El mando militar de México que fue castigado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
El mando militar de México que fue castigado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
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El general José Rodríguez Pérez, mando militar responsable de Iguala cuando sucedió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, recibió formal prisión... 21.09.2022, Sputnik Mundo
Además del general, el capitán José Martínez Crespo y el cabo Eduardo Mota también recibieron formal prisión por el mismo delito, sumado a desaparición forzada, advirtió el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) de México, Alejandro Encinas.En 2014, cuando fue perpetrada la desaparición de los normalistas, José Rodríguez Pérez era coronel y el año siguiente fue ascendido a general. En el momento de los eventos, Rodríguez Pérez era comandante del 27 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, ubicado en la 35 zona militar del país, con sede en Chilpancingo, Guerrero.Desde el inicio de las protestas en repudio a la desaparición de los 43, los padres de las víctimas exigieron al entonces gobierno de Enrique Peña Nieto que se abriera la instalación de infantería a las investigaciones para entender su implicación en el caso.La localidad de Tixtla, que alberga la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se ubica a escasos 16,5 kilómetros de Chilpancingo.El más reciente informe del Gobierno de México sobre la llamada noche de Iguala, ciudad en que se perpetraron los ataques que derivaron en la desaparición de 43 jóvenes, identifica responsabilidad de Rodríguez Pérez en la ejecución de al menos seis normalistas, además de conversaciones del mando militar con el grupo criminal local Guerreros Unidos.El uniformado se encuentra actualmente privado de su libertad en la prisión del campo militar número 1, ubicado en Naucalpan, en las inmediaciones del metro Cuatro Caminos de la zona conurbada de la Ciudad de México.Seis de los 43 estudiantes fueron retenidos durante al menos cuatro días después del 26 de septiembre de 2014, día en que sucedió la desaparición general, para luego ser entregados a custodia de Rodríguez Pérez.Presuntamente, el grupo criminal quiso reprender a los normalistas por interrumpir la ruta de narcóticos operativa en Iguala, punto de encuentro entre Chilpancingo, el puerto de Acapulco y la Ciudad de México, luego de que tomaran autobuses para trasladarse a la capital del país en el marco de las protestas conmemorativas de la matanza de Tlatelolco, perpetrada el 2 de octubre de 1968.Encinas reprocha liberación de imputadosEn paralelo a la formal prisión dictada contra Rodríguez Pérez, el subsecretario de Derechos Humanos informó que el juez Samuel Ventura Ramos determinó la liberación de 24 personas imputadas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa."Con lo que suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por este juez en favor de acusados. La causa penal se abrió a inicios de 2018 por la entonces PGR (Procuraduría General de la República). Esperamos que la Fiscalía General de la República la recurra", expresó el funcionario federal."Esta es la justicia que defienden los testaferros de la verdad histórica", añadió en referencia al mote con que se conoce la versión con que el gobierno de Peña Nieto buscó dar carpetazo al caso de la desaparición de los normalistas, bajo afirmación de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula.El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) impugnaron esta versión, defendida por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, hoy también detenido.
El general José Rodríguez Pérez, mando militar responsable de Iguala cuando sucedió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, recibió formal prisión bajo acusación de delincuencia organizada por su responsabilidad en los hechos.
Además del general, el capitán José Martínez Crespo y el cabo Eduardo Mota también recibieron formal prisión por el mismo delito, sumado a desaparición forzada, advirtió el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) de México, Alejandro Encinas.
En 2014, cuando fue perpetrada la desaparición de los normalistas, José Rodríguez Pérez era coronel y el año siguiente fue ascendido a general. En el momento de los eventos, Rodríguez Pérez era comandante del 27 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, ubicado en la 35 zona militar del país, con sede en Chilpancingo, Guerrero.
Desde el inicio de las protestas en repudio a la desaparición de los 43, los padres de las víctimas exigieron al entonces gobierno de Enrique Peña Nieto que se abriera la instalación de infantería a las investigaciones para entender su implicación en el caso.
La localidad de Tixtla, que alberga la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se ubica a escasos 16,5 kilómetros de Chilpancingo.
El más reciente informe del Gobierno de México sobre la llamada noche de Iguala, ciudad en que se perpetraron los ataques que derivaron en la desaparición de 43 jóvenes, identifica responsabilidad de Rodríguez Pérez en la ejecución de al menos seis normalistas, además de conversaciones del mando militar con el grupo criminal local Guerreros Unidos.
El uniformado se encuentra actualmente privado de su libertad en la prisión del campo militar número 1, ubicado en Naucalpan, en las inmediaciones del metro Cuatro Caminos de la zona conurbada de la Ciudad de México.
Seis de los 43 estudiantes fueron retenidos durante al menos cuatro días después del 26 de septiembre de 2014, día en que sucedió la desaparición general, para luego ser entregados a custodia de Rodríguez Pérez.
Presuntamente, el grupo criminal quiso reprender a los normalistas por interrumpir la ruta de narcóticos operativa en Iguala, punto de encuentro entre Chilpancingo, el puerto de Acapulco y la Ciudad de México, luego de que tomaran autobuses para trasladarse a la capital del país en el marco de las protestas conmemorativas de la matanza de Tlatelolco, perpetrada el 2 de octubre de 1968.
En paralelo a la formal prisión dictada contra Rodríguez Pérez, el subsecretario de Derechos Humanos informó que el juez Samuel Ventura Ramos determinó la liberación de 24 personas imputadas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
"Con lo que suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por este juez en favor de acusados. La causa penal se abrió a inicios de 2018 por la entonces PGR (Procuraduría General de la República). Esperamos que la Fiscalía General de la República la recurra", expresó el funcionario federal.
"Esta es la justicia que defienden los testaferros de la verdad histórica", añadió en referencia al mote con que se conoce la versión con que el gobierno de Peña Nieto buscó dar carpetazo al caso de la desaparición de los normalistas, bajo afirmación de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) impugnaron esta versión, defendida por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, hoy también detenido.
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