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Ciberataques a gobiernos latinoamericanos, un flagelo con "consecuencias políticas"

CC0 / PxHere / Datos en una computadora
Datos en una computadora - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2022
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Los recientes hackeos a organismos públicos de Chile o Argentina muestran lo sencillo que puede ser burlar protecciones informáticas. "El hackeo tiene una consecuencia política", advirtió a Sputnik el especialista Emilio Canales, que subrayó la necesidad de que los gobiernos refuercen su ciberseguridad.
Los ciberdelitos son cada vez más frecuentes en todo el mundo y América Latina no es la excepción. El problema se torna más complejo cuando las víctimas son los propios gobiernos y los ataques comprometen incluso a la seguridad nacional.
En Chile, mientras se discute una Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información en medio de un alza sostenido de ciberdelitos desde 2020, el Poder Judicial chileno sufrió un ataque informático que afectó a 150 computadoras del organismo.
Un virus informático infectó algunos de los ordenadores que tenían Windows 7 como sistema operativo, utilizaban el antivirus McAfee y además se encontraban conectados a la red del Poder Judicial.
Unas 3.500 computadoras de 14.990 cumplían con estas características por lo que incluso algunos jueces tuvieron que mantener sus audiencias programadas de forma virtual a través de sus teléfonos móviles.
El hackeo motivó que el organismo emitiera una alerta a jueces y funcionarios para que tomaran mayores precauciones.
Este ataque fue tan solo días después de que trascendiera un hackeo al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) que expuso más de 400.000 correos electrónicos con documentos reservados y secretos.
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Emilio Canales, ingeniero en Informática, oficial de Seguridad de la Información de la Universidad de Chile y experto en ciberseguridad, dijo a Sputnik que ambos ciberataques "técnicamente no tienen relación".
El caso del Poder Judicial "es un problema de desapego a un procedimiento que probablemente existe para mantener las aplicaciones actualizadas y minimizar el riesgo de contaminación con algún código malicioso", detalló.
Canales indicó que, a diferencia del caso del Poder Judicial, el ciberataque contra el EMCO fue un "hackeo tradicional" realizado por un autodenominado "hacktivista" que violó controles de seguridad para exponer los correos.
La filtración masiva de correos provocada por el ataque incluía información sensible como informes del organismo y datos y análisis en materia de defensa de carácter internacional.
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Si bien el ciberataque habría ocurrido en mayo, recién fue divulgado a finales de septiembre porque las autoridades no fueron correctamente informadas.
"El hackeo tiene una consecuencia política (...) el riesgo está porque la información que se maneja, por razones obvias, es bastante sensible", advirtió Canales.
De acuerdo a la prensa chilena, los documentos contenían información sobre el estallido social ocurrido en el país en 2019, así como gastos en que habría incurrido la última administración de Sebastián Piñera (2018-2022) durante el período de Estado de Excepción en las regiones del Biobío y La Araucanía, en el sur del país.
El ataque fue atribuido al grupo internacional denominado 'Guacamaya' que reconoce también haber intervenido los sistemas informáticos policiales y militares de México, Perú, Colombia y El Salvador.
Desde marzo de 2022 el grupo ha centrado su actividad contra compañías que contribuyen a la degradación medioambiental así como organismos que consideran represores de las comunidades latinoamericanas.
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Ciberataques, moneda común en la región

Los hackeos de Chile se suman a una larga lista de filtraciones a organismos públicos en la región.
Argentina también encendió las alarmas en septiembre luego de que un usuario de Twitter advirtiera la circulación de una oferta pública de información confidencial sustraída del Ministerio de Economía de la Nación.
De acuerdo al internauta, un miembro del grupo de hackers 'Everest' publicó dos anuncios en el foro Breached ofreciendo información del Gobierno. Si bien la cartera no reconoció filtraciones en sus sistemas, sí solicitó a la Justicia que investigue "posibles delitos de acción pública".
No es la primera vez que en el país se producen ciberataques: el 11 de septiembre de 2022 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sufrió uno que afectó los sistemas del organismo y meses antes, en enero, el Senado atravesó la misma situación y sufrió intentos de extorsión para recuperar los datos robados.
Sin embargo, el caso que cobró mayor repercusión fue el hackeo a la Dirección Nacional de Migraciones Argentina en agosto de 2020, cuando ciberdelincuentes accedieron a los sistemas del organismo que alojaba los ingresos y las salidas del país.
El ataque incluyó el robo de unas 22 carpetas con información de varias embajadas, datos de Interpol y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que finalmente fueron publicadas en la deep web (internet profunda) luego de que el ente se negara a pagar su rescate.
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La búsqueda de soluciones debe ser regional

De acuerdo a la organización Insight Crime, América Latina "asistió a una explosión de ataques de cibersecuestro de datos, con el uso de nuevas técnicas por parte de los piratas informáticos para atacar infraestructura informática crítica desprotegida”.
Tan solo en los últimos ocho meses de 2021 la región tuvo un aumento del 24% de los ataques, según la empresa especializada en ciberseguridad Kaspersky.
Además, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado en 2020, identificó que únicamente siete de los 32 países latinoamericanos cuentan con un plan de protección para su "infraestructura crítica" que son los sistemas y redes esenciales para la seguridad nacional, la economía, la salud pública.
Para Canales, los gobiernos deben operar como cualquier organización o empresa a la hora de protegerse.
El experto recordó que en el ámbito empresarial los hackers suelen participar de acciones de "espionaje industrial" para obtener "información de empresas que son muy grandes".
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"Hay un montón de gente que está tratando siempre de violar, o de conseguir o de vetar algun servicio o exponer algún dato de este tipo de organizaciones", describió. Para el experto, la defensa que las empresas construyen contra estos hackers es similar a la que deben establecer los organismos públicos.
En ese sentido, Canales consideró que se hace imperativa la inversión de recursos "en un mundo absolutamente globalizado, sin fronteras” porque "en internet no existen fronteras".
"Al menos en el caso chileno una de las cosas que faltan es inversión en tecnología de ciberseguridad y el marco legal de ciberseguridad" así como la colaboración en la materia.
"Debería haber en los países más importantes de la región algún tipo de colaboración, alguna manera de poder actuar en conjunto porque lo que le pasa a un país puede pasarle al otro 10 minutos después o puede ser un ataque simultáneo", advirtió.
Para eso exista, admitió el especialista, debería existir "voluntad política" para este tipo de acuerdos internacionales.
"Así como un gobierno se tiene que ocupar de la vivienda, del trabajo, también se tiene que preocupar por la ciberseguridad", subrayó.
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