Las confesiones de exmilitares colombianos que asesinaron a inocentes de manera sistematizada
02:05 GMT 20.07.2022 (actualizado: 03:07 GMT 20.07.2022)
© Foto : Cortesía JEP
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En audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, una docena de exmiembros de la Fuerza Pública del batallón La Popa —ubicado en el norte del país— pidieron perdón por hacer pasar a civiles como bajas en combate, los llamados falsos positivos.
Durante dos días, y en audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad naciente luego de la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016, 12 exmilitares narraron lo que ha sido una de las prácticas más macabras en la historia reciente de Colombia, y el cinismo con el que ejecutaron a 127 personas entre 2002 y 2005 cuando Álvaro Uribe Vélez era el presidente y cuando los generales del Ejército pedían resultados a como diera lugar.
Quizá haya existido vértigo antes de pronunciar las palabras, palabras que al final de todo iban a generar más dolor, o mejor, a que el dolor volviera como si todo hubiera ocurrido en el ahora y no en un pasado oscuro.
Sin embargo, este proceso era más que necesario, sobre todo para los familiares de campesinos y campesinas, indígenas, colombianos y colombianas inocentes que fueron asesinados para luego ser presentados como bajas en combate por integrantes de las Fuerzas Militares, más exactamente por miembros del batallón La Popa, en Cesar (al nororiente colombiano).
Los relatos sombríos fueron apareciendo uno tras otro frente a los familiares de las víctimas. "El día que me lo entregaron para matarlo, él había salido a buscar una torta de cumpleaños", le dijo el exsoldado Álex José Mercado al hijo de un hombre que fue vestido como guerrillero.
"Le puse al lado armamento y se fingió un combate en la zona. Yo ordené su ejecución. Me arrepiento mucho. Se veía que era una persona humilde", confesó Elkin Leonardo Burgos, exoficial del Ejército, cabizbajo, frente a una mujer que rompió en llanto al saber lo que sucedió con su esposo.
Con el paso de cada uno de los comparecientes, la situación se tornó más densa ante la expresión de absoluta perplejidad no solo de los magistrados de la JEP que dirigieron la audiencia, sino de los asistentes y, por supuesto, de los familiares.
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Familiar de una de las víctimas se quiebra al conocer cómo fue asesinado su pariente por soldados del Ejército
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Cada uno de los exmilitares pasó al micrófono y contó su historia, asumió responsabilidades y pidió perdón a los familiares
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Familiar de una de las víctimas se quiebra al conocer cómo fue asesinado su pariente por soldados del Ejército
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Cada uno de los exmilitares pasó al micrófono y contó su historia, asumió responsabilidades y pidió perdón a los familiares
"Cuando dábamos resultados nos pagaban con viajes a Cartagena o San Andrés. Incluso nos hacían fiestas con trabajadoras sexuales para premiarnos", reconoció Yeris Andrés Gómez, exsoldado y quien añadió que tropa o batallón que no mostrara bajas no tenía derecho a permisos.
En estos espacios, fomentados para conocer la verdad de lo sucedido en un conflicto cruel e injusto que salpicó a agentes del Estado, que debían proteger a la población civil, se ratificó que hubo alianzas entre las FFMM y paramilitares.
De hecho, se supo que estos grupos al margen de la ley seleccionaban a campesinos e indígenas para que luego el Ejército los asesinara. A veces, en vez de patrullar las zonas, la tropa montaba retenes en las carreteras y se llevaba a los ciudadanos.
"Reconozco y acepto mi responsabilidad a título de coautor por haber ejecutado, coordinado y planeado la muerte de civiles inocentes mientras hice parte del batallón", apuntó Elkin Rojas, quien fuera cabo tercero y otro de los encargados de buscar a las personas, convencerlas de irse con él a cambio de trabajo y luego asesinarlas.
Fue el caso de Joaquín Felipe Contreras, detenido en vía pública y luego presentado como subversivo tras un combate inexistente. "Nos inventábamos informes de patrullaje. Llamábamos a la base, decíamos que estábamos en intercambio de disparos con los delincuentes y luego reportábamos las bajas", añadió.
El mismo Rojas recordó cómo, con sevicia, le dijo a una de las víctimas, cuando esta se dio cuenta de que la iban a matar, que se pusiera el uniforme de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y así le prometía que le entregaba el cuerpo a su familia.
Así fue el escenario para esta audiencia de reconocimiento de los falsos positivos en Cesar, al nororiente de Colombia
© Foto : Cortesía JEP
Se supo, en medio de la diligencia, que dentro del Ejército se creó una medalla llamada Gris, que le daban a quien superara las siete bajas, límite para participar por un viaje a la península del Sinaí (Egipto), donde está apostado un batallón colombiano.
Entre las tantas historias también se supo la de Albeiro Flórez, capturado mientras recogía café y luego asesinado.
O la de Luis Eduardo Oñate, indígena wiwa —comunidad que habita la Sierra Nevada de Santa Marta al norte del país—, y que apareció en una noticia como miembro de un grupo armado que había sido neutralizado. El recorte del periódico, amarillento por el paso del tiempo (18 años), aún lo guarda su hermana Osmaira Nieves.
Frialdad en los relatos, relatos que los medios apenas conocen y que el país entero ahora sabe gracias al proceso que llevan todos los exmilitares que decidieron acogerse a la justicia transicional para, además de pedirle perdón a los familiares de las víctimas, narrar la verdad, por dura que sea.
"No les voy a perdonar que hayan matado a mi hermana, que estaba embarazada. Y que tuvieran la crueldad de pegarle un tiro por sus partes íntimas", contó María Faustina Martínez.
Como ella, varios familiares tuvieron la oportunidad de ver el rostro de quienes les arrebataron a sus seres queridos, de pedir explicaciones por lo ocurrido y de exigir verdades completas para así conocer razones y procurar calmar un dolor que no sanará nunca.
16 de diciembre 2021, 22:37 GMT
Ahora, ¿qué viene?
Luego de dos jornadas intensas, los representantes de las víctimas, junto a la Procuraduría, van a tener 15 días hábiles para pronunciarse sobre estos reconocimientos y analizar si se cumplió con lo pactado.
Después, la JEP valorará la situación y emitirá una resolución de conclusiones, figura que genera la remisión de los exmilitares para que ya sea el tribunal para la paz el que emita la sanción efectiva y se conozcan las acciones restaurativas.
"Esto que acaba de suceder es histórico y solo se dio gracias al Acuerdo de Paz. Hasta ahora lo que habíamos visto en la justicia ordinaria era negacionismo, falsear hechos y pruebas. Sin embargo, ahora los máximos responsables aceptaron sus responsabilidades, señalando a los superiores por las presiones en la línea de mando y el daño a las víctimas por estas prácticas", concluyó el magistrado Óscar Parra, uno de los encargados del caso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
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