El plan de Petro para pagar a jóvenes por "no matar": ¿alcanza para combatir el crimen organizado?
El plan de Petro para pagar a jóvenes por "no matar": ¿alcanza para combatir el crimen organizado?
Sputnik Mundo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el pago de 1 millón de pesos colombianos (alrededor de 240 dólares) mensuales a jóvenes para evitar que se... 11.07.2023, Sputnik Mundo
Con esta iniciativa Petro intentará que incentivos económicos ofrecidos por el Estado colombiano logren alejar a los jóvenes que, acuciados por los problemas económicos, acaban enrolados en grupos criminales.Ese es, al menos, el objetivo del programa Jóvenes en Paz, anunciado por el mandatario sudamericnao estos días. "Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia", aseguró el presidente, remarcando que los pagos serían "una ayuda para que entren" al sistema educativo colombiano.Fue el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien corroboró en declaraciones a la emisora Blu Radio que el pago a los jóvenes colombianos sería "mensual" y rondaría el millón de pesos colombianos, es decir, unos 240 dólares. El funcionario del gabinete de Petro explicó que el programa se iniciará con un plan piloto de 150 jóvenes y tendría una duración de un año para cada beneficiario, con la intención de que en ese lapso se logre asegurar la reinserción del joven en el sistema educativo.En diálogo con Sputnik, el sociólogo colombiano Felipe Martínez recordó que esta propuesta "no es nueva" en la cabeza de Petro, ya que ya había sido implementado el esquema cuando el actual presidente era alcalde de Bogotá, entre 2012 y 2015. Según aseguraba Petro en aquel momento, el programa —que también había sido denominado Jóvenes en Paz— llegó a abarcar a 10.000 jóvenes y consiguió disminuir índices de violencia en algunas zonas de la capital.Martínez explicó que el objetivo de este tipo de acciones es apuntar a jóvenes que hoy en día son vistos como posibles nuevas incorporaciones de grupos criminales, dado que "no tienen ninguna oportunidad ni dignidad porque no hay opciones de educación ni de empleo".El experto indicó que este tipo de situaciones se ve principalmente en zonas específicas del territorio colombiano, como la ciudad de Buenaventura (departamento de Valle del Cauca) —precisamente donde Petro anunció el plan— y Tumaco (departamento de Nariño). Los problemas también se presentan, remarcó, en algunas zonas de los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Putumayo o Caquetá.Martínez advirtió que en estas regiones de Colombia hay áreas "históricamente abandonas por el Estado" en las que se ha generado "una cultura del crimen organizado", ya que los grupos armados acaban convirtiéndose en "la autoridad en los territorios".El sociólogo señaló que estos grupos suelen ganar poder y recursos al dedicarse a las extorsiones, manejar el contrabando o incluso administrar la ruta del narcotráfico que utiliza la costa del Pacífico. Por eso, pueden ir desde "estructuras muy locales" hasta organizaciones "mucho más grandes ligadas al paramilitarismo o estructuras del crimen organizado internacional".La magnitud del fenómeno es una de las claves para que quitar a los jóvenes de estos grupos se convierta en un verdadero desafío, dado que los grupos criminales suelen manejar altísimas sumas de dinero que se vuelven atractivas para jóvenes sin mayores oportunidades económicas.En ese sentido, Martínez apuntó que el subsidio de 1 millón de pesos mensuales resulta "realmente muy básico", dado que ni siquiera llega a cubrir un salario mínimo, fijado en 1,2 millones de pesos (288 dólares).Por eso, el experto consideró que el subsidio económico podría servir para "oxigenar la vida de jóvenes que aún no están ligados al crimen organizado" de forma de que desistan de ingresar. Sin embargo, lamentó que "seguramente los que ya están insertos en el crimen no van a salir".El sociólogo consultado sostuvo que los jóvenes cooptados por el crimen pertenecen a zonas donde las organizaciones delictivas "han impuestos sus lógicas" y es difícil que el Estado pueda disputarles el poder, debido a que "no hay infraestructura". "Son regiones del país en las que no hay universidades, no hay acueductos, no hay alcantarillado", ilustró."Para que el Estado pueda contrarrestar esto se tendría que entrar a esas zonas poniendo hospitales, colegios, universidades, opciones de empleo, industrias. La estrategia debería ser mucho más integral", analizó.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el pago de 1 millón de pesos colombianos (alrededor de 240 dólares) mensuales a jóvenes para evitar que se sumen a grupos delictivos. En diálogo con Sputnik, el sociólogo Felipe Martínez advirtió que el subsidio podría ser insuficiente porque el crimen organizado "mueve mucho más dinero".
Con esta iniciativa Petro intentará que incentivos económicos ofrecidos por el Estado colombiano logren alejar a los jóvenes que, acuciados por los problemas económicos, acaban enrolados en grupos criminales.
Ese es, al menos, el objetivo del programa Jóvenes en Paz, anunciado por el mandatario sudamericnao estos días. "Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia", aseguró el presidente, remarcando que los pagos serían "una ayuda para que entren" al sistema educativo colombiano.
Fue el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien corroboró en declaraciones a la emisora Blu Radio que el pago a los jóvenes colombianos sería "mensual" y rondaría el millón de pesos colombianos, es decir, unos 240 dólares.
El funcionario del gabinete de Petro explicó que el programa se iniciará con un plan piloto de 150 jóvenes y tendría una duración de un año para cada beneficiario, con la intención de que en ese lapso se logre asegurar la reinserción del joven en el sistema educativo.
En diálogo con Sputnik, el sociólogo colombiano Felipe Martínez recordó que esta propuesta "no es nueva" en la cabeza de Petro, ya que ya había sido implementado el esquema cuando el actual presidente era alcalde de Bogotá, entre 2012 y 2015.
Según aseguraba Petro en aquel momento, el programa —que también había sido denominado Jóvenes en Paz— llegó a abarcar a 10.000 jóvenes y consiguió disminuir índices de violencia en algunas zonas de la capital.
Martínez explicó que el objetivo de este tipo de acciones es apuntar a jóvenes que hoy en día son vistos como posibles nuevas incorporaciones de grupos criminales, dado que "no tienen ninguna oportunidad ni dignidad porque no hay opciones de educación ni de empleo".
"La única alternativa que le queda a estos jóvenes en la vida es ingresar a las filas de grupos armados que les ofrecen dinero por trabajar en la criminalidad", apuntó.
El experto indicó que este tipo de situaciones se ve principalmente en zonas específicas del territorio colombiano, como la ciudad de Buenaventura (departamento de Valle del Cauca) —precisamente donde Petro anunció el plan— y Tumaco (departamento de Nariño).
Los problemas también se presentan, remarcó, en algunas zonas de los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Putumayo o Caquetá.
Martínez advirtió que en estas regiones de Colombia hay áreas "históricamente abandonas por el Estado" en las que se ha generado "una cultura del crimen organizado", ya que los grupos armados acaban convirtiéndose en "la autoridad en los territorios".
El sociólogo señaló que estos grupos suelen ganar poder y recursos al dedicarse a las extorsiones, manejar el contrabando o incluso administrar la ruta del narcotráfico que utiliza la costa del Pacífico.
Por eso, pueden ir desde "estructuras muy locales" hasta organizaciones "mucho más grandes ligadas al paramilitarismo o estructuras del crimen organizado internacional".
La magnitud del fenómeno es una de las claves para que quitar a los jóvenes de estos grupos se convierta en un verdadero desafío, dado que los grupos criminales suelen manejar altísimas sumas de dinero que se vuelven atractivas para jóvenes sin mayores oportunidades económicas.
En ese sentido, Martínez apuntó que el subsidio de 1 millón de pesos mensuales resulta "realmente muy básico", dado que ni siquiera llega a cubrir un salario mínimo, fijado en 1,2 millones de pesos (288 dólares).
"Las estructuras del crimen organizado no mueven 1 millón de pesos, mueven miles de millones de pesos mensuales porque manejan rutas del narcotráfico por el Pacífico, controlan el contrabando y son los dueños de los cultivos de coca. Manejan economías muy fuertes que hace que contrarrestar eso con subsidios sea muy difícil", subrayó.
Por eso, el experto consideró que el subsidio económico podría servir para "oxigenar la vida de jóvenes que aún no están ligados al crimen organizado" de forma de que desistan de ingresar. Sin embargo, lamentó que "seguramente los que ya están insertos en el crimen no van a salir".
El sociólogo consultado sostuvo que los jóvenes cooptados por el crimen pertenecen a zonas donde las organizaciones delictivas "han impuestos sus lógicas" y es difícil que el Estado pueda disputarles el poder, debido a que "no hay infraestructura". "Son regiones del país en las que no hay universidades, no hay acueductos, no hay alcantarillado", ilustró.
"Para que el Estado pueda contrarrestar esto se tendría que entrar a esas zonas poniendo hospitales, colegios, universidades, opciones de empleo, industrias. La estrategia debería ser mucho más integral", analizó.
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