La simpática caricatura de AMLO que está prohibida en México para los partidos políticos
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Utilizar la caricatura del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, conocida como 'Amlito', en la propaganda de Morena, el partido oficial del Gobierno, es una violación electoral, concluyó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Las autoridades electorales del país latinoamericano determinaron que esa figura —sumamente popular en muñecos de peluche, estampas, playeras y todo tipo de objetos— "vulnera los principios constitucionales de neutralidad y equidad" en las contiendas democráticas.
Y es que Amlito es una figura que ha sido utilizada desde hace muchos años por el equipo de comunicación y propaganda del presidente López Obrador, cuando éste fue candidato a la Presidencia de México en dos ocasiones: en 2006 y en 2012. También fue usada en 2018, año en el que, finalmente, llegó al poder.
"La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó, por mayoría de votos, la resolución [...] mediante la cual determinó [...] sancionar a Morena por utilizar en su propaganda la caricatura del presidente de la República, lo que vulnera los principios constitucionales de neutralidad y equidad en la contienda", señaló el TEPJF en un comunicado.
La resolución es el resultado de una queja presentada por el coordinador de la bancada del partido opositor Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, quien denunció el uso de Amlito en una publicación difundida desde la cuenta oficial de Morena en Twitter para apoyar en los procesos electorales locales de 2022, en los que los candidatos del partido del presidente ganaron la gubernatura en cuatro de los seis estados en disputa: Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
El Tribunal Electoral nos dio la razón una vez más: pic.twitter.com/IxePYuuUHT
— Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 12, 2023
El TEPJF argumentó que utilizar "la imagen en caricatura de un servidor público de la más alta investidura que no contiende electoralmente" atenta contra los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad. Esto porque otorga una ventaja indebida "en detrimento de la formación de las preferencias electorales de la ciudadanía". Por lo tanto, concluye, "se trata de una infracción a las regas constitucionales y legales que rigen la propaganda electoral de los partidos políticos".
El Tribunal también señaló que la propaganda política-electoral se limita a promover las candidaturas, propuestas e ideario y plataforma política de los partidos políticos. Sin embargo, no para "capitalizar la imagen de un servidor público, a fin de obtener una ventaja indebida".
28 de noviembre 2022, 18:19 GMT
Por todo ello, el TEPJF prohibió a Morena el uso de la caricatura Amlito para "posicionarse o hacer un llamado al voto". Asimismo, aseguró que el partido en el poder no puede, en modo alguno, ampararse bajo el argumento de la libertad de expresión, tal como lo planteó en un principio.
La resolución fue aceptada a pesar del voto en contra del magistrado José Luis Vargas, quien consideró que "no existía una prohibición legal expresa para el uso de imágenes en formato de caricatura". Sin embargo, el resto de los magistrados no coincidieron con Vargas, puesto que el jefe de Estado mexicano no se encontraba en campaña, así que el uso de su imagen le otorgó una ventaja indebida a los candidatos de la oposición.
La resolución del TEPJF sucede en el marco de la contienda electoral por el Estado de México y Coahuila, dos entidades donde se renovarán gubernaturas este año.
Origen de 'Amlito'
La caricatura del presidente López Obrador fue realizada en 2005 por el monero Hernández, un caricaturista político conocido por su afinidad ideológica con el mandatario y su Gobierno.
La figura, que muestra a un Andrés Manuel sonriente, fue utilizada ampliamente en la marcha contra el desafuero del presidente, cuando éste fungía como alcalde de la Ciudad de México. Aquella protesta fue conocida como "la marcha del silencio". En ella participaron cerca de 600.000 personas que aseguraban que el desafuero era una forma de detener las aspiraciones presidenciales del líder de izquierdas.
Y es que en ese año la Cámara de Diputados aprobó retirar la inmunidad que tenía constitucionalmente López Obrador, acusándolo de desacatar la orden de un tribunal que le instaba a suspender la construcción de una calle que daría paso a un hospital.
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