La foto de diputados del partido de Milei con exrepresores "terminó perjudicando al Gobierno"
La foto de diputados del partido de Milei con exrepresores "terminó perjudicando al Gobierno"
Sputnik Mundo
Seis legisladores se fotografiaron junto a condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, un hecho inédito en la democracia... 10.08.2024, Sputnik Mundo
El Congreso argentino se convirtió en epicentro de una sensible polémica retratada en una fotografía: seis diputados nacionales de La Libertad Avanza —el partido de Javier Milei— posaron junto a represores condenados por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar (1976-1983). La controvertida imagen se difundió inmediatamente y motorizó el repudio del Parlamento y hasta el pedido de expulsión de los implicados.En la fotografía se aprecia a los legisladores rodeados por Adolfo Donda, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason, quienes participaron de torturas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Detrás de ellos, asoma el rostro de Alfredo Astiz, quien cumple su condena a prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos. Entre las víctimas resaltan tres Madres de Plaza de Mayo —quienes buscaban a sus hijos desaparecidos— y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.El repudio no tardó en llegar. En un comunicado, la organización "Abuelas de Plaza de Mayo" repudió la visita. "Sería bueno que los Diputados exigieran a los detenidos información tan valiosa para llegar a la verdad que buscamos hace 46 años, y poder estar seguros de que los dirigentes elegidos por el pueblo sostienen las banderas del 'Nunca más'", indica el texto.Eduardo de Pedro, exministro del Interior (2019-2023) e hijo de desaparecidos por la dictadura, sostuvo que "el Gobierno no oculta su simpatía por los genocidas". Luego, en sus redes sociales, el dirigente expresó que "la base de nuestro sistema democrático está en decirles 'Nunca más'".El inédito hecho se inscribe en una retórica impulsada por el presidente Milei, pero sobre todo por Victoria Villarruel, su vicepresidenta y quien es hija y nieta de militares. Villarruel llegó a la política de la mano de un discurso virtualmente negacionista del terrorismo de Estado, los que calificó como meros "excesos", perpetrado por el régimen de facto.La visita al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, estuvo integrada por los diputados libertarios Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo Guillermo Montenegro y Rocío Bonacci. Arrieta alegó que participó del convite "sin saber" quiénes eran los reclusos. "Nací en 1993 y no tenía ni idea de quiénes eran", explicó.Su compañera de bancada, Lilia Lemoine —cercana a Javier Milei— matizó la reunión con los represores condenados alegando que "fue una visita humanitaria a gente que está ilegalmente detenida, en algunos casos, por Néstor Kirchner".El controvertido episodio se inscribe en un contexto signado por la insistencia de un ala del Gobierno a favor de que los responsables de delitos de lesa humanidad —todos adultos mayores— puedan acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, propuesta rechazada de plano por la oposición y los organismos de derechos humanos.Los últimos datos oficiales, elaborados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el año 2023, consignan que en el comienzo de los juicios hace 17 años se investigó a 3.744 personas, de las cuales fueron juzgadas 1.357. De ese universo, se expidieron 1.173 condenas y 184 absoluciones. En total hay 661 represores detenidos (508 bajo arresto domiciliario), 1.491 libres y 36 en calidad de prófugos.Más que mil palabrasSegún el consultor, la visita a los genocidas forma parte del marco ideológico de La Libertad Avanza. "Esta es la batalla cultural que quiere dar el Gobierno. El propio presidente dijo que lo que sucedió durante la dictadura fueron 'excesos' y no un plan sistemático de eliminación de personas", remarcó.El analista sostuvo que es difícil pensar que el oficialismo ignorara las consecuencias que podría traer la toma de la fotografía, por lo que concluye que "hubo un aval desde la primera línea del Poder Ejecutivo".Más allá del rechazo expresado por los organismos de derechos humanos, los diputados opositores —agrupados en el bloque peronista de Unión por la Patria— exigieron la inmediata expulsión de los legisladores del Congreso. Sin embargo, el Parlamento se limitó a una expresión de repudio a la visita.En diálogo con Sputnik, el diputado oficialista Carlos García, compañero de bancada de los involucrados en la fotografía, consideró que "en La Libertad Avanza hay distintas posturas. Yo no apoyo la idea de ir a las cárceles porque las personas que están allí cometieron un delito"."Los presos son seres humanos y deben contar con todo lo necesario, pero yo en general estoy con las víctimas. No comparto la visita, yo no hubiese ido", apuntó.Consultado acerca del pedido de expulsión de los legisladores involucrados, García apuntó que "es una decisión del Congreso, y yo deberé respetarla. Como miembro del bloque, naturalmente voy a esperar a ver qué decide el resto de diputados".La batalla culturalSegún Giorgetta, la perspectiva defendida por el Gobierno nacional no encuentra sustento masivo en la población. "Acá no hay grieta, las mayorías populares entienden que esto no puede suceder. No se puede dejar de reivindicar todo lo que fue el proceso de la lucha por los derechos humanos en la Argentina", consideró.El analista remarcó que la maniobra esgrimida resulta funcional al oficialismo en un contexto económico signado por la creciente recesión y la caída del poder adquisitivo de los salarios. "Esto coincidió con un momento en el cual la imagen del presidente está a la baja. Hoy los medios están hablando de cualquier otra cosa, menos de economía, que es el principal problema de las familias argentinas", apuntó.
Seis legisladores se fotografiaron junto a condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, un hecho inédito en la democracia argentina. "Esta es la batalla cultural que quiere dar el Gobierno", dijo a Sputnik el analista Santiago Giorgetta.
El Congreso argentino se convirtió en epicentro de una sensible polémica retratada en una fotografía: seis diputados nacionales de La Libertad Avanza —el partido de Javier Milei— posaron junto a represores condenados por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar (1976-1983). La controvertida imagen se difundió inmediatamente y motorizó el repudio del Parlamento y hasta el pedido de expulsión de los implicados.
En la fotografía se aprecia a los legisladores rodeados por Adolfo Donda, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason, quienes participaron de torturas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Detrás de ellos, asoma el rostro de Alfredo Astiz, quien cumple su condena a prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos. Entre las víctimas resaltan tres Madres de Plaza de Mayo —quienes buscaban a sus hijos desaparecidos— y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.
El repudio no tardó en llegar. En un comunicado, la organización "Abuelas de Plaza de Mayo" repudió la visita. "Sería bueno que los Diputados exigieran a los detenidos información tan valiosa para llegar a la verdad que buscamos hace 46 años, y poder estar seguros de que los dirigentes elegidos por el pueblo sostienen las banderas del 'Nunca más'", indica el texto.
Eduardo de Pedro, exministro del Interior (2019-2023) e hijo de desaparecidos por la dictadura, sostuvo que "el Gobierno no oculta su simpatía por los genocidas". Luego, en sus redes sociales, el dirigente expresó que "la base de nuestro sistema democrático está en decirles 'Nunca más'".
El inédito hecho se inscribe en una retórica impulsada por el presidente Milei, pero sobre todo por Victoria Villarruel, su vicepresidenta y quien es hija y nieta de militares. Villarruel llegó a la política de la mano de un discurso virtualmente negacionista del terrorismo de Estado, los que calificó como meros "excesos", perpetrado por el régimen de facto.
La visita al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, estuvo integrada por los diputados libertarios Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo Guillermo Montenegro y Rocío Bonacci. Arrieta alegó que participó del convite "sin saber" quiénes eran los reclusos. "Nací en 1993 y no tenía ni idea de quiénes eran", explicó.
Su compañera de bancada, Lilia Lemoine —cercana a Javier Milei— matizó la reunión con los represores condenados alegando que "fue una visita humanitaria a gente que está ilegalmente detenida, en algunos casos, por Néstor Kirchner".
El controvertido episodio se inscribe en un contexto signado por la insistencia de un ala del Gobierno a favor de que los responsables de delitos de lesa humanidad —todos adultos mayores— puedan acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, propuesta rechazada de plano por la oposición y los organismos de derechos humanos.
Los últimos datos oficiales, elaborados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el año 2023, consignan que en el comienzo de los juicios hace 17 años se investigó a 3.744 personas, de las cuales fueron juzgadas 1.357. De ese universo, se expidieron 1.173 condenas y 184 absoluciones. En total hay 661 represores detenidos (508 bajo arresto domiciliario), 1.491 libres y 36 en calidad de prófugos.
Más que mil palabras
"Creo que la foto terminó perjudicando al Gobierno, salió mal. Tuvo un impacto muy negativo en la sociedad, y por eso el oficialismo prácticamente les soltó la mano a los propios diputados", dijo a Sputnik Santiago Giorgetta, analista político.
Según el consultor, la visita a los genocidas forma parte del marco ideológico de La Libertad Avanza. "Esta es la batalla cultural que quiere dar el Gobierno. El propio presidente dijo que lo que sucedió durante la dictadura fueron 'excesos' y no un plan sistemático de eliminación de personas", remarcó.
El analista sostuvo que es difícil pensar que el oficialismo ignorara las consecuencias que podría traer la toma de la fotografía, por lo que concluye que "hubo un aval desde la primera línea del Poder Ejecutivo".
Más allá del rechazo expresado por los organismos de derechos humanos, los diputados opositores —agrupados en el bloque peronista de Unión por la Patria— exigieron la inmediata expulsión de los legisladores del Congreso. Sin embargo, el Parlamento se limitó a una expresión de repudio a la visita.
En diálogo con Sputnik, el diputado oficialista Carlos García, compañero de bancada de los involucrados en la fotografía, consideró que "en La Libertad Avanza hay distintas posturas. Yo no apoyo la idea de ir a las cárceles porque las personas que están allí cometieron un delito".
"Los presos son seres humanos y deben contar con todo lo necesario, pero yo en general estoy con las víctimas. No comparto la visita, yo no hubiese ido", apuntó.
Consultado acerca del pedido de expulsión de los legisladores involucrados, García apuntó que "es una decisión del Congreso, y yo deberé respetarla. Como miembro del bloque, naturalmente voy a esperar a ver qué decide el resto de diputados".
La batalla cultural
Según Giorgetta, la perspectiva defendida por el Gobierno nacional no encuentra sustento masivo en la población. "Acá no hay grieta, las mayorías populares entienden que esto no puede suceder. No se puede dejar de reivindicar todo lo que fue el proceso de la lucha por los derechos humanos en la Argentina", consideró.
El analista remarcó que la maniobra esgrimida resulta funcional al oficialismo en un contexto económico signado por la creciente recesión y la caída del poder adquisitivo de los salarios. "Esto coincidió con un momento en el cual la imagen del presidente está a la baja. Hoy los medios están hablando de cualquier otra cosa, menos de economía, que es el principal problema de las familias argentinas", apuntó.
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