casos de crímenes violentos cometidos por menores no significa que haya que dejar de atenderlos" y añadió que "es fundamental regular lo que pasa con los adolescentes, porque hoy hay una gran deuda sobre cómo el sistema aborda su futuro".Denuncias contra la "mano dura"Las impugnaciones al proyecto también están a la orden del día. Consultado por Sputnik, el director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Trufo, consideró que la reforma "es un proyecto malo" que, si bien moderó algunos aspectos del texto original del Ejecutivo, "mantiene un enfoque predominantemente punitivo, sin proponer ningún tipo de mecanismo de prevención".El experto sostuvo que la iniciativa "no termina de entender la diferencia entre niños, niñas y adolescentes y adultos" y que tiende a construir "un régimen penal juvenil que se parezca lo más posible al de los mayores". Según explicó, el eje del texto aprobado está puesto en el castigo y el encierro, en lugar de priorizar mecanismos de responsabilización con menor impacto carcelario.El especialista advirtió que "la mayor parte de los delitos que cometen menores son contra la propiedad" y que los homicidios "representan una porción muy marginal" del total. En ese marco, cuestionó que el debate público se concentre casi exclusivamente en los casos más graves y mediáticos, dejando en segundo plano la discusión sobre políticas preventivas.También señaló que el proyecto amplía las penas y los supuestos de encarcelamiento, con máximos que alcanzan los 15 años. A su entender, "no es lo mismo una persona de 14 que una de 17", pero la norma construye un bloque uniforme entre los 14 y los 18 años, sin distinguir adecuadamente etapas de desarrollo.Para Trufo, la discusión debería orientarse a fortalecer políticas de prevención e inclusión social. "La cuestión del delito no se soluciona con más encierro", sostuvo, y subrayó que el sistema actual de detención juvenil ya presenta problemas de sobrepoblación y falta de condiciones adecuadas, lo que —según advirtió— puede agravar los conflictos.
La Cámara de Diputados (Cámara Baja) aprobó la reforma del Régimen Penal Juvenil, que disminuye la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. "Mantiene un enfoque predominantemente punitivo, sin proponer ningún tipo de mecanismo de prevención", dijo a Sputnik un experto.
El Gobierno del presidente Javier Milei continúa su racha de triunfos parlamentarios. Tras conseguir el visto bueno a la reforma laboral en el Senado (cámara alta), el oficialismo argentino consiguió que la Cámara de Diputados aprobara el nuevo Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central consiste en la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La iniciativa avanzó con una amplia mayoría de 149 votos a favor y 100 en contra, y ahora será enviada al Senado para su tratamiento.
El proyecto redefine el abordaje penal sobre adolescentes de 14 y 15 años, que hasta ahora no eran punibles bajo el régimen vigente. La normativa apunta a delitos graves y combina sanciones penales con un esquema de medidas "socioeducativas" y de seguimiento, según el texto aprobado por el Congreso.
La Casa Rosada presentó la iniciativa bajo la consigna: "A delito de adulto, pena de adulto". Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó en sus redes sociales que "la baja de la edad de imputabilidad pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves y de quienes los utilizan como escudo".
Hoy el Congreso dio un paso decisivo para saldar una deuda con la sociedad.
La baja de la edad de imputabilidad pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves y de quienes los utilizan como escudo.
Entre los puntos centrales, el régimen fija límites a la respuesta punitiva: descarta la prisión perpetua para menores y establece un tope de 15 años de pena, incluso para los delitos más graves. El Gobierno presentó ese límite como una diferencia respecto de iniciativas previas: es que, originalmente, el Ejecutivo buscó que la edad de imputabilidad bajara hasta los 13 años, pero debió ceder ante presiones de sus aliados legislativos.
El nuevo esquema también reordena el "costo" institucional del sistema: requiere infraestructura y dispositivos específicos para adolescentes en conflicto con la ley penal, en un contexto en el que las provincias administran gran parte de la ejecución. Este punto suscitó impugnaciones por parte de espacios aliados, que exigían precisiones sobre los recursos fiscales que se utilizarían para financiar los centros y equipos interdisciplinarios que contempla la normativa. Este será uno de los focos del debate en el Senado.
El proyecto trata de una de las leyes centrales que envió la Casa Rosada en el temario para las sesiones extraordinarias del parlamento durante febrero. En la misma sesión, el Gobierno se aseguró el respaldo de Diputados al acuerdo Mercosur-Unión Europea, firmado en enero. Dicho proyecto también será enviado al Senado.
La votación expuso un robusto apoyo que excedió al oficialismo y sus aliados naturales. En el recinto, el Gobierno hilvanó apoyos de bloques considerados "dialoguistas"y provinciales, mientras que el rechazo se concentró en el peronismo, la principal bancada opositora, y en la izquierda, que cuestionaron el giro punitivo y advirtieron sobre el riesgo de criminalizar la pobreza.
La reforma reabrió un debate regional. En América Latina coexisten umbrales distintos: con 16 años, Argentina actualmente se encuentra entre los países con una edad mínima de imputabilidad más alta.
En caso de prosperar la iniciativa, Buenos Aires se sumaría al bloque de países que fijaron en 14 años la edad punible, como Perú, Chile, Colombia, Paraguay y Venezuela. En México y Brasil, en cambio, la responsabilidad penal comienza a los 12 años.
"La baja de la edad de imputabilidad no es una solución, pero integra una reforma que tiene un fuerte avance", dijo a Sputnik Eduardo Falcone, diputado nacional del Movimiento Integración y Desarrollo, uno de los aliados del oficialismo en la cámara baja.
Falcone sostuvo que "en la región las edades son inferiores a las que hoy tiene nuestra legislación", por lo que Argentina se encontraba desfasada respecto de otros países latinoamericanos. En ese sentido, consideró que el proyecto aprobado "acerca al país a estándares regionales".
Por otra parte, el legislador remarcó que la reforma "da un marco jurídico para disminuir la arbitrariedad de los jueces y garantizar un accionar sobre el menor de edad que delinque". Según explicó, el esquema vigente "dejaba amplios márgenes discrecionales bajo figuras difusas", sin reglas claras ni previsibilidad para las partes involucradas.
El diputado también buscó despejar uno de los principales cuestionamientos al proyecto: "Los menores no van a compartir cárcel con los mayores de edad. Esto es central".
Por último, sostuvo que "que haya pocos casos de crímenes violentos cometidos por menores no significa que haya que dejar de atenderlos" y añadió que "es fundamental regular lo que pasa con los adolescentes, porque hoy hay una gran deuda sobre cómo el sistema aborda su futuro".
Denuncias contra la "mano dura"
Las impugnaciones al proyecto también están a la orden del día. Consultado por Sputnik, el director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Trufo, consideró que la reforma "es un proyecto malo" que, si bien moderó algunos aspectos del texto original del Ejecutivo, "mantiene un enfoque predominantemente punitivo, sin proponer ningún tipo de mecanismo de prevención".
El experto sostuvo que la iniciativa "no termina de entender la diferencia entre niños, niñas y adolescentes y adultos" y que tiende a construir "un régimen penal juvenil que se parezca lo más posible al de los mayores". Según explicó, el eje del texto aprobado está puesto en el castigo y el encierro, en lugar de priorizar mecanismos de responsabilización con menor impacto carcelario.
El especialista advirtió que "la mayor parte de los delitos que cometen menores son contra la propiedad" y que los homicidios "representan una porción muy marginal" del total. En ese marco, cuestionó que el debate público se concentre casi exclusivamente en los casos más graves y mediáticos, dejando en segundo plano la discusión sobre políticas preventivas.
También señaló que el proyecto amplía las penas y los supuestos de encarcelamiento, con máximos que alcanzan los 15 años. A su entender, "no es lo mismo una persona de 14 que una de 17", pero la norma construye un bloque uniforme entre los 14 y los 18 años, sin distinguir adecuadamente etapas de desarrollo.
Para Trufo, la discusión debería orientarse a fortalecer políticas de prevención e inclusión social. "La cuestión del delito no se soluciona con más encierro", sostuvo, y subrayó que el sistema actual de detención juvenil ya presenta problemas de sobrepoblación y falta de condiciones adecuadas, lo que —según advirtió— puede agravar los conflictos.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
El acceso al chat ha sido bloqueado por violación de las reglas.
Usted puede volver a participar dentro de∞.
Si no está de acuerdo con el bloqueo, utilice el formulario de contacto>
La discusión ha sido cerrada. Se puede participar en una discusión durante 24 horas después de la publicación de la noticia.
