Vialidad: la causa judicial por la que Cristina Fernández podría ser condenada a prisión
Vialidad: la causa judicial por la que Cristina Fernández podría ser condenada a prisión
Sputnik Mundo
La vicepresidenta argentina expresó sus últimas palabras en el juicio que la tiene como principal acusada por corrupción en la adjudicación de obra pública... 29.11.2022, Sputnik Mundo
La causa Vialidad es la que más preocupa a Cristina Fernández, sobre quien pesa la acusación por los delitos de administración fraudulenta y de liderar una asociación ilícita a través de la cual se habría favorecido al Grupo Austral —firma cuyo titular era el empresario afín a la familia Kirchner, Lázaro Báez— entre 2004 y 2015. Tras calificar de "pelotón de fusilamiento" al tribunal que la juzga, la vicepresidenta aguarda el veredicto previsto para el 6 de diciembre.Particularmente, Fernández es investigada por la concesión de 51 obras públicas a Báez durante su Gobierno (2007-2015) y el de su marido, el difunto expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). De ser hallada culpable de los cargos imputados, la exmandataria podría enfrentar una pena de 12 años de cárcel sumada a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, tal como solicitó la fiscalía.Acusaciones cruzadas"La acusación es infundada, irracional y débil", dice a Sputnik Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido, exministro de Obra Pública durante el Gobierno de Fernández y uno de los 13 acusados en el expediente. "Los testimonios eran totalmente compatibles con la versión de la defensa, pese a lo cual el fiscal [Diego] Luciani fue seleccionando a los testigos según su conveniencia: estuvo escandalosamente orientado", agrega.El letrado impugna la causa desde sus orígenes: apenas asumió el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), el entonces director nacional de Vialidad, Javier Iguacel, presentó la denuncia que dio origen al expediente y Fernández fue imputada en 2016 y llevada a juicio en 2019."En el informe de Iguacel quedaba claro que no había habido ningún tipo de irregularidad", señala Rusconi, para quien el hecho de que el caso fuera elevado a los tribunales durante el año de las últimas elecciones presidenciales de 2019 en las que ganó el Frente de Todos, constituye una clara muestra de la búsqueda por proscribir a la vicepresidenta."Sin dudas Cristina es una perseguida, sobre todo por la fuerza política que ella sostiene. Claramente es la figura más importante del país", sostiene el defensor.El abogado inscribe el expediente de Vialidad en un marco regional signado por la denuncia de lawfare por parte de dirigentes latinoamericanos contra los poderes judiciales nacionales. "Esta causa es una demostración más de aquello que llamamos lawfare: el intento de utilizar a la justicia penal para la destrucción del enemigo político", explica.La prueba más fehaciente a la que apela Rusconi es la aparición de fotos publicadas por el diario Página 12 donde se ve al fiscal Luciani junto al juez Rodrigo Giménez Uriburu participando de un torneo de fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Macri. El abogado lo expresa tajantemente: "El fiscal y un miembro del tribunal participaron asiduamente de competencias futbolísticas en la quinta del expresidente Macri, que sin dudas es el beneficiado político de una potencial condena".El representante de Julio De Vido considera que esta irregularidad constituye una razón válida para exigir la absolución de su defendido y del resto de los imputados: "Todo lo que pasó es muy triste en términos de los valores republicanos. Creo que debería ser reparado con una declaración de inocencia para todos los acusados", apunta Rusconi.La polémica en torno a la "asociación ilícita"La acusación de haber favorecido a un empresario particular cobra relieve al ser concebida como una asociación ilícita liderada por la entonces presidenta.En torno a este punto orbita gran parte de la defensa de los acusados: "No es posible usar la asociación ilícita para casos vinculados a administración fraudulenta. Pero aun de considerarlo así, un fallo de la Corte Suprema de Justicia ya advirtió que no debía usarse esa figura para delitos de patrimonio", remarca Rusconi.El abogado se detiene en las implicancias que derivarían de que un Gobierno fuera procesado para llevar a cabo delitos. "Es imposible que un espacio político haya diseñado un programa exclusivamente destinado a cometer un conjunto de crímenes. De ser así, no tendría sentido que el fiscal se limitara a los acusados del caso y no convocara a todo el Gobierno. Por ejemplo, el jefe de gabinete debería ser llamado en primer lugar, pero ni siquiera fue citado", sostiene el letrado. El letrado se refiere al actual presidente, Alberto Fernández, quien fue el jefe de gabinete durante el Gobierno de Cristina Fernández.La razón que identifica Rusconi para apelar a esta figura penal es la potencial condena en caso de hallar culpables a los acusados. "Esto seduce a los fiscales porque tiene penas muy importantes y porque no hay nada para probar: tan solo el decreto de designar funcionarios alcanzaría para mostrar la existencia del delito", afirma el defensor. Escenario abiertoEl panorama no es alentador para la defensa de los acusados, que ven factible un fallo adverso. "Hay un sentimiento ambivalente: si bien no imaginamos cómo podrían condenarlos, sabemos que cualquier cosa desastrosa puede pasar en la Justicia. Soy bastante pesimista", advierte el letrado. "No sabemos de qué se van a disfrazar en caso de que emitan una pena: no hay elementos, sería escandaloso", completa.Rusconi rechaza tajantemente cualquier veredicto que no sea el de la absolución de todos los sentados en el banquillo. "Puede ser que hagan una inmoralidad a medias y determinen una condena menos severa que la pedida por el fiscal, pero eso no hablaría bien de los jueces tampoco".El abogado lo grafica con una analogía deportiva: "Es como si a un árbitro lo presionaran para que expulsara a los 11 jugadores del equipo contrario, pero decidiera echar solamente a cinco. No por eso es menos inmoral: es una inmoralidad igual", sostiene.El reclamo de fondoEl problema subyacente que plantean las defensas de los acusados es el funcionamiento del sistema de justicia en su totalidad. Por eso, el espacio liderado por Cristina Fernàndez ha impulsado en reiteradas oportunidades proyectos para una reforma del Poder Judicial.La voluntad de reconfigurar el sistema de administración de justicia no choca con la de investigar a los magistrados que —siempre desde la perspectiva de la defensa— han actuado irregularmente. "Hay que trabajar en la responsabilidad penal e institucional de los jueces y fiscales. Ya es inmoral declarar la inocencia de un culpable, pero declarar la culpabilidad de un inocente es hasta bíblico: y esto lo hicieron sistemáticamente", señala Rusconi.
La vicepresidenta argentina expresó sus últimas palabras en el juicio que la tiene como principal acusada por corrupción en la adjudicación de obra pública durante su gobierno. De las imputaciones por enriquecimiento ilícito hasta la denuncia de 'lawfare' por parte de la defensa: escala la tensión de cara al veredicto que se conocerá en diciembre.
La causa Vialidad es la que más preocupa a Cristina Fernández, sobre quien pesa la acusación por los delitos de administración fraudulenta y de liderar una asociación ilícita a través de la cual se habría favorecido al Grupo Austral —firma cuyo titular era el empresario afín a la familia Kirchner, Lázaro Báez— entre 2004 y 2015. Tras calificar de "pelotón de fusilamiento" al tribunal que la juzga, la vicepresidenta aguarda el veredicto previsto para el 6 de diciembre.
Particularmente, Fernández es investigada por la concesión de 51 obras públicas a Báez durante su Gobierno (2007-2015) y el de su marido, el difunto expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). De ser hallada culpable de los cargos imputados, la exmandataria podría enfrentar una pena de 12 años de cárcel sumada a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, tal como solicitó la fiscalía.
Acusaciones cruzadas
"La acusación es infundada, irracional y débil", dice a Sputnik Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido, exministro de Obra Pública durante el Gobierno de Fernández y uno de los 13 acusados en el expediente. "Los testimonios eran totalmente compatibles con la versión de la defensa, pese a lo cual el fiscal [Diego] Luciani fue seleccionando a los testigos según su conveniencia: estuvo escandalosamente orientado", agrega.
El letrado impugna la causa desde sus orígenes: apenas asumió el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), el entonces director nacional de Vialidad, Javier Iguacel, presentó la denuncia que dio origen al expediente y Fernández fue imputada en 2016 y llevada a juicio en 2019.
"En el informe de Iguacel quedaba claro que no había habido ningún tipo de irregularidad", señala Rusconi, para quien el hecho de que el caso fuera elevado a los tribunales durante el año de las últimas elecciones presidenciales de 2019 en las que ganó el Frente de Todos, constituye una clara muestra de la búsqueda por proscribir a la vicepresidenta.
"Sin dudas Cristina es una perseguida, sobre todo por la fuerza política que ella sostiene. Claramente es la figura más importante del país", sostiene el defensor.
El abogado inscribe el expediente de Vialidad en un marco regional signado por la denuncia de lawfare por parte de dirigentes latinoamericanos contra los poderes judiciales nacionales. "Esta causa es una demostración más de aquello que llamamos lawfare: el intento de utilizar a la justicia penal para la destrucción del enemigo político", explica.
La prueba más fehaciente a la que apela Rusconi es la aparición de fotos publicadas por el diario Página 12 donde se ve al fiscal Luciani junto al juez Rodrigo Giménez Uriburu participando de un torneo de fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Macri. El abogado lo expresa tajantemente: "El fiscal y un miembro del tribunal participaron asiduamente de competencias futbolísticas en la quinta del expresidente Macri, que sin dudas es el beneficiado político de una potencial condena".
El representante de Julio De Vido considera que esta irregularidad constituye una razón válida para exigir la absolución de su defendido y del resto de los imputados: "Todo lo que pasó es muy triste en términos de los valores republicanos. Creo que debería ser reparado con una declaración de inocencia para todos los acusados", apunta Rusconi.
La acusación de haber favorecido a un empresario particular cobra relieve al ser concebida como una asociación ilícita liderada por la entonces presidenta.
En torno a este punto orbita gran parte de la defensa de los acusados: "No es posible usar la asociación ilícita para casos vinculados a administración fraudulenta. Pero aun de considerarlo así, un fallo de la Corte Suprema de Justicia ya advirtió que no debía usarse esa figura para delitos de patrimonio", remarca Rusconi.
El abogado se detiene en las implicancias que derivarían de que un Gobierno fuera procesado para llevar a cabo delitos. "Es imposible que un espacio político haya diseñado un programa exclusivamente destinado a cometer un conjunto de crímenes. De ser así, no tendría sentido que el fiscal se limitara a los acusados del caso y no convocara a todo el Gobierno. Por ejemplo, el jefe de gabinete debería ser llamado en primer lugar, pero ni siquiera fue citado", sostiene el letrado. El letrado se refiere al actual presidente, Alberto Fernández, quien fue el jefe de gabinete durante el Gobierno de Cristina Fernández.
La razón que identifica Rusconi para apelar a esta figura penal es la potencial condena en caso de hallar culpables a los acusados. "Esto seduce a los fiscales porque tiene penas muy importantes y porque no hay nada para probar: tan solo el decreto de designar funcionarios alcanzaría para mostrar la existencia del delito", afirma el defensor.
"La asociación ilícita no se puede usar para cualquier disparate. Es una de las grandes vergüenzas del caso", agrega.
Escenario abierto
El panorama no es alentador para la defensa de los acusados, que ven factible un fallo adverso. "Hay un sentimiento ambivalente: si bien no imaginamos cómo podrían condenarlos, sabemos que cualquier cosa desastrosa puede pasar en la Justicia. Soy bastante pesimista", advierte el letrado. "No sabemos de qué se van a disfrazar en caso de que emitan una pena: no hay elementos, sería escandaloso", completa.
Rusconi rechaza tajantemente cualquier veredicto que no sea el de la absolución de todos los sentados en el banquillo. "Puede ser que hagan una inmoralidad a medias y determinen una condena menos severa que la pedida por el fiscal, pero eso no hablaría bien de los jueces tampoco".
El abogado lo grafica con una analogía deportiva: "Es como si a un árbitro lo presionaran para que expulsara a los 11 jugadores del equipo contrario, pero decidiera echar solamente a cinco. No por eso es menos inmoral: es una inmoralidad igual", sostiene.
El reclamo de fondo
El problema subyacente que plantean las defensas de los acusados es el funcionamiento del sistema de justicia en su totalidad. Por eso, el espacio liderado por Cristina Fernàndez ha impulsado en reiteradas oportunidades proyectos para una reforma del Poder Judicial.
"Argentina tiene que reconstruir su dignidad judicial. Hay que barajar y dar de nuevo: desde la democratización hasta el impulso de los juicios por jurado. Es necesaria una reestructuración completa", asevera el abogado.
La voluntad de reconfigurar el sistema de administración de justicia no choca con la de investigar a los magistrados que —siempre desde la perspectiva de la defensa— han actuado irregularmente. "Hay que trabajar en la responsabilidad penal e institucional de los jueces y fiscales. Ya es inmoral declarar la inocencia de un culpable, pero declarar la culpabilidad de un inocente es hasta bíblico: y esto lo hicieron sistemáticamente", señala Rusconi.
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