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Beatriz vs. El Salvador: el caso que podría cambiar la legislación sobre el aborto en América Latina

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Beatriz tenía 20 años cuando se embarazó por primera vez. Por su condición médica — años atrás fue diagnosticada con lupus, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea— tuvo complicaciones graves que la llevaron a ser hospitalizada en dos ocasiones por anemia y exacerbación de su cuadro lúpico.
El 2 de marzo de 2012, inició labor de parto y, tras una cesárea que se complicó por preeclampsia, la joven salvadoreña dio a luz. Después de 38 días internado, el bebé fue dado de alta y salió del hospital para vivir con su madre.
Dos meses después, un médico del Hospital Nacional de Maternidad le dijo a Beatriz que por las complicaciones del parto y su enfermedad no podría embarzarse de nuevo. Entonces, la citó para realizarle una esterilización quirúrgica. Sin embaro, ella no estaba segura de si más adelante querría ser madre de nuevo y, además, tuvo miedo de lo que pudiera pasar, así que decidió no acudir.
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Casi un año después, en febrero de 2013, la centroamericana recibió una noticia: tenía 11 semanas de embarazo. Pero esta vez era diferente: el feto tenía una malformación congénita conocida como anencefalia, lo que hacía incompatible la vida fuera del útero. Los médicos fueron claros: si el embarazo avanzaba, era altamente probable que Beatriz muriera, así que le recomendaron realizar un aborto terapéutico.
No obstante, desde 1997 una reforma al Código Penal de El Salvador estableció la prohibición absoluta del aborto. Esto significa que en el país centroamericano no existe ninguna causal que permita la interrupción legal del embarazo, ni siquiera cuando la vida del producto o la madre esté en riesgo.
Por esa razón, la defensa legal de Beatriz tuvo que presentar una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde solicitó la interrupción del embarazo para salvar su vida.
"Yo creo que sería lo mejor que lo hicieran por salvar mi vida. Porque no tiene sentido seguir con un embarazo que no va a vivir. Quisiera que la Sala acepte, y que hagan lo que quieren hacer conmigo. Porque yo quiero vivir, y les pido de corazón que lo hagan", dijo la mujer en la demanda.
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Debido a la situación de riesgo en la que se encontraba Beatriz, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) otorgaron medidas cautelares y provisionales en su favor.
Sin embargo, la joven no obtuvo el amparo y su bebé nació tras una cesárea de emergencia. Tal como lo habían adelantado los médicos, la criatura fue dada a luz sin cerebro y sin cráneo, por lo que falleció cinco horas después. Esa misma tarde, Beatriz fue sometida a una histerectomía, es decir, a la extirpación del útero. Cinco años más tarde, en 2017, falleció en un accidente de tránsito.
Asociaciones de derechos humanos aseguran que la negativa para brindarle un amparo a Beatriz, obligándola a parir, vulneró su derecho a la salud y a la vida.
De acuerdo con la coordinadora de alianzas e incidencia política de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador, Sara García Gross, Beatriz era originaria de la zona rural de Jiquilisco y vivía en situación de pobreza.

"En este país, sobre todo para las mujeres jóvenes y las que viven en situación de pobreza,tienen que pasar todo ese calvario que pasó ella, toda esa tortura, toda esa espera innecesaria", narra la defensora.

La activista, ganadora del premio Simone de Beauvoir por la lucha hacia la libertad de las mujeres, detalló que Beatriz interpuso una demanda contra el Estado salvadoreño por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que vivió. "La interpone en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, específicamente a la Comisión Interamericana".
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En 2017, la CIDH admitió el caso y, tres años después, emitió recomendaciones a El Salvador, entre las que destaca: "Reparar integralmente las violaciones contra Beatriz y sus familiares; adoptar medidas legislativas para posibilitar la interrupción del embarazo en situaciones de inviabilidad o incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, así como de riesgo grave a la vida, la salud y la integridad de la mujer; y adoptar todas las medidas necesarias, incluyendo el diseño de políticas públicas, para asegurar el acceso a la interrupción del embarazo".
El 5 de enero de 2022, el organismo de derechos humanos presentó ante la CorteIDH el caso Beatriz vs El Salvador, relativo a la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo.
Ese caso apela a la responsabilidad internacional de El Salvador por las violaciones a los derechos de Beatriz y su familia, ya que la legislación del país centroamericano impidió que la joven pudiera acceder a una interrupción legal, temprana y oportuna ante una situación de riesgo grave a la vida, la salud y la integridad personal, así como la inviabilidad del feto con la vida extrauterina.
Específicamente, la CIDH estableció que la penalización de aborto, en particular la prohibición bajo toda circunstancia y sin excepción, puede incentivar que las mujeres recurran a abortos inseguros, poniendo en riesgo su salud física y mental e, incluso, su propia vida.
También consideró que el dolor y el sufrimiento que atravesó Beatriz desde que solicitó la interrupción del embarazo constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Los próximos 22 y 23 de marzo, la CIDH llevará a cabo la audiencia pública en donde se pronunciará sobre el caso de la joven víctima. Esta será la primera vez que la Corte se pronunciará sobre el aborto propiamente, por lo que se trata de un momento clave para los países de la región en materia de interrupción legal del embarazo.
Esto porque todas las sentencias emitidas por la CorteIDH son de carácter obligatorio para los Estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sustenta a la CIDH.
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En conferencia de prensa este 6 de marzo, la familia de la salvadoreña y el equipo jurídico que acompaña el caso expresaron que esperan que con esto se puedan asegurar los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres.

"De la mano de Beatriz buscamos justicia para ella y para todas las mujeres que han sufrido las consecuencias de la penalización absoluta del aborto en El Salvador. Estamos éticamente convencidas de que la CorteIDH reconocerá esta violación de derechos humanos que forma parte de la violencia y desigualdad estructural contra las salvadoreñas", dijo la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador, Morena Herrera.

La subdirectora para el Programa de Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcela Martino, consideró que una sentencia favorable de la Corte "contribuirá a eliminar las barreras que hoy continúan violando los derechos de niñas y mujeres en todo el continente, impidiendo acceso a una salud sexual y reproductiva sin discriminación y violencia. La decisión en este caso permitirá avanzar en proteger la salud y la vida de millones de mujeres que, como Beatriz, quieren vivir".
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