Todo sobre la ley texana que mermaría la vida migrante en EEUU: "El más afectado sería México"
02:12 GMT 28.03.2024 (actualizado: 17:46 GMT 06.10.2024)
© AFP 2023 / GUILLERMO ARIAS
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Texas es uno de los estados fronterizos de Estados Unidos con México que se opone totalmente a la migración irregular, por lo que ha implementado diversas estrategias para detenerla, entre ellas, impulsar la ley SB4, que afectaría a este grupo.
Esta legislación —que va y viene entre entradas en vigor y suspensiones— es una pieza fundamental para el Gobierno texano encabezado por el republicano Greg Abbott, quien ha utilizado el tema migratorio como bandera política contra la Administración Biden. De fondo, México alza la voz abiertamente contra la normativa, a la cual ha tildado de "draconiana" y "antiinmigrante".
En resumen, la nueva ley permite a las autoridades locales de Texas arrestar —bajo sus criterios— a cualquier persona que le parezca indocumentada y, en su caso, deportarla a México.
De hecho, uno de los puntos más álgidos de la ley SB4 ocurrió en las últimas semanas cuando, por algunas horas, estuvo vigente, debido al visto bueno de la Corte Suprema estadounidense. No obstante, un tribunal de EEUU anuló el fallo y el 26 de marzo determinó su suspensión hasta nuevo aviso, con lo que el proceso legal continúa.
Pero, ¿qué es lo que sigue? ¿Es viable aplicar esta medida local, aunque el Gobierno federal de Estados Unidos se oponga a ella?
Los detalles de la SB4
Fue promovida en noviembre de 2023 por los legisladores locales y la presión de Greg Abbott, quien acabó firmando el estatuto.
Entre los puntos más relevantes de la legislación, están los siguientes:
Posibilita la detención de personas que, de acuerdo con los elementos de seguridad locales y estatales, puedan ser población indocumentada.
Los arrestos no se llevarían a cabo en escuelas de nivel básico, iglesia, sinagogas u otros lugares de culto establecidos, centros de atención médica o para víctimas de violencia sexual.
La detención se daría por el delito de entrada ilegal al territorio texano y la persona puede estar encarcelada por seis meses.
Si una persona migrante ya hubiera intentado viajar a EEUU previamente y de manera irregular, las autoridades podrían pedir penas de entre 10 y 20 años de cárcel.
En algunos casos, los jueces de Texas, que no cuentan con la potestad de aplicar medidas migratorias, podrían ordenar la expulsión de las personas en esta situación.
Si el migrante irregular no abandona el suelo estadounidense, podría purgar una pena de entre dos a 20 años de prisión.
Ante ello, el Gobierno de Biden ha argumentado que las leyes migratorias solo pueden ser aplicadas por el gobierno federal, no por las administraciones locales, mientras que Texas asegura que actúa conforme el artículo 1, sección 10 de la Constitución estadounidense, donde hace referencia a las "invasiones".
"La SB4 pone a nuestras comunidades y a quienes viajan en Texas en mayor riesgo de discriminación racial y vigilancia policial excesiva. En ese sentido, todos estamos en peligro pero nuestras comunidades morenas y negras corren un mayor riesgo de que se aplique esta ley cruel e ilegal", informa la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) texana en su sitio web.
El proceso legal de la ley antinmigrante
Tras la firma de la ley SB4 por Abbott, se preveía que entrara en vigor a partir del 5 de marzo de 2024, pero los procesos legales interpuestos tanto por el Gobierno de Biden como por la ACLU frenaron su aplicación. El 19 de marzo, la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la aplicación de la SB4, misma que duró solo unas horas, ya que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU anuló el fallo.
Mientras tanto, México rechazó la moción y tramitó un amicus curiae, una figura jurídica que consiste en dar una opinión sobre un tema ante las autoridades estadounidenses. El Gobierno de López Obrador sostiene que esta ley es violatoria de los derechos humanos y podría derivar en arrestos contra personas bajo criterios racistas. Además, México ha dicho que no recibirá un solo migrante de Texas, ya que, en temas migratorios, solo puede haber acuerdos a nivel federal.
Para el 26 de marzo, la misma Corte de Apelaciones del Quinto Circuito estadounidense anunció que la aplicación de la SB4 seguiría suspendida hasta nuevo aviso, ya que analizó el amicus curiae enviado por México, donde el Gobierno "señaló que la aplicación del estatuto frustraría los esfuerzos bilaterales, incluidas las expulsiones de no ciudadanos".
Es importante no confundir esta SB4 con la promulgada en 2017 en Texas. Aunque también se enfoca en el fenómeno migratorio, el tema medular era el fin de las ciudades santuario, es decir, aquellas zonas donde las personas podían vivir sin que se les cuestionara su estatus migratorio, a menos de que fuera por un delito grave.
Posibles consecuencias de su aplicación
En entrevista para Sputnik, el maestro en estudios México-Estados Unidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Daniel Garay Saldaña, expone que la aplicación de la ley SB4 vulneraría los derechos humanos de las personas migrantes, ya que serían consideradas criminales.
Asimismo, ocurriría "una deportación masiva y el más afectado sería México. Ante esta crisis migratoria, que también en el territorio mexicano estamos viviendo, los problemas se incrementarían debido a que la capacidad [del país] para la recepción de los migrantes se vería totalmente desbordada, con secuelas en los servicios tanto para este grupo como para los ciudadanos. Sería una situación crítica, catastrófica", vaticina.
Esta situación se recrudecería si es replicada por otros estados fronterizos de EEUU que también están contra la migración irregular, como anteriormente lo llegó a proponer Arizona, por ejemplo, y con los discursos xenófobos de políticos como el aspirante republicano a la presidencia de la nación norteamericana, Donald Trump.
13 de marzo, 02:38 GMT
En este sentido, en una charla para este medio, Lupita, una residente del Valle del río Grande, localidad ubicada en el extremo sur de Texas, estima que la ley SB4 es anticonstitucional, debido a que incrementaría los abusos de los agentes, que no tienen el entrenamiento apropiado para ese trabajo.
Asimismo, señala que ese estatuto causaría una mayor separación de las familias que, por diversos motivos, migran hacia Estados Unidos.
"Si los oficiales se apegan a su discreción y al modo bajo sospecha, muchos residentes legales y hasta ciudadanos [estadounidenses] caeríamos en este perfil. Creo firmemente en que este Gobierno [texano] debe implementar políticas más humanas que permitan a las personas obligadas a migrar de sus lugares de origen por la violencia o crisis medioambientales, por ejemplo, reciban una oportunidad digna para vivir", reflexiona.
Una posible solución
Entre las posibles soluciones, Garay Saldaña rescata las medidas que ha impuesto México para evitar que la ley SB4 entre en vigor, por ejemplo, el recurso amicus curiae.
"En la parte jurídica, México ya hizo su trabajo, pero pudiera aprovechar más lo discursivo, en lo político, en la presión que existe hacia ciertos estados [del país latinoamericano] y cómo pudiera perjudicarles esta ley (...). Incluso puede aprovechar los temas comerciales" para detener la misiva, precisa.
En esta tarea, el experto señala que también es necesario que los tres candidatos a la Presidencia de México muestren propuestas contundentes para apoyar a la comunidad migrante que radica en EEUU, donde reflejen que, sin importar si es la Administración de López Obrador o la de la nueva persona que gane los comicios el 2 de junio, estarán ayudándoles en cualquier situación adversa.
Otro aspecto que puede ayudar a que la SB4 no entre en vigor son los recursos económicos que tanto Texas como sus condados deberán destinar para cada acción.
"Es de difícil aplicación en los niveles más bajos del Gobierno de EEUU, que son los condados, y ellos tampoco quieren [ejercerla] porque no cuentan con los recursos necesarios para ello. Eso también será un factor que puede jugar a favor para que pueda bloquearse, cancelarse o limitarse esa ley", finaliza Garay Saldaña.
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