El presidente saliente de Guatemala acusa a EEUU de injerencia luego que sancionara a congresistas
El presidente saliente de Guatemala acusa a EEUU de injerencia luego que sancionara a congresistas
Sputnik Mundo
En medio de la crisis política que atraviesa Guatemala por el asedio judicial contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, que ha generado indignación... 12.12.2023, Sputnik Mundo
"Denuncio la manipulación mediática y política de algunos miembros del Gobierno de Estados Unidos contra Guatemala, en detrimento de una buena relación bilateral, razón por la cual solicito a miembros de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos para que, en ejercicio de su labor de vigilancia y supervisión, llamen al Departamento de Estado a rendir cuentas sobre su actuar hacia Guatemala", apuntó el mandatario en un pronunciamiento.El posicionamiento del presidente se da un día después de que el Departamento de Estado norteamericano emitió restricciones de visa contra 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 parlamentarios, como represalia por las que calificó de acciones antidemocráticas en el país centroamericano.Esto porque, desde que destacó en la primera vuelta de las elecciones, celebradas en junio, el Movimiento Semilla, partido del mandatario electo Arévalo, fue acusado de falsificar los apoyos ciudadanos para conformarse como fuerza política, a lo que se han sumado distintas acciones judiciales, como la persecución de líderes estudiantiles de la Universidad de San Carlos y acusaciones contra el presidente elegido de lavar dinero.Ante tal situación, el propio Arévalo ha reiterado en varias ocasiones que en Guatemala se intenta dar un golpe de Estado contra la voluntad popular expresada en las urnas, además de acusar que se busca frenar el combate a la corrupción.Las maniobras han generado el rechazo casi general de la comunidad internacional, con los llamados explícitos de jefes y exjefes de Estado a respetar la institucionalidad guatemalteca, como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el jefe del Estado chileno, Gabriel Boric; el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, y exlíderes como el paraguayo Mario Abdo.El sucesor de Abdo en el Palacio de López —sede del ejecutivo paraguayo—, Santiago Peña, dijo a nombre de los integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) que ven con preocupación la judicialización del proceso electoral en Guatemala, afirmación que también reconoció Arévalo e invitó implícitamente al mandatario de Paraguay a acompañar su toma de posesión en la primera quincena de enero de 2024.En ese contexto, el Departamento de Estado de la Administración de Joe Biden anunció restricciones de visa para 300 ciudadanos de Guatemala. "Incluidos más de 100 integrantes del Congreso de Guatemala, así como representantes del sector privado y miembros de sus familias, por socavar la democracia y el ejercicio de la ley", apuntó la dependencia federal en un comunicado.Ante ello, el mandatario Giammattei llamó a la no injerencia en los asuntos internos de Guatemala, además de aseverar que respalda la transición administrativa y la entrega de la presidencia a Arévalo, que tomará efecto el 14 de enero. Apoyo de la OEA, la CIDH y la Unión EuropeaEl jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dio a conocer que este martes 12 de diciembre conversó con Bernardo Arévalo para expresar apoyo y solidaridad del bloque multinacional, con capital en Bruselas."Condenamos el intento de revocar el resultado electoral y seguiremos defendiendo la democracia", aseveró el funcionario europeo, gesto que fue saludado por el mandatario electo guatemalteco."Muchas gracias, vicepresidente Josep Borrell, por el respaldo de la Unión Europea a Guatemala", apuntó Bernardo Arévalo. "La verdad y la voluntad del pueblo triunfarán y tendremos un futuro de cooperación importante".Este mismo 12 de diciembre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó la inclusión en el orden del día de su consejo permanente de una consideración sobre el caso guatemalteco, donde se acusa un intento del Ministerio Público de subvertir los resultados electorales, que dieron una amplia ventaja, de dos a uno sobre su rival, a Arévalo.El anuncio de la OEA se da un día después, además, de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita al mismo organismo, emitiera una resolución ante el Estado guatemalteco en la que acusa una vulneración del orden institucional y del poder democrático."La CIDH advierte que la instrumentalización del sistema de justicia y el derecho penal en Guatemala, desde el inicio del proceso electoral, han puesto de manifiesto el ejercicio indebido y arbitrario del poder con fines político-electorales por parte del Ministerio Público", acusó la oficina defensora en un comunicado."Así como la erosión del sistema de controles y contrapesos del estado democrático de derecho debido a la ausencia de garantías del poder judicial para cumplir su rol de ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad, y la complacencia del poder ejecutivo, colocando en entredicho el orden constitucional, el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos de la población", subrayó la CIDH.
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El presidente saliente de Guatemala acusa a EEUU de injerencia luego que sancionara a congresistas
En medio de la crisis política que atraviesa Guatemala por el asedio judicial contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, que ha generado indignación internacional, el todavía jefe del ejecutivo, Alejandro Giammattei, acusó de injerencismo a Estados Unidos.
"Denuncio la manipulación mediática y política de algunos miembros del Gobierno de Estados Unidos contra Guatemala, en detrimento de una buena relación bilateral, razón por la cual solicito a miembros de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos para que, en ejercicio de su labor de vigilancia y supervisión, llamen al Departamento de Estado a rendir cuentas sobre su actuar hacia Guatemala", apuntó el mandatario en un pronunciamiento.
El posicionamiento del presidente se da un día después de que el Departamento de Estado norteamericano emitió restricciones de visa contra 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 parlamentarios, como represalia por las que calificó de acciones antidemocráticas en el país centroamericano.
Esto porque, desde que destacó en la primera vuelta de las elecciones, celebradas en junio, el Movimiento Semilla, partido del mandatario electo Arévalo, fue acusado de falsificar los apoyos ciudadanos para conformarse como fuerza política, a lo que se han sumado distintas acciones judiciales, como la persecución de líderes estudiantiles de la Universidad de San Carlos y acusaciones contra el presidente elegido de lavar dinero.
Ante tal situación, el propio Arévalo ha reiterado en varias ocasiones que en Guatemala se intenta dar un golpe de Estado contra la voluntad popular expresada en las urnas, además de acusar que se busca frenar el combate a la corrupción.
Las maniobras han generado el rechazo casi general de la comunidad internacional, con los llamados explícitos de jefes y exjefes de Estado a respetar la institucionalidad guatemalteca, como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el jefe del Estado chileno, Gabriel Boric; el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, y exlíderes como el paraguayo Mario Abdo.
El sucesor de Abdo en el Palacio de López —sede del ejecutivo paraguayo—, Santiago Peña, dijo a nombre de los integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) que ven con preocupación la judicialización del proceso electoral en Guatemala, afirmación que también reconoció Arévalo e invitó implícitamente al mandatario de Paraguay a acompañar su toma de posesión en la primera quincena de enero de 2024.
En ese contexto, el Departamento de Estado de la Administración de Joe Biden anunció restricciones de visa para 300 ciudadanos de Guatemala. "Incluidos más de 100 integrantes del Congreso de Guatemala, así como representantes del sector privado y miembros de sus familias, por socavar la democracia y el ejercicio de la ley", apuntó la dependencia federal en un comunicado.
Ante ello, el mandatario Giammattei llamó a la no injerencia en los asuntos internos de Guatemala, además de aseverar que respalda la transición administrativa y la entrega de la presidencia a Arévalo, que tomará efecto el 14 de enero.
"En Guatemala no hay acción alguna que pueda impedir que las autoridades electas tomen posesión de sus cargos", apuntó.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dio a conocer que este martes 12 de diciembre conversó con Bernardo Arévalo para expresar apoyo y solidaridad del bloque multinacional, con capital en Bruselas.
"Condenamos el intento de revocar el resultado electoral y seguiremos defendiendo la democracia", aseveró el funcionario europeo, gesto que fue saludado por el mandatario electo guatemalteco.
"Muchas gracias, vicepresidente Josep Borrell, por el respaldo de la Unión Europea a Guatemala", apuntó Bernardo Arévalo. "La verdad y la voluntad del pueblo triunfarán y tendremos un futuro de cooperación importante".
Este mismo 12 de diciembre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó la inclusión en el orden del día de su consejo permanente de una consideración sobre el caso guatemalteco, donde se acusa un intento del Ministerio Público de subvertir los resultados electorales, que dieron una amplia ventaja, de dos a uno sobre su rival, a Arévalo.
El anuncio de la OEA se da un día después, además, de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita al mismo organismo, emitiera una resolución ante el Estado guatemalteco en la que acusa una vulneración del orden institucional y del poder democrático.
"La CIDH advierte que la instrumentalización del sistema de justicia y el derecho penal en Guatemala, desde el inicio del proceso electoral, han puesto de manifiesto el ejercicio indebido y arbitrario del poder con fines político-electorales por parte del Ministerio Público", acusó la oficina defensora en un comunicado.
"Así como la erosión del sistema de controles y contrapesos del estado democrático de derecho debido a la ausencia de garantías del poder judicial para cumplir su rol de ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad, y la complacencia del poder ejecutivo, colocando en entredicho el orden constitucional, el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos de la población", subrayó la CIDH.
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