"Pérdida de soberanía": Milei decretó la venta de represas hidroeléctricas clave de Argentina
"Pérdida de soberanía": Milei decretó la venta de represas hidroeléctricas clave de Argentina
Sputnik Mundo
El Gobierno argentino decidió poner a la venta cuatro represas que concentran el 30% de la generación hidroeléctrica del país. En diálogo con Sputnik, el... 13.08.2024, Sputnik Mundo
Un decreto del Gobierno de Javier Milei dispuso la venta definitiva de cuatro centrales hidroeléctricas consideradas clave para el sector energético del país sudamericano, ubicadas en la denominada región del Comahue, entre las provincias de Río Negro y Neuquén, en el sur del territorio.Si bien las cuatro represas —Alicurá, el Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila— se encuentran concesionadas a privados desde 1993, el decreto 718/2024 firmado por Milei el 9 de agosto establece que en un plazo de 180 días para que el Ministerio de Economía argentino convoque a un "concurso público nacional e internacional" con el objetivo de "proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante" de cada represa.En efecto, el texto obliga a las empresas estatales Enarsa y Nucleoeléctrica a transferir a privados todas las acciones que tienen en las represas. El mismo documento consigna que actualmente Enarsa posee el 98% del capital accionario y Nucleoeléctrica el restante 2%.El especialista recordó que los cuatro complejos hidroeléctricos, ubicados sobre los ríos Limay y Neuquén, totalizan una capacidad instalada de más de 4.000 mW, lo que representa aproximadamente 30% de la generación hidroeléctrica del país. El resto de lo producido a partir del agua lo complementan las represas binacionales de Yaciretá (compartida con Paraguay) y Salto Grande (compartida con Uruguay).Las concesiones a empresas privadas otorgadas por el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) habían vencido en agosto de 2023, pero fueron extendidas por un año más por la gestión de Alberto Fernández (2019-2023). Para el experto, la gestión de Fernández "perdió la oportunidad" de retornar las represas a la gestión pública, teniendo en cuenta que se trata de un activo estratégico para el sector energético.Malinovsky enfatizó que las represas "ya están totalmente amortizadas" por lo que el Estado argentino no hubiera tenido que seguir pagando su construcción y aseguró que el costo de mantenimiento y de operación "es muy bajo respecto de otros tipos de generación eléctrica", dado que, al alimentarse de agua de los ríos en los que se encuentran, no requieren otro tipo de combustibles.Para el experto, el decreto que busca desprenderse totalmente de las represas traerá como consecuencia "una mayor concentración del sector energético en manos privadas" y dejará al Estado argentino "sin resortes operativos sobre un sector estratégico para la economía".El panorama se complementa con la falta de nuevas inversiones en infraestructura energética y la paralización de obras públicas que, apuntó Malinovsky, dejó inconclusas las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en el sur del país, un activo que también se consideraba clave. Por si fuera poco, repasó el experto, el Gobierno de Milei avanza en la quita de subsidios a las tarifas energéticas, haciendo todavía más difícil el acceso para hogares y pequeñas empresas.En ese sentido, Malinovsky consideró que la política energética de Milei no es de "desidia" sino que existe una intención de "transferir los recursos estatales energéticos a sectores privados que van a buscar sus ganancias en detrimento de la soberanía energética". Malinovsky especuló con que estos grupos empresariales a cargo del sector energético no buscarán establecer precios que sean competitivos para la industria argentina, alimentando un modelo económico propuesto por Milei para que Argentina sea "únicamente productor de materias primas" en un contexto internacional en el que hay una "disputa por la energía" desde las potencias, que necesitan abastecer sus procesos de transición hacia energías renovables.
El Gobierno argentino decidió poner a la venta cuatro represas que concentran el 30% de la generación hidroeléctrica del país. En diálogo con Sputnik, el experto Nicolás Malinovsky aseguró que la medida encarecerá las tarifas y perjudicará a la industria argentina al abastecerla con precios menos competitivos.
Un decreto del Gobierno de Javier Milei dispuso la venta definitiva de cuatro centrales hidroeléctricas consideradas clave para el sector energético del país sudamericano, ubicadas en la denominada región del Comahue, entre las provincias de Río Negro y Neuquén, en el sur del territorio.
Si bien las cuatro represas —Alicurá, el Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila— se encuentran concesionadas a privados desde 1993, el decreto 718/2024 firmado por Milei el 9 de agosto establece que en un plazo de 180 días para que el Ministerio de Economía argentino convoque a un "concurso público nacional e internacional" con el objetivo de "proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante" de cada represa.
En efecto, el texto obliga a las empresas estatales Enarsa y Nucleoeléctrica a transferir a privados todas las acciones que tienen en las represas. El mismo documento consigna que actualmente Enarsa posee el 98% del capital accionario y Nucleoeléctrica el restante 2%.
"A diferencia de lo que sucedió en la década de 1990, cuando se hizo una concesión a privados, acá lo que hay es una privatización, porque directamente es una venta de los activos", explicó a Sputnik el experto argentino en temas energéticos Nicolás Malinovsky.
El especialista recordó que los cuatro complejos hidroeléctricos, ubicados sobre los ríos Limay y Neuquén, totalizan una capacidad instalada de más de 4.000 mW, lo que representa aproximadamente 30% de la generación hidroeléctrica del país. El resto de lo producido a partir del agua lo complementan las represas binacionales de Yaciretá (compartida con Paraguay) y Salto Grande (compartida con Uruguay).
Las concesiones a empresas privadas otorgadas por el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) habían vencido en agosto de 2023, pero fueron extendidas por un año más por la gestión de Alberto Fernández (2019-2023). Para el experto, la gestión de Fernández "perdió la oportunidad" de retornar las represas a la gestión pública, teniendo en cuenta que se trata de un activo estratégico para el sector energético.
Malinovsky enfatizó que las represas "ya están totalmente amortizadas" por lo que el Estado argentino no hubiera tenido que seguir pagando su construcción y aseguró que el costo de mantenimiento y de operación "es muy bajo respecto de otros tipos de generación eléctrica", dado que, al alimentarse de agua de los ríos en los que se encuentran, no requieren otro tipo de combustibles.
Para el experto, el decreto que busca desprenderse totalmente de las represas traerá como consecuencia "una mayor concentración del sector energético en manos privadas" y dejará al Estado argentino "sin resortes operativos sobre un sector estratégico para la economía".
"Esto tiene un correlato en aumento de tarifas y encarecimiento de los costos energéticos en el Sistema Argentino de Interconexión. Vamos a ver una falta de acceso al sector energético para los sectores populares, pero también una energía más cara para la industria y las pequeñas empresas", ilustró el especialista.
En ese sentido, Malinovsky consideró que la política energética de Milei no es de "desidia" sino que existe una intención de "transferir los recursos estatales energéticos a sectores privados que van a buscar sus ganancias en detrimento de la soberanía energética".
"Estos grupos empresariales van a maximizar sus ganancias vendiendo energía a precios internacionales, sin importar si proviene de hidrocarburos o hidroeléctricas ni si se compra en el mercado nacional o internacional", agregó.
Malinovsky especuló con que estos grupos empresariales a cargo del sector energético no buscarán establecer precios que sean competitivos para la industria argentina, alimentando un modelo económico propuesto por Milei para que Argentina sea "únicamente productor de materias primas" en un contexto internacional en el que hay una "disputa por la energía" desde las potencias, que necesitan abastecer sus procesos de transición hacia energías renovables.
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