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Informe sobre Ayotzinapa: Militares protegían y vendían armas al grupo que desapareció a normalistas

© Stephanie PalaciosMadres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa encabezaron este martes una marcha en la CDMX para exigir justicia en el caso de la desaparición de sus hijos.
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Militares destacados en Iguala, Guerrero (sur de México) recibían dinero, facilitaban el trasiego de drogas, proveían armas y municiones y protegían al grupo criminal de Guerreros Unidos, responsable de la desaparición y muerte de estudiantes de la escuela de Ayotzinapa en septiembre de 2014, reconoce un informe del Gobierno de México.
De acuerdo con un documento sobre la investigación de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre en Iguala, publicado este martes por el gobierno federal, los mandos militares implicados con Guerreros Unidos son el entonces coronel (posteriormente ascendido a general) José Rodríguez Pérez, comandante del 27 batallón de infantería con sede en Iguala; el capitán José Martínez Crespo y entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante de 41 batallón.
Los vínculos entre los mandos militares y los integrantes del grupo criminal fueron revelados por distintos testigos que declararon en la investigación, y se comprueban con mensajes de texto aportados por la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) a los investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR), se señala en el informe publicado por el Gobierno.
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De acuerdo con este documento, los criminales de Guerreros Unidos también tenían relaciones con el alcalde Iguala en el momento de los hechos, José Luis Abarca, "que inyectaba dinero a la organización" y con el presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana.
"Los jefes de las policías de los municipios de Huitzuco, Cocula, Tepecoacuilco e Iguala eran a la par integrantes de Guerreros Unidos; incluso se encargaban de dar protección y escolta a sus integrantes", se afirma en el reporte gubernamental.
Guerreros Unidos también pagaba un apoyo o "cuota" a diversas autoridades estatales, de seguridad y ministeriales, "con la finalidad de dejar pasar droga y los vehículos que se utilizaban para distribuirla y venderla, así como el encubrimiento de actos de violencia.
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En el documento, el Gobierno de México y la Fiscalía especializada para investigar los hechos señalan tres posibles "causales" de los ataques de policías y posterior desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Según el informe, las posibles causales son, primero, "confusión de los Guerreros Unidos (narcotraficantes) respecto a la presunta infiltración de 'Los Rojos' (cártel rival) entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala".
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Otra posible causa es "la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por parte del alcalde (de Iguala) José Luis Abarca y Guerreros Unidos", tras las protestas y destrozos a la sede municipal, y una tercera "el trasiego de drogas y la eventual presencia de drogas, armas o dinero en alguno de los (cinco) autobuses tomados" por los estudiantes para viajar a la capital del país a una manifestación conmemorativa de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968.

¿Qué pasó en Ayotzinapa?

Lo que se sabe es que la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, algunos alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, cuyas edades oscilaban entre los 17 y los 25 años, partieron de la central de autobuses de Iguala a bordo de dos camiones de pasajeros.
Las unidades, de acuerdo con el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), fueron atacados por policías de Iguala, Cocula y civiles armados.
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El ataque armado duró al menos tres horas entre las cuales algunos jóvenes fueron asesinados, torturados, lesionados, perseguidos y, 43 de ellos, desaparecidos.
Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en el cual se registraron los hechos, se investigó el caso y se concluyó en la llamada Verdad Histórica, una versión que con el paso de los años ha sido destrozada y, si de algo hay certeza, es que el Gobierno, que aseguró que los jóvenes desaparecidos habían sido quemados en el basurero de Cocula, mintió, de acuerdo con las investigaciones oficiales y no oficiales más recientes.
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