Bolivia, ante el dilema de cómo reformar su cuestionado sistema judicial
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SANTA CRUZ (Sputnik) — Cómo reformar el sistema de justicia es el dilema al que se enfrenta actualmente Bolivia tras una serie de cuestionamientos internos —desde la sociedad civil—, y externos, como el informe del relator para la independencia de magistrados de la ONU, que ponen en entredicho su efectiva aplicación.
Desde el Gobierno aseguran que se están dando los pasos para mejorar la administración de justicia, mientras que expertos afirman que se debe reformar la Constitución, medida que tomará tiempo, pero que también se puede optar por vías rápidas, como convocar a académicos destacados para participar de las elecciones judiciales en 2023.
"La pregunta fundamental es qué reforma queremos, qué transformación, qué revolución de la justicia necesitamos y acá el factor fundamental es qué juez queremos…", reflexionó el ministro de Justicia, Iván Lima, en el foro Diálogos plurales para la transformación de la justicia, realizado el 6 de julio con la finalidad de debatir la ruta para la reforma judicial.
En su intervención, Lima descartó una reforma de la Constitución para introducir cambios en la justicia y apuesta ir paso a paso. "El modelo que estamos estableciendo y estamos buscando en la gestión del presidente Luis Arce es dar respuestas a los pedidos de justicia en el país. Asegurar un debido proceso. Un Gobierno democrático garantiza el debido proceso y garantiza justicia", afirmó.
En cambio, el destacado jurista Francisco Boreinstein, que ejerció como fiscal por 15 años en la ciudad de Santa Cruz (este), consideró en entrevista con la agencia Sputnik que lo ideal es una reforma constitucional, algo que tomará mucho tiempo.
No obstante, dijo que mientras no se reforme la carta magna, se pueden implementar cambios graduales.
"No se logran cambios de la noche a la mañana. Nunca hemos tomado la decisión de mejorar la justicia, Tenemos que empezar por dar el primer paso", dijo.
En su criterio, el Gobierno nacional no toma la decisión definitiva porque no existe independencia de poderes y tiene a su servicio a los jueces, fiscales y magistrados.
23 de febrero 2022, 17:16 GMT
Para erradicar esto, plantea mejorar la selección y elección de jueces para ocupar cargos judiciales, que actualmente son elegidos mediante voto popular, según lo establecido en la reforma constitucional de 2009, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, donde el Congreso es quien define quiénes serán los magistrados.
Actualmente, existen 1.100 jueces en el país y casi la mitad son transitorios.
Para Lima "es una vergüenza nacional tener 47% de jueces transitorios", y se puso como meta que 100% sean jueces institucionalizados hasta diciembre.
La justicia en Bolivia está integrada por cuatro jurisdicciones: jurisdicción ordinaria, ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); jurisdicción agroambiental, mediante el Tribunal Agroambiental (TA); jurisdicción especializada, a cargo de autoridades indígenas, y la jurisdicción constitucional, a través del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Además, existe el Consejo de la Magistratura, que ejerce control disciplinario de las jurisdicciones mencionadas, así como la fiscalización del manejo financiero y de la gestión.
Críticas
Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente interino de Bolivia entre junio de 2005 y enero de 2006, y presidente de la Corte Suprema de Justicia entre marzo de 2004 y junio de 2005, también participó en el debate por la transformación de la justicia, junto al ministro Lima.
En su exposición graficó con dos ejemplos la falta de independencia de la justicia boliviana y sus deficiencias.
El exmagistrado se remontó a 2017, cuando el Tribunal Constitucional "reinterpretó la Constitución" y autorizó al entonces presidente Evo Morales (2006-2019) a repostularse para un cuarto mandato, pese a que la Constitución boliviana solo permite dos mandatos consecutivos.
3 de enero 2022, 19:35 GMT
El segundo ejemplo con el que argumentó su opinión ocurrió en 2019. Cuando se avizoraba un cambio del poder político en el país, el Tribunal que debe velar por la supremacía de la Constitución emitió una declaración diciendo que la "autoproclamación de Jeanine Áñez (2019-2020) estaba bien hecha".
Ambas actuaciones del garante de la Constitución boliviana generaron una crisis social y una mayor polarización política e inestabilidad democrática en el país.
Una evaluación más detallada de la justicia boliviana es el informe del relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, publicado el 24 de junio.
El trabajo destaca la falta de independencia judicial, la falta de acceso a la justicia, el abuso de la detención preventiva, la debilidad en la carrera judicial con jueces transitorios, el reducido presupuesto para el poder judicial y la corrupción del sistema de justicia.
"La carrera judicial es muy débil, dada la alta proporción de jueces transitorios, así como [por las] regulaciones y prácticas que afectan principios básicos como la inamovilidad. Existen dificultades en el acceso a la justicia. Se constató, también, que los patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados", consigna el informe.
El impacto de la corrupción también incide en la profunda desconfianza en la administración de justicia boliviana, según el documento
Un problema estructural es el tema del presupuesto; por ejemplo, el órgano judicial no constituye ni siquiera el 0,5% del presupuesto general de la Nación.
El ranking sobre la justicia en el mundo 2021, de la organización World Justice, también pone en relieve lo deteriorado que está el sistema en Bolivia, al ubicarlo en el puesto 29 entre 32 naciones de Latinoamérica y, a escala global, en el puesto 129 entre 139 países examinados.
Propuesta de reforma
Para William Herrera, abogado y profesor de derecho en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), una reforma judicial en Bolivia requiere primero un acuerdo nacional entre el Gobierno, las organizaciones políticas de oposición e instituciones de la sociedad civil.
6 de enero 2022, 20:15 GMT
En conversación con la Agencia Sputnik, el especialista dijo que la prioridad de la reforma debe ser modificar la elección y el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional.
"Se debe comenzar por cambiar las cabezas y luego realizar una profunda reforma al interior del poder judicial, carreras judiciales, presupuesto, tecnología, evaluaciones, infraestructura, incremento de jueces, y otras falencias", detalló.
Para Herrera, una transformación judicial requiere de una reforma constitucional, ya que es fundamental la forma de designación de los jueces de las altas cortes.
También sugirió vías rápidas que no impliquen, por el momento, una reforma de la Constitución, y propuso que la Asamblea, sin renunciar a su potestad de selección, invite a académicos notables para que sean validados en las urnas.
El abogado y docente recordó que el primer Tribunal Constitucional en Bolivia se conformó invitando a gente del sector académico y el Congreso de entonces los eligió.
Nadie cuestionó eso y le dio prestigio al primer Tribunal Constitucional, porque nunca estuvo sometido al poder político y fue independiente.
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