El ministro de Justicia de Brasil pide combatir el "muy peligroso nazi-fascismo del siglo XXI"
El ministro de Justicia de Brasil pide combatir el "muy peligroso nazi-fascismo del siglo XXI"
Sputnik Mundo
El titular de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Flávio Dino, defendió un proyecto de reforma de ley que aumenta las penas para las personas que atenten... 23.07.2023, Sputnik Mundo
El funcionario sostuvo que, a nombre del principio de proporcionalidad, los autores de "crímenes contra el orden democrático y sus guardianes" deben ser castigados en virtud de la defensa de la Constitución. Aunque dijo que respeta las críticas, Dino aseguró que se mantendrá en la misma línea, ya que, según él, la historia ha demostrado que los excesos en la política son peligrosos. "Quien minimizó los riesgos antidemocráticos hace 100 años en Alemania o en Italia, alimentó a un monstruo. Trato de no pecar por omisión. Así se construye la verdadera paz, aquella que nace del respeto a la Constitución", señaló el ministro. Un día antes, el 21 de julio, el Gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva presentó un paquete de reformas legales para reforzar la seguridad en el país sudamericano y combatir la violencia en el marco del Programa de Acción en Seguridad (PAS).De acuerdo con información oficial, esta iniciativa abarca medidas para combatir el narcotráfico, la violencia en las escuelas, los delitos ambientales y la violencia contra las mujeres, además de proteger la región amazónica, entre otras medidas.Entre las iniciativas de reforma de leyes están algunas relacionadas con el combate a la violencia en el ambiente escolar, el control de armas, la protección de la región amazónica y de las fronteras, las transferencias financieras a los estados, la valorización de los profesionales de la seguridad pública y el endurecimiento de las leyes que atentan contra el estado democrático de derecho.En este último apartado, el Gobierno propone una reforma al Código Procesal Penal para autorizar al Ministerio Público el embargo de bienes, el bloqueo de cuentas bancarias y de activos financieros en casos que existan indicios suficientes de autoría o financiación de crímenes contra el Estado Democrático de Derecho en cualquier etapa del procedimiento o incluso antes de la presentación de la denuncia.Además se propone modificar el Código Penal para endurecer las penas aplicables a los delitos "contra el Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado".También propone de 20 a 40 años por delitos contra la vida de las autoridades mencionadas, con el fin de alterar el orden constitucional democrático."Los actos antidemocráticos que tuvieron lugar el 8 de enero de 2023, que culminaron de forma muy grave contra los poderes del Estado y el patrimonio público, demostraron que el tratamiento penal de los delitos contra el Estado Democrático de Derecho debe ser más severo para garantizar el libre ejercicio de los poderes y las instituciones democráticas, el funcionamiento regular de los servicios públicos esenciales y la propia soberanía nacional", se señala en la iniciativa de ley."Con el Proyecto de Ley se pretende reforzar tanto la finalidad retributiva de la pena [represión proporcional a la gravedad de la infracción penal], como el carácter preventivo, reforzando su poder intimidatorio sobre los destinatarios de la norma, así como reafirmar la existencia y eficacia del derecho penal brasileño", añade.En enero de 2023, el Tribunal Supremo de Brasil aceptó la petición de la Fiscalía del país para iniciar las indagatorias en torno a Jair Bolsonaro, por el presunto papel que jugó el exmandatario durante los disturbios del 8 de enero en contra de Lula da Silva.El ministro Alexandre de Moraes accedió a la petición de la Fiscalía de incluir al exmandatario brasileño en las investigaciones sobre la violenta toma de poderes de la nación que protagonizaron simpatizantes bolsonaristas en Brasilia.
El titular de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Flávio Dino, defendió un proyecto de reforma de ley que aumenta las penas para las personas que atenten contra las instituciones democráticas en el país sudamericano. En un mensaje difundido en redes sociales, habló sobre "el muy peligroso nazi-fascismo del siglo XXI".
El funcionario sostuvo que, a nombre del principio de proporcionalidad, los autores de "crímenes contra el orden democrático y sus guardianes" deben ser castigados en virtud de la defensa de la Constitución.
"Por lo tanto, apoyo proyectos de ley, decisiones judiciales o investigaciones de la Policía Federal que sean congruentes con esta actitud de combatir el muy peligroso nazi-fascismo del siglo XXI que mata niños en las escuelas, destruye el edificio de la Corte Suprema y se cree autorizado para atacar a las personas por razones políticas", escribió el ministro de Justicia de Brasil en su cuenta de Twitter.
Aunque dijo que respeta las críticas, Dino aseguró que se mantendrá en la misma línea, ya que, según él, la historia ha demostrado que los excesos en la política son peligrosos.
"Quien minimizó los riesgos antidemocráticos hace 100 años en Alemania o en Italia, alimentó a un monstruo. Trato de no pecar por omisión. Así se construye la verdadera paz, aquella que nace del respeto a la Constitución", señaló el ministro.
Un día antes, el 21 de julio, el Gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva presentó un paquete de reformas legales para reforzar la seguridad en el país sudamericano y combatir la violencia en el marco del Programa de Acción en Seguridad (PAS).
De acuerdo con información oficial, esta iniciativa abarca medidas para combatir el narcotráfico, la violencia en las escuelas, los delitos ambientales y la violencia contra las mujeres, además de proteger la región amazónica, entre otras medidas.
Entre las iniciativas de reforma de leyes están algunas relacionadas con el combate a la violencia en el ambiente escolar, el control de armas, la protección de la región amazónica y de las fronteras, las transferencias financieras a los estados, la valorización de los profesionales de la seguridad pública y el endurecimiento de las leyes que atentan contra el estado democrático de derecho.
En este último apartado, el Gobierno propone una reforma al Código Procesal Penal para autorizar al Ministerio Público el embargo de bienes, el bloqueo de cuentas bancarias y de activos financieros en casos que existan indicios suficientes de autoría o financiación de crímenes contra el Estado Democrático de Derecho en cualquier etapa del procedimiento o incluso antes de la presentación de la denuncia.
Además se propone modificar el Código Penal para endurecer las penas aplicables a los delitos "contra el Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado".
La iniciativa plantea penas de 6 a 12 años de prisión para quienes organicen movimientos antidemocráticos, de 8 a 20 años para quienes financien movimientos antidemocráticos, de 6 a 12 años, más la pena correspondiente a la violencia, para los delitos que atenten contra la integridad física y la libertad del presidente del país, del vicepresidente, del presidente del Senado, del presidente de la Cámara de Diputados, de los ministros del Supremo Tribunal Federal y del procurador general de la nación, con el fin de alterar el orden constitucional democrático y orden constitucional.
También propone de 20 a 40 años por delitos contra la vida de las autoridades mencionadas, con el fin de alterar el orden constitucional democrático.
"Los actos antidemocráticos que tuvieron lugar el 8 de enero de 2023, que culminaron de forma muy grave contra los poderes del Estado y el patrimonio público, demostraron que el tratamiento penal de los delitos contra el Estado Democrático de Derecho debe ser más severo para garantizar el libre ejercicio de los poderes y las instituciones democráticas, el funcionamiento regular de los servicios públicos esenciales y la propia soberanía nacional", se señala en la iniciativa de ley.
"Con el Proyecto de Ley se pretende reforzar tanto la finalidad retributiva de la pena [represión proporcional a la gravedad de la infracción penal], como el carácter preventivo, reforzando su poder intimidatorio sobre los destinatarios de la norma, así como reafirmar la existencia y eficacia del derecho penal brasileño", añade.
En enero de 2023, el Tribunal Supremo de Brasil aceptó la petición de la Fiscalía del país para iniciar las indagatorias en torno a Jair Bolsonaro, por el presunto papel que jugó el exmandatario durante los disturbios del 8 de enero en contra de Lula da Silva.
El ministro Alexandre de Moraes accedió a la petición de la Fiscalía de incluir al exmandatario brasileño en las investigaciones sobre la violenta toma de poderes de la nación que protagonizaron simpatizantes bolsonaristas en Brasilia.
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