Polémica por amaño de partidos en Brasil: ¿quiénes son los futbolistas implicados?
© AFP 2023 / Paulo PintoEduardo Bauermann, futbolista brasileño acusado de participar en arreglos de partidos
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Un verdadero escándalo se vive en el fútbol brasileño tras la denuncia del Ministerio Público del estado de Goiás de arreglo de partidos por parte de mafias que habrían manipulado ciertas acciones del transcurso de los juegos para favorecer las apuestas en línea.
La fiscalía de Goiás (centro) investiga el accionar de mafias que, para favorecer apuestas deportivas, supuestamente cooptaba jugadores de fútbol profesional de Brasil para que cometieran determinadas acciones durante los juegos.
Son al menos 13 los encuentros correspondientes al Brasileirao 2022 —nombre con el que se conoce a la Serie A brasileña—, como también a la Serie B y campeonatos estaduales, que están siendo investigados en el marco de la investigación denominada operación Pena Máxima.
O MPGO denunciou 16 pessoas por fraudes visando à manipulação de resultados em 13 partidas de futebol: 8 do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, 1 da Série B de 2022 e 4 de campeonatos estaduais realizados em 2023. Leia: https://t.co/PWmzyeFp0C #Futebol #CampeonatoBrasileiro pic.twitter.com/JA9Tj0AsLa
— Ministério Público de Goiás | MPGO (@MPdeGoias) May 9, 2023
La investigación, que se extiende a 16 ciudades de seis estados, da cuenta de hasta el momento siete futbolistas involucrados en la trama de corrupción deportiva, que pretendió alterar o incidir en algunos aspectos de los juegos, como provocar cierto número de tiros de esquina, de amonestaciones, cantidades concretas de faltas e incluso favorecer la derrota de sus equipos.
Los futbolistas en la mira del Ministerio Público
Eduardo Bauermann (Santos), quien habría aceptado 50.000 reales (10.000 dólares) para ser amonestado en el encuentro contra Avaí y expulsado en el encuentro contra Botafogo. Arriesga una pena de seis años de reclusión.
Paulo Miranda (exjugador de Juventude), que habría aceptado ser amonestado en el juego de Juventude contra Fortaleza por 50.000 reales. Arriesga una pena de prisión de dos a seis años.
Igor Cariús —exjugador de Cuiabá, actualmente en Sport Club do Recife—, aceptó 5.000 reales (1.000 dólares) por ser amonestado en el partido de Cuiabá contra Ceará y 60.000 reales (12.000 dólares) durante el juego con Palmeiras.
Víctor Ramos (ex-Guarani), que habría aceptado 100.000 reales (20.000 dólares) por cometer una falta penal en el juego Portuguesa vs. Guarani, del Campeonato Paulista 2023. Podría recibir de dos a seis años de prisión.
Fernando Neto —ex Sport Recife, actualmente en el Sao Bernardo— aceptó el pago adelantado de 5.000 reales de 500.000 (100.000 dólares) prometidos para ser expulsado en el juego entre Sport Recife y Operário de la Serie B 2022. La sentencia podría ser de dos a seis años de prisión.
Matheus Gomes (Operário), quien habría intercedido ante su colega y rival Fernando Neto, para alterar el resultado del juego entre Sport Recife y Operário antes mencionado. Arriesga de dos a seis años de prisión.
Gabriel Tota (Ypiranga), que podría recibir de dos a seis años de reclusión por sospecha de adulterar el resultado del juego entre Juventude vs. Fortaleza de la Serie A 2022.
11 de mayo 2023, 12:31 GMT
A su vez, el Ministerio Público de Goiás mantiene sospechas sobre ciertos juegos de los campeonatos estaduales de Goiás, Río Grande do Sul, Mato Grosso y Sao Paulo.
13 partidos bajo la mira
Palmeiras vs. Juventude (10.09.2022)
Juventude vs. Fortaleza (17.09.2022)
Goiás vs. Juventude (05.11.2022)
Ceará vs. Cuiabá (16.10.2022)
Sport Recife vs. Operário (PR) (28.10.2022)
Red Bull Bragantino vs. América (MG) (05.11.2022)
Santos vs. Avaí (05.11.2022)
Botafogo vs. Santos (10.11.2022)
Palmeiras vs. Cuiabá (06.11.2022)
Red Bull Bragantino vs. Portuguesa (SP) (21.1.2023)
Guarani vs. Portuguesa (SP) (08.02.2023)
Bento Gonçalves vs. Novo Hamburgo (11.02.2023)
Caxias vs. Sao Luiz (RS) (12.02.2023)
La fiscalía solicitó que se fije un monto mínimo de dos millones de reales (400.000 dólares), "para reparar los daños morales colectivos causados por los demandados. La cantidad deberá ser atribuida a todos los imputados, considerando los hechos ya recogidos durante la investigación, así como los que serán aportados durante la instrucción procesal".
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