Chile vive un 'déjà vu' del estallido con estudiantes saltando torniquetes | Video
23:34 GMT 09.09.2022 (actualizado: 11:41 GMT 20.05.2023)
© AFP 2023 / Martin BernettiProtestas en Chile
© AFP 2023 / Martin Bernetti
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SANTIAGO (Sputnik) — Los estudiantes de Chile iniciaron esta semana una ola de manifestaciones en el centro de Santiago, protagonizando masivas marchas pacíficas, algunas con actos vandálicos como quema de buses y lanzamiento de objetos.
Asimismo, hay un particular método de protesta: el salto de los torniquetes del Metro para evadir el pasaje, lo que muchos interpretaron como un déjà vu del estallido social de 2019, que iniciaron de manera similar.
Para Nicolás Azócar, dirigente estudiantil de la Universidad Diego Portales, existen varias similitudes entre estas protestas y el proceso que comenzaron los estudiantes hace tres años.
"Aunque hoy no existe una demanda unificada entre todos los actores, lo que sí se mantiene es ver que la gente sale a la calle en busca de algo, que pide denunciar injusticias y que se manifiesta en contra del sistema desigual en que vivimos", señaló el dirigente a la Agencia Sputnik.
La Universidad Diego Portales, al igual que otras instituciones de educación superior, se unieron a las manifestaciones que el lunes 5 de septiembre iniciaron los de enseñanza secundaria, quienes salieron en masa a marchar por la Alameda, la calle principal de la capital, pasando por lugares emblemáticos como Plaza Italia y la sede del Gobierno, el palacio de La Moneda.
La policía militarizada
— Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) September 10, 2022
Chilena vuelve a reprimir a los estudiantes que se manifiestan por sus petitorios por más dignidad y calidad en la educación. pic.twitter.com/713ji9epBQ
Cientos de estudiantes secundarios y universitarios se vuelven a autoconvocar en Chile, para marchar exigiendo condiciones mínimas para estudiar, además de una educación sexual integral y el fin de normativas que criminalizan y persigue a los jóvenes. pic.twitter.com/Lr5o1uTnZ6
— Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) September 9, 2022
En los cinco días de la semana se han registrado protestas frente al palacio presidencial, con desmanes que interrumpieron el funcionamiento normal de la capital, pues el Metro debió cerrar varias de sus estaciones y Carabineros (policía militarizada) tuvo que desviar el tránsito vehicular.
El Gobierno interpuso una serie de querellas criminales contra aquellos estudiantes que fueron detenidos durante las manifestaciones y que, eventualmente, resulten responsables de los hechos según la justicia.
Debido a que no existe una organización, movimiento ni partido político que encabece las protestas, el Gobierno ha tenido dificultades para negociar las distintas demandas, que van desde mejorar las condiciones de infraestructura de los establecimientos, hasta una petición para liberar a los manifestantes que fueron encarcelados en el estallido social.
Además, el hecho de que las marchas comenzaran justo esta semana las enmarcó en un ánimo de protesta contra el resultado del plebiscito constitucional del fin de semana, donde la opción Rechazo a la nueva Constitución se impuso por un 61% frente a un 38% del Apruebo, que buscaba adoptar un nuevo texto constitucional.
"Ahora el objetivo, por lo menos desde nuestra perspectiva, es que este proceso constitucional no muera, Chile necesita tener cambios y la gente aún está en la calle con distintas demandas, por ejemplo, para nosotros en la Escuela de Periodismo [donde Azócar estudia] nuestra demanda particular es que se impulse una ley que regule la concentración de los medios de comunicación", afirmó el dirigente, dejando en evidencia la multiplicidad de peticiones que existen en este movimiento.
Postura gubernamental
El Gobierno del presidente Gabriel Boric ha debido lidiar con la ambivalencia del apoyo que en 2019 le entregó a los estudiantes que iniciaron las protestas contra el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) y las críticas que entonces hizo la izquierda a la manera en que el Ejecutivo los reprimió, con tener que crear una estrategia para aplacar las protestas sin vulnerar los derechos humanos.
El argumento de la administración de Boric para ejercer la represión, que hasta la fecha ha dejado decenas de detenidos, es el siguiente: "los derechos de las personas se pueden ejercer y ciertamente entre ellos está el derecho a la manifestación, pero el derecho a quemar buses y a romper semáforos no existe", dijo en conferencia de prensa la recién asumida ministra del Interior, Carolina Tohá.
Para Azócar, los destrozos y los desmanes "son un fenómeno que se alejan de nuestra lucha y de lo que nosotros queremos construir como colectivo, no encuentro que esté mal que el Gobierno se haya querellado contra la gente que está incumpliendo la ley".
"De hecho, considero que los protocolos policiales para las protestas han sido mucho más tranquilos que los que se aplicaron en 2019, en ese periodo, donde yo también participé como estudiante secundario, podíamos estar protestando de manera pacífica y la policía te hacía encerronas, o incluso te disparaba con escopetas antidisturbios", afirmó.
El 9 de septiembre se registraron nuevamente manifestaciones en el centro que resultaron con incidentes: una farmacia fue saqueada, una parada de bus fue destruida y varias estaciones de Metro debieron cerrar.
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