Venezuela acusa a Bukele ante el mundo por violaciones a los derechos humanos de los migrantes
Venezuela acusa a Bukele ante el mundo por violaciones a los derechos humanos de los migrantes
Sputnik Mundo
Autoridades venezolanas informaron recientemente sobre una investigación en contra del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, así como contra otros funcionarios... 27.07.2025, Sputnik Mundo
"La justicia universal procura, desde la solidaridad y cooperación penal internacional, la determinación de responsabilidades penales individuales para sus perpetradores y la justicia para las víctimas con el debido resarcimiento integral", dijo a Sputnik Fernando Bello, analista político internacional y diplomático venezolano, al referirse a la investigación penal abierta por la Fiscalía General de Venezuela.La medida fue anunciada el 21 de julio por el fiscal general Tarek William Saab, quien declaró que su despacho investiga a "Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Héctor Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, y Osiris Luna Meza, director general de Centros Penales", señalados de crímenes de lesa humanidad cometidos contra migrantes venezolanos en ese país.Para Bello, esta decisión judicial no solo se inscribe dentro de la legislación nacional venezolana, sino que cuenta con todo el respaldo del derecho internacional contemporáneo."El Estatuto de Roma y los estándares internacionales comparten la aquiescencia de los Estados en la aplicación del principio de justicia universal, cuyo objetivo es garantizar justicia, evitar la impunidad y asegurar la no repetición de los hechos", explicó.El especialista subraya que "la tutela judicial efectiva del Estado" no solo se restringe a su territorio, sino que también debe aplicarse "a la integridad e intereses de sus propios ciudadanos en cualquier parte del mundo".Crímenes documentados por la ONU y diversas ONGLa Fiscalía venezolana se ampara en el artículo 4 de la Ley de Competencia Penal Universal, que autoriza la persecución de crímenes de lesa humanidad, sin importar el lugar donde se hayan cometido ni la nacionalidad del perpetrador. A juicio de Bello, esta norma se complementa con la Constitución venezolana, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma.Además, recordó el caso del juez español Baltasar Garzón, quien, en aplicación del mismo principio, solicitó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, hecho que marcó un precedente en la justicia internacional.Fernando Bello señaló que "es una exigencia tanto del pueblo venezolano como de los pueblos del sur, en su anhelo de la realización de la justicia".A partir de informes de organismos multilaterales como la ONU y de diversas organizaciones no gubernamentales, se han documentado hechos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado salvadoreño contra migrantes venezolanos.Estos actos, dijo, "se subsumen tanto en los hechos como en el derecho, en los tipos previstos en el derecho penal internacional, específicamente en los artículos 5 y 7 del Estatuto de Roma".Catalizador ante instancias internacionalesEl jurista también destacó que la acción venezolana podría servir como un catalizador para que instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúen con mayor celeridad en el caso.Bello recordó que "ni la inmunidad personal ni la inmunidad funcional eximen de responsabilidad penal a un jefe de Estado en funciones", como lo indica el artículo 27 del Estatuto de Roma.En el plano regional, el experto subrayó que "cualquier Estado parte puede formular una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que se determine la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño".Aunque Venezuela ya no forma parte del Sistema Interamericano, Bello explicó que podría activar esos mecanismos "de manera directa o por intermedio de un Estado parte, considerando que las víctimas son de nacionalidad venezolana".¿Injerencia o defensa soberana?El experto descartó, por otro lado, que la acción del Ministerio Público venezolano pueda considerarse una acción de injerencia: "Es un acto unilateral del Estado, en ejercicio de su soberanía, para defender y procurar la tutela judicial efectiva".Para Bello, el valor de esta acción es doble: "Marca un precedente importantísimo, más que el originado en España con la actuación del juez Garzón contra Pinochet", y refuerza la imagen de Venezuela como un Estado que ejerce su soberanía en defensa de su pueblo.Un mensaje desde el sur globalLa actuación de la Fiscalía venezolana tiene también un enorme valor simbólico. "Reafirma la determinación del Estado venezolano de garantizar la irreversibilidad de los derechos humanos de sus ciudadanos, no solo en su territorio, sino en cualquier parte del mundo", señaló Bello.El catedrático enfatizó que Venezuela ha sido blanco de una campaña de desinformación internacional que instrumentaliza los derechos humanos con fines políticos. "Nos atacan gobiernos poderosos, sus aliados y sus laboratorios de desinformación. Pero la cohesión pueblo-Gobierno nos ha permitido resistir por más de veinte años", aseveró.En contraste, destacó el compromiso de Venezuela con la defensa de los derechos humanos. "Somos un pueblo organizado y solidario como lo hemos demostrado al recibir a nuestros hermanos migrantes víctimas de Bukele y su centro de tortura", afirmó."Desde Venezuela estamos determinados a defendernos como pueblo libre, soberano e independiente. Como comunidades, como academia, como poder popular, respaldamos toda acción que nuestro Estado estime pertinente incoar para alcanzar justicia, verdad, reparación y no impunidad", concluye.
Autoridades venezolanas informaron recientemente sobre una investigación en contra del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, así como contra otros funcionarios a quienes acusa de crímenes de lesa humanidad. "Es una exigencia tanto del pueblo venezolano como de los pueblos del sur", dijo un experto a Sputnik.
"La justicia universal procura, desde la solidaridad y cooperación penal internacional, la determinación de responsabilidades penales individuales para sus perpetradores y la justicia para las víctimas con el debido resarcimiento integral", dijo a Sputnik Fernando Bello, analista político internacional y diplomático venezolano, al referirse a la investigación penal abierta por la Fiscalía General de Venezuela.
La medida fue anunciada el 21 de julio por el fiscal general Tarek William Saab, quien declaró que su despacho investiga a "Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Héctor Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, y Osiris Luna Meza, director general de Centros Penales", señalados de crímenes de lesa humanidad cometidos contra migrantes venezolanos en ese país.
Para Bello, esta decisión judicial no solo se inscribe dentro de la legislación nacional venezolana, sino que cuenta con todo el respaldo del derecho internacional contemporáneo.
"El Estatuto de Roma y los estándares internacionales comparten la aquiescencia de los Estados en la aplicación del principio de justicia universal, cuyo objetivo es garantizar justicia, evitar la impunidad y asegurar la no repetición de los hechos", explicó.
El especialista subraya que "la tutela judicial efectiva del Estado" no solo se restringe a su territorio, sino que también debe aplicarse "a la integridad e intereses de sus propios ciudadanos en cualquier parte del mundo".
Crímenes documentados por la ONU y diversas ONG
La Fiscalía venezolana se ampara en el artículo 4 de la Ley de Competencia Penal Universal, que autoriza la persecución de crímenes de lesa humanidad, sin importar el lugar donde se hayan cometido ni la nacionalidad del perpetrador. A juicio de Bello, esta norma se complementa con la Constitución venezolana, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma.
"En los crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestros connacionales migrantes, la vindicta pública venezolana tiene interés actual, legítimo y fundado en exigir justicia", aseguró el diplomático.
Además, recordó el caso del juez español Baltasar Garzón, quien, en aplicación del mismo principio, solicitó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, hecho que marcó un precedente en la justicia internacional.
Fernando Bello señaló que "es una exigencia tanto del pueblo venezolano como de los pueblos del sur, en su anhelo de la realización de la justicia".
A partir de informes de organismos multilaterales como la ONU y de diversas organizaciones no gubernamentales, se han documentado hechos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado salvadoreño contra migrantes venezolanos.
"Se han perpetrado tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como persecución por motivos de nacionalidad e identidad propia, deportaciones y traslados forzosos de población, y encarcelación, que dejó a los migrantes venezolanos fuera del amparo de la ley por períodos prolongados", explicó el analista.
Estos actos, dijo, "se subsumen tanto en los hechos como en el derecho, en los tipos previstos en el derecho penal internacional, específicamente en los artículos 5 y 7 del Estatuto de Roma".
Catalizador ante instancias internacionales
El jurista también destacó que la acción venezolana podría servir como un catalizador para que instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúen con mayor celeridad en el caso.
Bello recordó que "ni la inmunidad personal ni la inmunidad funcional eximen de responsabilidad penal a un jefe de Estado en funciones", como lo indica el artículo 27 del Estatuto de Roma.
En el plano regional, el experto subrayó que "cualquier Estado parte puede formular una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que se determine la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño".
Aunque Venezuela ya no forma parte del Sistema Interamericano, Bello explicó que podría activar esos mecanismos "de manera directa o por intermedio de un Estado parte, considerando que las víctimas son de nacionalidad venezolana".
¿Injerencia o defensa soberana?
El experto descartó, por otro lado, que la acción del Ministerio Público venezolano pueda considerarse una acción de injerencia: "Es un acto unilateral del Estado, en ejercicio de su soberanía, para defender y procurar la tutela judicial efectiva".
"El principio de no intervención tiene su naturaleza y fin, que dista de la inacción de la comunidad internacional ante el testimonio flagrante de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Sería casi como callar ante los crímenes de Hitler y apelar a formalismos inoficiosos", ahondó.
Para Bello, el valor de esta acción es doble: "Marca un precedente importantísimo, más que el originado en España con la actuación del juez Garzón contra Pinochet", y refuerza la imagen de Venezuela como un Estado que ejerce su soberanía en defensa de su pueblo.
Un mensaje desde el sur global
La actuación de la Fiscalía venezolana tiene también un enorme valor simbólico. "Reafirma la determinación del Estado venezolano de garantizar la irreversibilidad de los derechos humanos de sus ciudadanos, no solo en su territorio, sino en cualquier parte del mundo", señaló Bello.
El catedrático enfatizó que Venezuela ha sido blanco de una campaña de desinformación internacional que instrumentaliza los derechos humanos con fines políticos. "Nos atacan gobiernos poderosos, sus aliados y sus laboratorios de desinformación. Pero la cohesión pueblo-Gobierno nos ha permitido resistir por más de veinte años", aseveró.
En contraste, destacó el compromiso de Venezuela con la defensa de los derechos humanos. "Somos un pueblo organizado y solidario como lo hemos demostrado al recibir a nuestros hermanos migrantes víctimas de Bukele y su centro de tortura", afirmó.
"Desde Venezuela estamos determinados a defendernos como pueblo libre, soberano e independiente. Como comunidades, como academia, como poder popular, respaldamos toda acción que nuestro Estado estime pertinente incoar para alcanzar justicia, verdad, reparación y no impunidad", concluye.
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