Organizaciones acusan "una política criminal de abandono" de sitios de memoria en Chile
Organizaciones acusan "una política criminal de abandono" de sitios de memoria en Chile
Sputnik Mundo
Cerca de cumplirse los 50 años del golpe de Estado en Chile, organizaciones de derechos humanos reclaman al Gobierno por la falta de atención a los sitios de... 06.04.2023, Sputnik Mundo
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El 28 de marzo, la Fundación 1937 - Casa Memoria José Domingo Cañas anunció el cierre de su espacio tanto para el público como para los funcionarios por problemas en el alcantarillado del recinto. Además, iniciaron una campaña de recolección voluntaria de fondos para poder reabrir el memorial."Como sitio de memorias llevamos 13 años resistiendo la no existencia de políticas de memorias que garanticen la mantención y preservación del sitio. Desde febrero del 2002 somos monumento histórico nacional, y desde el 2010 somos Casa Memoria José Domingo Cañas. El Estado ha estado ausente en lo que se refiere a la mantención y preservación del sitio de memorias", indicaron a través de sus redes sociales.La directora ejecutiva de Casa Memoria José Domingo Cañas, Marta Cisternas, señaló a Sputnik que la campaña de recaudación buscaba también denunciar la inexistencia de políticas de memoria en el país sudamericano.Asimismo, Cisternas explicó que el 3 de abril desde La Moneda —sede del ejecutivo chileno— le informaron que asumirían los costos para la reparación del sistema de alcantarillados. Sin embargo, con una fecha indeterminada. "Es indigno que un sitio de memoria tenga que cerrar porque no tiene recursos", enfatizó.De un lugar de asilo a uno de tortura, muerte y desapariciónLa casa de José Domingo Cañas, número 1367, se ubica en un sector residencial de la comuna de Ñuñoa, en el sector oriente de Santiago. El lugar fue uno de los 1.168 centros de detención y tortura utilizados por la dictadura cívico-militar para eliminar a opositores políticos.Antes de ser utilizada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía política del régimen de Augusto Pinochet, como centro de detención y exterminio, la casa era propiedad del sociólogo brasileño Theotonio dos Santos, quien la cedió a la embajada de Panamá en Chile.Tras el golpe de Estado contra el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973), perpetrado el 11 de septiembre de hace 50 años, 365 personas que solicitaron asilo en el país centroamericano esperaron en José Domingo Cañas su salvoconducto para salir de Chile. Todas ellas lograron escapar de las garras de la dictadura, prolongada hasta el inicio de la última década del siglo XX.Luego de la salida del último asilado, la DINA se apoderó de la casa en agosto de 1974, y la bautizó como Cuartel Ollagüe. En el recinto se hizo desparecer a 53 personas, principalmente ligadas al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Allí fue ejecutada la militante Lumi Videla Moya. Su cuerpo apareció el 4 de noviembre de ese año en un patio de la embajada de Italia.La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, organismo creado por el presidente Patricio Aylwin Azócar (1990-1994) para el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, determinó que Videla Moya murió en una sesión de tortura en José Domingo Cañas.Según el informe de autopsia, la muerte se produjo por asfixia. La prensa de la época informó que habría sido víctima de los asilados que se encontraban en la sede diplomática, en el marco de una orgía.La acción de la DINA buscaba enviar un mensaje tanto a los asilados en la embajada como a la misma delegación italiana en Chile. Sin embargo, este hecho llevó a una disputa diplomática y dio inicio a una investigación que terminó con la DINA saliendo de José Domingo Cañas para no dejar rastros.En 1977 la casa pasa a depender de la Central Nacional de Informaciones, sucesora de la DINA. El lugar fue ocupado como oficinas y más tarde fue traspasada a Bienes Nacionales.En el 2000 un empresario adquirió la casa, y la demolió un año más tarde, borrando así todas las instalaciones utilizadas como centro de detención y tortura. El 4 de febrero del 2002 se publicó en el Diario Oficial la nominación de Monumento Nacional al Sitio Histórico allí localizado y comenzaron las gestiones para comprar el terreno.José Domingo Cañas en la actualidad es declarado patrimonio histórico como un lugar de memoria. La construcción del sitio comenzó en 2009 y se abrió a la ciudadanía el 29 de abril del año siguiente.El sello del Gobierno a 50 años del golpe de EstadoEl pasado 3 de abril, el ejecutivo lanzó su sello en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Desde el Gobierno invitaron a reflexionar sobre la democracia como un espacio de encuentro, frágil, que la sociedad debe comprometerse a cuidar y defender para construir ese futuro en que la diversidad y la paz "florezcan", en referencia al sello "una flor como símbolo de paz".Respecto al actuar del Gobierno de Boric en materia de derechos humanos y los compromisos asumidos en su campaña presidencial, Cisternas explicó sentirse decepcionada, "puesto que al analizar la composición de su Gobierno uno se da cuenta se está continuando con un modelo"."Nosotros hablamos de enfoque de derechos humanos, que no puede tener la mirada represiva frente a la delincuencia, frente a la protesta social. Son temas que tenemos que abordar, pero no desde una mirada represiva. O sea, si hablamos de un Gobierno que habla de derechos humanos, tiene que ser coherente con esto", afirmó."Una política criminal de abandono"El caso de José Domingo Cañas no es el único donde las organizaciones acusan un abandono por parte del Estado. El Patio 29 del Cementerio General de Santiago, lugar donde Pinochet enterró clandestinamente a cientos de opositores políticos, también se encuentra abandonado, pese a que fue declarado monumento histórico nacional en 2006.Tras cinco días de campaña para reunir fondos, la Casa Memoria José Domingo Cañas logró reunir 3,5 millones de pesos chilenos (unos 4.300 dólares), superando la meta que se habían fijado. Asimismo, mientras se desarrolló la campaña, y tras varias conversaciones con La Moneda, el ejecutivo emitió la orden de trabajo la noche del 4 de abril y se hará responsable de los costos de la reparación del alcantarillado en el sitio. El dinero recaudado se utilizará para la mantención del sitio durante los próximos seis meses.
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Organizaciones acusan "una política criminal de abandono" de sitios de memoria en Chile
Cerca de cumplirse los 50 años del golpe de Estado en Chile, organizaciones de derechos humanos reclaman al Gobierno por la falta de atención a los sitios de memoria que recuerdan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1973-1990). "Es indigno cerrarlos porque no hay recursos", declararon a Sputnik.
El 28 de marzo, la Fundación 1937 - Casa Memoria José Domingo Cañas anunció el cierre de su espacio tanto para el público como para los funcionarios por problemas en el alcantarillado del recinto. Además, iniciaron una campaña de recolección voluntaria de fondos para poder reabrir el memorial.
"Como sitio de memorias llevamos 13 años resistiendo la no existencia de políticas de memorias que garanticen la mantención y preservación del sitio. Desde febrero del 2002 somos monumento histórico nacional, y desde el 2010 somos Casa Memoria José Domingo Cañas. El Estado ha estado ausente en lo que se refiere a la mantención y preservación del sitio de memorias", indicaron a través de sus redes sociales.
— Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas (@casa_memoria) March 28, 2023
La directora ejecutiva de Casa Memoria José Domingo Cañas, Marta Cisternas, señaló a Sputnik que la campaña de recaudación buscaba también denunciar la inexistencia de políticas de memoria en el país sudamericano.
"No hay voluntad política del Gobierno de [Gabriel] Boric, y de ningún Gobierno, de generar políticas de memoria. Porque las políticas de memoria son peligrosas, porque implican un relevamiento de lo que fue nuestro pasado, pero también interpelan nuestro presente", aseguró la directiva.
Asimismo, Cisternas explicó que el 3 de abril desde La Moneda —sede del ejecutivo chileno— le informaron que asumirían los costos para la reparación del sistema de alcantarillados. Sin embargo, con una fecha indeterminada. "Es indigno que un sitio de memoria tenga que cerrar porque no tiene recursos", enfatizó.
De un lugar de asilo a uno de tortura, muerte y desaparición
La casa de José Domingo Cañas, número 1367, se ubica en un sector residencial de la comuna de Ñuñoa, en el sector oriente de Santiago. El lugar fue uno de los 1.168 centros de detención y tortura utilizados por la dictadura cívico-militar para eliminar a opositores políticos.
Antes de ser utilizada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía política del régimen de Augusto Pinochet, como centro de detención y exterminio, la casa era propiedad del sociólogo brasileño Theotonio dos Santos, quien la cedió a la embajada de Panamá en Chile.
Tras el golpe de Estado contra el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973), perpetrado el 11 de septiembre de hace 50 años, 365 personas que solicitaron asilo en el país centroamericano esperaron en José Domingo Cañas su salvoconducto para salir de Chile. Todas ellas lograron escapar de las garras de la dictadura, prolongada hasta el inicio de la última década del siglo XX.
Luego de la salida del último asilado, la DINA se apoderó de la casa en agosto de 1974, y la bautizó como Cuartel Ollagüe. En el recinto se hizo desparecer a 53 personas, principalmente ligadas al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Allí fue ejecutada la militante Lumi Videla Moya. Su cuerpo apareció el 4 de noviembre de ese año en un patio de la embajada de Italia.
La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, organismo creado por el presidente Patricio Aylwin Azócar (1990-1994) para el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, determinó que Videla Moya murió en una sesión de tortura en José Domingo Cañas.
Según el informe de autopsia, la muerte se produjo por asfixia. La prensa de la época informó que habría sido víctima de los asilados que se encontraban en la sede diplomática, en el marco de una orgía.
La acción de la DINA buscaba enviar un mensaje tanto a los asilados en la embajada como a la misma delegación italiana en Chile. Sin embargo, este hecho llevó a una disputa diplomática y dio inicio a una investigación que terminó con la DINA saliendo de José Domingo Cañas para no dejar rastros.
En 1977 la casa pasa a depender de la Central Nacional de Informaciones, sucesora de la DINA. El lugar fue ocupado como oficinas y más tarde fue traspasada a Bienes Nacionales.
En el 2000 un empresario adquirió la casa, y la demolió un año más tarde, borrando así todas las instalaciones utilizadas como centro de detención y tortura. El 4 de febrero del 2002 se publicó en el Diario Oficial la nominación de Monumento Nacional al Sitio Histórico allí localizado y comenzaron las gestiones para comprar el terreno.
José Domingo Cañas en la actualidad es declarado patrimonio histórico como un lugar de memoria. La construcción del sitio comenzó en 2009 y se abrió a la ciudadanía el 29 de abril del año siguiente.
El sello del Gobierno a 50 años del golpe de Estado
El pasado 3 de abril, el ejecutivo lanzó su sello en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Desde el Gobierno invitaron a reflexionar sobre la democracia como un espacio de encuentro, frágil, que la sociedad debe comprometerse a cuidar y defender para construir ese futuro en que la diversidad y la paz "florezcan", en referencia al sello "una flor como símbolo de paz".
Respecto al actuar del Gobierno de Boric en materia de derechos humanos y los compromisos asumidos en su campaña presidencial, Cisternas explicó sentirse decepcionada, "puesto que al analizar la composición de su Gobierno uno se da cuenta se está continuando con un modelo".
"Tú no puedes hablar de derechos humanos y de memoria y por otro lado, estás diciendo que vas a salir a terreno con las policías en este ejercicio represivo que se ha transformado en una constante en el Chile posdictadura. Eso es una contradicción vital", enfatizó Cisternas en alusión a las palabras de Boric.
"Nosotros hablamos de enfoque de derechos humanos, que no puede tener la mirada represiva frente a la delincuencia, frente a la protesta social. Son temas que tenemos que abordar, pero no desde una mirada represiva. O sea, si hablamos de un Gobierno que habla de derechos humanos, tiene que ser coherente con esto", afirmó.
El caso de José Domingo Cañas no es el único donde las organizaciones acusan un abandono por parte del Estado. El Patio 29 del Cementerio General de Santiago, lugar donde Pinochet enterró clandestinamente a cientos de opositores políticos, también se encuentra abandonado, pese a que fue declarado monumento histórico nacional en 2006.
"Ese es un ejemplo de lo que hace el Estado en materia de memoria. Hay un abandono total y absoluto. Si hubo más de 1.100 sitios como este donde estamos [José Domingo Cañas], a lo largo de Chile y de esos 1.100 se han logrado recuperar menos de 50, ya que muchos han sido destruidos, estamos hablando de que al Estado esto no le importa", finalizó.
Tras cinco días de campaña para reunir fondos, la Casa Memoria José Domingo Cañas logró reunir 3,5 millones de pesos chilenos (unos 4.300 dólares), superando la meta que se habían fijado.
Asimismo, mientras se desarrolló la campaña, y tras varias conversaciones con La Moneda, el ejecutivo emitió la orden de trabajo la noche del 4 de abril y se hará responsable de los costos de la reparación del alcantarillado en el sitio. El dinero recaudado se utilizará para la mantención del sitio durante los próximos seis meses.
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