Con Cristina Fernández acusada, comienza el juicio por el mayor caso de corrupción en Argentina
Con Cristina Fernández acusada, comienza el juicio por el mayor caso de corrupción en Argentina
Sputnik Mundo
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como otros 86 acusados, enfrentan cargos de asociación ilícita y cohecho por presunta corrupción en la... 07.11.2025, Sputnik Mundo
Cristina Fernández de Kirchner enfrenta desde este 6 de noviembre el juicio oral por la denominada causa de los Cuadernos, considerado el mayor proceso por corrupción de la historia argentina. Junto a ella serán juzgadas otras 86 personas, entre exfuncionarios y empresarios, quienes son señalados de asociación ilícita y cohecho.El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, con audiencias de apenas una vez por semana y una duración estimada en varios años. Entre los acusados figuran exministros y empresarios de la construcción, la energía y el transporte, señalados por haber pagado sobornos a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado durante los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).Según la fiscalía, existió un esquema de recaudación ilegal encabezado por el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, y su secretario, Roberto Baratta, bajo la supervisión de la expresidenta. Los fondos provenían, presuntamente, de sobreprecios en contratos de obra pública.La causa se originó en 2018, tras la aparición de los cuadernos del chofer de Baratta, un hombre llamado Óscar Centeno que registró durante una década los traslados de dinero entre empresarios y funcionarios. Sus anotaciones, sumadas a declaraciones y documentación financiera, sirvieron de base a la investigación.La defensa de Cristina Kirchner sostiene que el caso se construyó sobre pruebas nulas y manipuladas. Cuestiona la autenticidad de los cuadernos, cuya versión original fue destruida, y denuncia que las copias entregadas a la Justicia fueron reescritas y editadas con posterioridad.Los abogados también alegan irregularidades procesales, como la falta de peritajes sobre los originales y el uso de testimonios de arrepentidos sin control judicial. Aseguran que hubo pérdida de la cadena de custodia y una orientación política para involucrar a la exmandataria, recluida en prisión domiciliaria tras haber sido condenada por corrupción de la causa conocida como "Vialidad". Todos esos planteos fueron rechazados por los tribunales y deberán ser evaluados nuevamente durante el debate oral.La novedad central del caso consiste en que entre los acusados figuran empresarios de primera línea en el ecosistema financiero argentino, tales como Ángelo Calcaterra —primo del expresidente Mauricio Macri— y Aldo Roggio, del grupo homónimo. La mayoría negó haber participado de un esquema de sobornos sistemático e intentó plantear que se trataba de aportes de financiamiento de campañas políticas de los entonces Gobiernos ejecutados bajo presión.La causa, que en su instrucción implicó a más de 170 personas, fue calificada por la fiscalía como un entramado institucionalizado de corrupción. La defensa, en cambio, sostiene que se trata de un proceso irregular, alegando que un insumo central para la acusación radicó en la figura del "imputado colaborador": empresarios que eligieron ser "testigos protegidos" dando cuenta de hechos que no ocurrieron con el fin de complacer las demandas de la acusatoria, siempre bajo la premisa de una supuesta persecución política a la expresidenta.Cristina Kirchner seguirá las audiencias de manera remota. Si es hallada culpable, podría recibir una nueva pena de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El veredicto final podría demorar años.Los rostros del poder"La prueba en la causa es abrumadora: las entregas de dinero se corroboraron con extracciones, llamadas y testimonios de arrepentidos", dijo a Sputnik María Eugenia Talerico, quien fue vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera entre 2016 y 2020, durante el Gobierno de Mauricio Macri. Para la abogada, el juicio "demuestra que la justicia argentina puede avanzar incluso contra los más poderosos".En su mirada, el proceso "pone en evidencia una estructura paraestatal que operó durante más de una década". La exfuncionaria destacó que "la causa Cuadernos muestra un liderazgo político corrupto y empresarios que bailaron el vals de la corrupción". Consultada acerca de las impugnaciones realizadas por la defensa de Kirchner y de los empresarios involucrados, Talerico respondió que "aparecieron los cuadernos originales y todo fue peritado: esos recursos se presentaron y presentarán una y mil veces, y no anulan la investigación".La trascendencia del caso se explica por diversos factores. Entre ellos, resalta la responsabilidad atribuida a empresarios cuyos nombres no suelen circular en la esfera pública. "Este juicio vuelve a poner de manifiesto los límites borrosos entre la política y los grandes intereses económicos", dijo a Sputnik Martín Astarita, investigador del Centro de Estudios sobre Corrupción de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).Para el especialista, el sello distintivo del caso remite al perfil de los acusados: "Es importante que veamos los nombres y las caras de los empresarios involucrados, que siempre suelen pasar bajo el radar". Según el experto, el juicio no solo busca determinar responsabilidades penales sino también "exponer una trama estructural donde el dinero privado condiciona las decisiones públicas".Un Estado "capturado" por empresariosSegún Astarita, el vínculo entre empresarios y política "es cada vez más notorio: el gran poder económico tiene cada vez más poder en el Estado". Esa relación, agrega, se traduce en favores cruzados y regulaciones hechas a medida de ciertos sectores: "Empresarios que son convocados por un Gobierno para regular a las empresas en las que trabajaban anteriormente son un síntoma claro de esa contaminación".Ese patrón, sostiene, atraviesa a buena parte de América Latina. "Esto pasa en Argentina y en muchos países de la región", en los que "las fronteras entre lo público y lo privado se diluyen cuando los mismos actores que financian campañas son quienes obtienen contratos o decisiones favorables", remarcó."Es un problema estructural que se agrava cuando los mecanismos de control son débiles y los vínculos políticos se vuelven instrumentos de negociación empresarial", afirmó Astarita.Talerico coincidió en el diagnóstico estructural. "En Argentina se convirtió en algo casi natural concertar la obra pública para seguir haciendo negocios con el Estado", señaló. Según la exfuncionaria, el costo de los presuntos hechos de corrupción en este caso ronda los 36.000 millones de dólares: "Un golpe directo al desarrollo del país".
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como otros 86 acusados, enfrentan cargos de asociación ilícita y cohecho por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas. Decenas de empresarios y exfuncionarios desfilarán por los tribunales.
Cristina Fernández de Kirchner enfrenta desde este 6 de noviembre el juicio oral por la denominada causa de los Cuadernos, considerado el mayor proceso por corrupción de la historia argentina. Junto a ella serán juzgadas otras 86 personas, entre exfuncionarios y empresarios, quienes son señalados de asociación ilícita y cohecho.
El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, con audiencias de apenas una vez por semana y una duración estimada en varios años. Entre los acusados figuran exministros y empresarios de la construcción, la energía y el transporte, señalados por haber pagado sobornos a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado durante los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).
Según la fiscalía, existió un esquema de recaudación ilegal encabezado por el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, y su secretario, Roberto Baratta, bajo la supervisión de la expresidenta. Los fondos provenían, presuntamente, de sobreprecios en contratos de obra pública.
La causa se originó en 2018, tras la aparición de los cuadernos del chofer de Baratta, un hombre llamado Óscar Centeno que registró durante una década los traslados de dinero entre empresarios y funcionarios. Sus anotaciones, sumadas a declaraciones y documentación financiera, sirvieron de base a la investigación.
La defensa de Cristina Kirchner sostiene que el caso se construyó sobre pruebas nulas y manipuladas. Cuestiona la autenticidad de los cuadernos, cuya versión original fue destruida, y denuncia que las copias entregadas a la Justicia fueron reescritas y editadas con posterioridad.
Los abogados también alegan irregularidades procesales, como la falta de peritajes sobre los originales y el uso de testimonios de arrepentidos sin control judicial. Aseguran que hubo pérdida de la cadena de custodia y una orientación política para involucrar a la exmandataria, recluida en prisión domiciliaria tras haber sido condenada por corrupción de la causa conocida como "Vialidad". Todos esos planteos fueron rechazados por los tribunales y deberán ser evaluados nuevamente durante el debate oral.
La novedad central del caso consiste en que entre los acusados figuran empresarios de primera línea en el ecosistema financiero argentino, tales como Ángelo Calcaterra —primo del expresidente Mauricio Macri— y Aldo Roggio, del grupo homónimo. La mayoría negó haber participado de un esquema de sobornos sistemático e intentó plantear que se trataba de aportes de financiamiento de campañas políticas de los entonces Gobiernos ejecutados bajo presión.
La causa, que en su instrucción implicó a más de 170 personas, fue calificada por la fiscalía como un entramado institucionalizado de corrupción. La defensa, en cambio, sostiene que se trata de un proceso irregular, alegando que un insumo central para la acusación radicó en la figura del "imputado colaborador": empresarios que eligieron ser "testigos protegidos" dando cuenta de hechos que no ocurrieron con el fin de complacer las demandas de la acusatoria, siempre bajo la premisa de una supuesta persecución política a la expresidenta.
Cristina Kirchner seguirá las audiencias de manera remota. Si es hallada culpable, podría recibir una nueva pena de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El veredicto final podría demorar años.
Los rostros del poder
"La prueba en la causa es abrumadora: las entregas de dinero se corroboraron con extracciones, llamadas y testimonios de arrepentidos", dijo a Sputnik María Eugenia Talerico, quien fue vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera entre 2016 y 2020, durante el Gobierno de Mauricio Macri. Para la abogada, el juicio "demuestra que la justicia argentina puede avanzar incluso contra los más poderosos".
En su mirada, el proceso "pone en evidencia una estructura paraestatal que operó durante más de una década". La exfuncionaria destacó que "la causa Cuadernos muestra un liderazgo político corrupto y empresarios que bailaron el vals de la corrupción". Consultada acerca de las impugnaciones realizadas por la defensa de Kirchner y de los empresarios involucrados, Talerico respondió que "aparecieron los cuadernos originales y todo fue peritado: esos recursos se presentaron y presentarán una y mil veces, y no anulan la investigación".
La trascendencia del caso se explica por diversos factores. Entre ellos, resalta la responsabilidad atribuida a empresarios cuyos nombres no suelen circular en la esfera pública. "Este juicio vuelve a poner de manifiesto los límites borrosos entre la política y los grandes intereses económicos", dijo a Sputnik Martín Astarita, investigador del Centro de Estudios sobre Corrupción de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Para el especialista, el sello distintivo del caso remite al perfil de los acusados: "Es importante que veamos los nombres y las caras de los empresarios involucrados, que siempre suelen pasar bajo el radar". Según el experto, el juicio no solo busca determinar responsabilidades penales sino también "exponer una trama estructural donde el dinero privado condiciona las decisiones públicas".
Un Estado "capturado" por empresarios
Según Astarita, el vínculo entre empresarios y política "es cada vez más notorio: el gran poder económico tiene cada vez más poder en el Estado". Esa relación, agrega, se traduce en favores cruzados y regulaciones hechas a medida de ciertos sectores: "Empresarios que son convocados por un Gobierno para regular a las empresas en las que trabajaban anteriormente son un síntoma claro de esa contaminación".
En ese marco, el investigador trajo a colación el término que sintetiza el fenómeno en crecimiento: "El concepto que está en auge es el de la captura del Estado, que describe como un grupo de empresas o personas toma para sí determinados organismos para direccionarlos en sus propios beneficios". De acuerdo con el experto, se trata de un problema estructural en plena expansión.
Ese patrón, sostiene, atraviesa a buena parte de América Latina. "Esto pasa en Argentina y en muchos países de la región", en los que "las fronteras entre lo público y lo privado se diluyen cuando los mismos actores que financian campañas son quienes obtienen contratos o decisiones favorables", remarcó.
"Es un problema estructural que se agrava cuando los mecanismos de control son débiles y los vínculos políticos se vuelven instrumentos de negociación empresarial", afirmó Astarita.
Talerico coincidió en el diagnóstico estructural. "En Argentina se convirtió en algo casi natural concertar la obra pública para seguir haciendo negocios con el Estado", señaló. Según la exfuncionaria, el costo de los presuntos hechos de corrupción en este caso ronda los 36.000 millones de dólares: "Un golpe directo al desarrollo del país".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
El acceso al chat ha sido bloqueado por violación de las reglas.
Usted puede volver a participar dentro de∞.
Si no está de acuerdo con el bloqueo, utilice el formulario de contacto>
La discusión ha sido cerrada. Se puede participar en una discusión durante 24 horas después de la publicación de la noticia.
