Colombia y el reto de proteger a los líderes sociales y defensores de DDHH
© Sputnik / Andrés Pachón
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BOGOTÁ (Sputnik) — Camilo Puni Bomba era líder social, comunero de Guaitalá, resguardo de Munchique los Tigres, y docente desde hace 10 años del Colegio Agrícola La Aurora ubicado en el municipio colombiano Quilichao (noreste, Santander). El 4 de este mes fue asesinado.
Se convirtió el líder social número 99 en ser asesinado en lo que va de este año.
Con esta cifra Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para quienes trabajan por los derechos humanos. Dato que también resaltó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ubicando al país por encima de Honduras, México y Guatemala.
Sobre quiénes están detrás de estos crímenes, el director de la organización INDEPAZ, Camilo González Posso, le contó a Sputnik que se trata de distintas estructuras criminales cobijadas por mafias
"Los que disparan son sicarios, por lo menos la mitad de los asesinatos son presuntamente por gente vinculada a grupos armados ilegales. Detrás están los intereses de mafias y del narcotráfico (…), pero también hay otros grupos vinculados a otras economías o particularmente a recursos como el oro, la madera y la construcción de infraestructura a gran escala, por lo que hay muchos negocios que utilizan la violencia para poder imponer sus condiciones", dijo.
La mayoría de estos crímenes han sucedido desde la firma del Acuerdo de Paz entre la ahora extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado, y durante la administración de Iván Duque, quien llegó al poder con la promesa de modificar ese tratado.
28 de junio 2022, 19:01 GMT
Enfoque
En los cuatro años de Duque, han sido asesinados 930 líderes sociales, una cifra escandalosa que sería el reflejo de lo poco que ha hecho el Estado para proteger a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos y los excombatientes y el enfoque incorrecto.
Gonzáles cree que el Gobierno está dirigiendo más la estrategia enfocándose en quienes comenten los crímenes y no a atacar el problema de raíz.
"Es que el Gobierno Nacional dirige toda la atención a los gatilleros, a los grupos armados, pero son apenas los instrumentos de todo un complejo marco criminal y mafioso. El Gobierno enfoca su estrategia solamente a un aspecto superficial, no va al fondo el problema y no tiene una política de seguridad humana que incluya a la población", insistió.
Según el informe de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, 68,35% de los homicidios de líderes sociales en Colombia se esclarecieron durante 2021.
La cifra podría parecer un gran avance, pero según el director de Indepaz, los datos son engañosos.
"Todos esos porcentajes tienen dos problemas: uno es que el denominador que toman la cifra más pequeña de asesinatos y por el otro lado confunden a la población con la palabra 'esclarecimiento'. Una cosa es que avancen las investigaciones, que tengan indicios, y otra cosa es que exista un proceso judicial culminado; un esclarecimiento se da no solamente contra el juicio, sino cuando en el juicio se entraña las estructuras criminales y todas sus complicidades y permite avanzar a su desmantelamiento; entonces, esa palabra es un engaño", argumentó.
13 de julio 2022, 17:14 GMT
Con la inminente asunción de Gustavo Petro como nuevo presidente, las organizaciones sociales creen que cambiará el enfoque de protección para los defensores de los derechos humanos.
La hoja de ruta que propone González Posso para proteger a futuras víctimas y acabar con el problema de raíz es la realización de un diagnóstico para identificar las organizaciones y poderes ocultos que están acabando con la vida de quienes protegen los derechos humanos.
"Lo primero que tiene que haber es algún diagnóstico completo y complejo de la realidad, de todas las interrelaciones económicas, políticas nacionales e internacionales, las complicidades e hilos dentro de las instituciones y la fuerza pública, dirigiendo los esfuerzos en contra de los eslabones más fuertes en los determinadores y los que más se benefician de todas estas dinámicas violentas y los negocios que sostienen", sostuvo.
Por ahora se espera que el nuevo Gobierno de Petro, quien asumirá el 7 de agosto, implemente el Acuerdo de Paz, pues el poco interés que ha suscitado por parte de quienes tienen el poder ha desembocado en esta dinámica de violencia que parece no tener fin en Colombia.
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