Un alto funcionario británico admite que hay lavado de dinero en las dependencias de la Corona
Un alto funcionario británico admite que hay lavado de dinero en las dependencias de la Corona
Sputnik Mundo
Casi el 40% del 'dinero sucio' del mundo pasa por la City de Londres y las dependencias de la Corona británica, según declaró Andrew Mitchell, el subsecretario... 15.05.2024, Sputnik Mundo
El funcionario británico aseguró que estas dependencias y los territorios de ultramar —como las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán— se enfrentarán a nuevas exigencias del Ministerio de Asuntos Exteriores para que cumplan la legislación británica que establece registros públicos de la propiedad efectiva de acciones.El funcionario agregó que "las dependencias de la corona y los territorios de ultramar aún no han hecho todo lo que deben hacer". También advirtió que "si estos territorios de ultramar y dependencias de la Corona quieren tener nuestro rey y nuestra bandera, entonces también deben aceptar nuestros valores, que es la razón por la que estamos tan decididos a garantizar que el dinero sucio no pueda fluir hacia y desde allí".El diario británico The Guardian informa que, desde 2016, el Reino Unido se ha enfrentado a evasivas de los territorios de ultramar para facilitar los registros públicos que revelen quiénes son los propietarios finales de los fondos en paraísos fiscales.El ministro Mitchell dijo que, durante la presidencia británica del G8 en 2016, el primer ministro David Cameron puso "en primer plano" el combate al lavado de dinero y la importancia de los registros abiertos de titularidad real. De acuerdo con el medio, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán aún no han introducido registros públicos y ahora invocan sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para imponer restricciones a quienes pueden acceder a los registros.
Casi el 40% del 'dinero sucio' del mundo pasa por la City de Londres y las dependencias de la Corona británica, según declaró Andrew Mitchell, el subsecretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido.
El funcionario británico aseguró que estas dependencias y los territorios de ultramar —como las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán— se enfrentarán a nuevas exigencias del Ministerio de Asuntos Exteriores para que cumplan la legislación británica que establece registros públicos de la propiedad efectiva de acciones.
"En el tema del dinero negro, es importante reconocer que Gran Bretaña lucha contra ello. Según algunas estimaciones, el 40% del dinero que se blanquea en todo el mundo —se trata de dinero robado a menudo a África y a los africanos por empresarios corruptos, políticos corruptos y señores de la guerra—, pasa por Londres y los territorios de ultramar y dependencias de la Corona", dijo Mitchell en declaraciones al think tank Bright Blue.
El funcionario agregó que "las dependencias de la corona y los territorios de ultramar aún no han hecho todo lo que deben hacer". También advirtió que "si estos territorios de ultramar y dependencias de la Corona quieren tener nuestro rey y nuestra bandera, entonces también deben aceptar nuestros valores, que es la razón por la que estamos tan decididos a garantizar que el dinero sucio no pueda fluir hacia y desde allí".
El diario británico The Guardian informa que, desde 2016, el Reino Unido se ha enfrentado a evasivas de los territorios de ultramar para facilitar los registros públicos que revelen quiénes son los propietarios finales de los fondos en paraísos fiscales.
El ministro Mitchell dijo que, durante la presidencia británica del G8 en 2016, el primer ministro David Cameron puso "en primer plano" el combate al lavado de dinero y la importancia de los registros abiertos de titularidad real.
"Está ampliamente aceptado que, tras su dimisión como primer ministro en 2016, el impulso dentro del Gobierno sobre la lucha contra la corrupción en los territorios de ultramar se disipó", indica el diario británico The Guardian.
De acuerdo con el medio, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán aún no han introducido registros públicos y ahora invocan sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para imponer restricciones a quienes pueden acceder a los registros.
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