El Gobierno de Argentina demanda uso de ley antiterrorista en urbe asediada por la violencia
18:05 GMT 11.03.2024 (actualizado: 18:43 GMT 11.03.2024)
© AP Photo / Rodrigo Abd
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BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno de Argentina reclamará a la Justicia la aplicación de la llamada "ley antiterrorista", que castiga con doble pena de cárcel a quienes busquen amedrentar a la población con "terror" en la ciudad santafesina de Rosario (centro), acorralada por la violencia y el narcotráfico.
"Vamos a pedirle a la justicia la utilización de la Ley Antiterrorista", anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante una rueda de prensa que brindó en Rosario junto con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
El Ejecutivo que preside Javier Milei también comprometerá a la Justicia para obtener medidas excepcionales que permitan "controlar que la ciudad de Rosario no sea la ciudad con la mayor cantidad de armas de todo el país", puntualizó la ministra de Seguridad.
Rosario, una urbe portuaria que es la tercera más poblada del país, sufre una ola de violencia asociada a bandas de narcotraficantes que en la última semana recurrieron a sicarios para asesinar a dos taxistas, un conductor de autobús y un empleado de una estación de servicio.
La actual gestión, que anunció en la víspera que enviará a las cuatro fuerzas federales de seguridad a esta ciudad de la provincia de Santa Fe, planteará ante los jueces "un modelo operacional diferente" en reuniones que tendrán carácter confidencial.
"En las próximas 24 horas estarán llegando personal de las Fuerzas Armadas, vehículos, transporte y logística", anunció el ministro de Defensa, Luis Petri, acompañado de la ministra de Seguridad.
El Gobierno también solicitará al Congreso la sanción de una "ley antibandas o antimafia" que permita enjuiciar a personas pertenecientes a organizaciones criminales por los delitos que éstas hayan cometido.
La norma "tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándolos a todos sus integrantes", explicó Bullrich.
Éste fue un parámetro que adoptó el Código Penal de Italia para terminar con las mafias, al igual que la ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión), aprobada en 1970 en Estados Unidos contra las organizaciones delictivas del crimen organizado. También fue una prerrogativa con la que contó en El Salvador su presidente, Nayib Bukele, observó la ministra de Seguridad.
Además de reflotar la figura del arrepentido, que ofrece una reducción de la pena a los acusados a cambio de que colaboren con la Justicia, el Gobierno argentino también recurrirá a las fuerzas de seguridad para generar una "saturación".
La actual gestión también encomendará a equipos de investigación conformados por integrantes de la justicia federal y provincial a realizar un mapa "de la nueva estructura criminal y el árbol genealógico de las bandas que actúan en Rosario", especificó la ministra de Seguridad.
Según la funcionaria, hubo una "contracción del negocio" de las bandas de narcotraficantes, lo que provocó una "retaliación" que llevó al ataque y asesinato de "ciudadanos que están cumpliendo su trabajo", en una acción definida por Bullrich como "narcoterrorista".
En el "nuevo diseño" que encara la actual administración, la ministra prometió también atacar el lavado de dinero, que sobre todo proviene de "barrios de alta capacidad económica", y reforzar la protección durante la noche.
"No vamos a dejar que Rosario sea una ciudad de narcoterroristas", aseguró.
Durante su comparecencia, la ministra celebró que ningún juez haya otorgado hasta ahora un habeas corpus "para romper el régimen de presos de alto riesgo, que están aislados, tienen la mínima comunicación que la Constitución establece y no pueden tener ninguna visita que sea normal".
Lógica de miedo
El gobernador de la provincia de Santa Fe, por su parte, reconoció que su gestión no otorgó la relevancia institucional que tenía el primero de una seguidilla de ataques que tuvo lugar el sábado 2, cuando fue dispararon contra un autobús que trasladaba al personal del servicio penitenciario.
"Vemos una lógica, que es que las organizaciones criminales quieren hacernos tener miedo y quebrar una determinación del Estado" de luchar contra el narcotráfico, señaló Pullaro, quien fue ministro provincial de Seguridad entre 2015 y 2019.
En esa línea, el gobernador anunció una recompensa de 10 millones de pesos (unos 10.000 dólares al cambio informal) para quienes ofrezcan "datos certeros de quienes planificaron y ejecutaron" los cuatro asesinatos que se registraron en la última semana.
La coalición gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), informó el 10 de marzo que la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria asistirán en el combate contra el narcotráfico junto con las Fuerzas Armadas, que fueron facultadas para realizar operaciones de seguridad interior, sin que el Ejecutivo especificara las tareas que realizarán.
Además de los cuatro asesinatos registrados en los últimos días, el domingo fue baleado un centro penitenciario ubicado al oeste de la ciudad, la Oficina de Recepción de Detenidos, y el jueves también fue atacada una comisaría al sur de la ciudad.
Los episodios de violencia siguen a la publicación en las redes que realizó el gobernador Pullaro de fotos de reclusos durante una requisa, en la que se veía a los presos rodeados de agentes y sentados con el torso desnudo, con las manos maniatadas con precintos sobre la espalda, y con la cabeza hacia abajo, al estilo que caracteriza los métodos utilizados en El Salvador por el presidente Bukele.
Los crímenes contra los dos taxistas, el conductor de autobús y el empleado de la estación de servicio ocasionaron que se paralizara el servicio de taxis y autobuses, la recolección de residuos y las clases en los institutos educativos, además del cierre de estaciones de servicio.
Rosario, donde nació el jugador Lionel Messi, tiene la mayor tasa de homicidios de toda la nación: 22,1 asesinatos cada 100.000 habitantes.
En 2023 se cometieron 287 homicidios, un récord en la historia de la ciudad.
En comparación, Argentina tiene a nivel nacional una tasa de homicidios dolosos de 4,2 cada 100.000 habitantes, uno de los más bajos de América Latina, según las estadísticas del Ministerio de Seguridad.
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