El escándalo de Pegasus pone en riesgo las medidas de Sánchez contra la inflación
El escándalo de Pegasus pone en riesgo las medidas de Sánchez contra la inflación
Sputnik Mundo
MOSCÚ (Sputnik) — El escándalo por las revelaciones acerca del presunto espionaje a más de 60 líderes independentistas catalanes a través del 'software'... 27.04.2022, Sputnik Mundo
El líder socialdemócrata afronta este jueves una votación crucial: el Congreso de los Diputados decidirá si convalida o no el decreto con las medidas del Gobierno para paliar los efectos económicos de la operación militar de Rusia en Ucrania.Este paquete normativo, dedicado sobre todo a luchar contra la inflación, prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos —6.000 mediante ayudas directas y el resto en líneas de crédito— con medidas que reducen el precio de los carburantes —lo que aplacó la huelga de transportistas de marzo—, aumentan ayudas sociales y crean fondos de apoyo para los sectores productivos más afectados.Rompecabezas parlamentarioEs decir, se trata de un decreto clave para que el Gobierno no afronte una ola de descontento social. Sin embargo, el Ejecutivo llega a la votación del 28 de abril sin tener garantizada la convalidación. Las dos formaciones que integran el Gobierno —Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP)— suman 154 escaños en el Congreso de los Diputados, lejos de la mayoría absoluta, situada en 175.Para salir adelante, la votación debe saldarse con más síes que noes. En ese contexto, la postura que adopten las formaciones independentistas como Esquerra Republicana de Cataluña (13 diputados) o EH Bildu (5 diputados) —ambas afectadas por el espionaje— vuelve a ser crucial para el Gobierno.La votación no depende exclusivamente de ellos, ya que sumando a otros de los socios habituales del Gobierno —PNV (6), PDECat (4), Más País (2), Compromís (1), Nueva Canarias (1), PRC (1) o Teruel Existe (1)— se podrían sumar hasta 170 escaños, abriendo incluso la puerta a que el Ejecutivo apruebe el decreto con su abstención o buscando alianzas alternativas en la bancada de la derecha.Sin embargo, la experiencia demuestra el riesgo que este escenario supone para el Gobierno. El pasado mes de febrero el Ejecutivo consiguió aprobar la reforma laboral, una de las normas más importantes de su programa, con un margen de un solo voto gracias a que un diputado de la bancada conservadora se equivocó de botón tras no conseguir el voto a favor de Esquerra.El 26 de abril el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián, amenazó con boicotear la agenda legislativa del Gobierno si no se toman medidas destinadas a depurar responsabilidades en lo referente al espionaje."El único idioma que en entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa", dijo Rufián, quien admitió que votar en contra de medidas destinadas a paliar la inflación puede ser algo impopular, aunque justificó hacerlo porque "es más lesivo que en una democracia se espíe a la gente que no te gusta".Robles, en el punto de miraPor el momento el Gobierno de España respondió a la crisis del espionaje anunciando una investigación interna en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y poniendo en marcha mecanismos para convocar a la comisión de secretos oficiales en el Congreso. El propio Pedro Sánchez afirmó el 26 de abril en un tenso intercambio parlamentario con Gabriel Rufián que su intención es "esclarecer los hechos" y "rendir cuentas".No obstante, subrayó que lo hará "ateniéndose a la legalidad", lo que también implica plegarse a la ley de secretos que protege la actividad del CNI. En esa línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles —máxima responsable política del CNI— volvió a defender la actuación de las autoridades españolas, asegurando que "no hay ningún material probatorio" que apunte a posibles irregularidades.Aunque sin llegar a admitir el espionaje, la ministra justificó la vigilancia a líderes independentistas recordando los episodios de desorden públicos vividos en los años 2017 y 2019, durante el auge del movimiento separatista en Cataluña.Estas palabras desataron un importante enfado en las filas independentistas. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès —miembro de ERC y uno de los políticos presuntamente espiados— exigió de forma inmediata su dimisión asegurando que sus declaraciones "la incapacitan políticamente para seguir en el cargo".Por su parte, Gabriel Rufián calificó las palabras de Robles como "declaraciones propias de bar" y exigió al Ejecutivo explicaciones convincentes, insistiendo que el sentido del voto de ERC el 28 de abril "depende del PSOE".Con el paso de las horas, la crisis política en torno al presunto espionaje sigue tensándose, lo que agrega todavía más incertidumbre a la crucial votación del 28 de abril en el Congreso, a la que finalmente asistirá presencialmente Pedro Sánchez, que el 27 de abril canceló el viaje que tenía previsto a Polonia y Modavia alegando "problemas de agenda".
MOSCÚ (Sputnik) — El escándalo por las revelaciones acerca del presunto espionaje a más de 60 líderes independentistas catalanes a través del 'software' israelí Pegasus entre 2017 y 2019 supone una amenaza a la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez en España.
El líder socialdemócrata afronta este jueves una votación crucial: el Congreso de los Diputados decidirá si convalida o no el decreto con las medidas del Gobierno para paliar los efectos económicos de la operación militar de Rusia en Ucrania.
Este paquete normativo, dedicado sobre todo a luchar contra la inflación, prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos —6.000 mediante ayudas directas y el resto en líneas de crédito— con medidas que reducen el precio de los carburantes —lo que aplacó la huelga de transportistas de marzo—, aumentan ayudas sociales y crean fondos de apoyo para los sectores productivos más afectados.
Rompecabezas parlamentario
Es decir, se trata de un decreto clave para que el Gobierno no afronte una ola de descontento social. Sin embargo, el Ejecutivo llega a la votación del 28 de abril sin tener garantizada la convalidación. Las dos formaciones que integran el Gobierno —Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP)— suman 154 escaños en el Congreso de los Diputados, lejos de la mayoría absoluta, situada en 175.
Para salir adelante, la votación debe saldarse con más síes que noes. En ese contexto, la postura que adopten las formaciones independentistas como Esquerra Republicana de Cataluña (13 diputados) o EH Bildu (5 diputados) —ambas afectadas por el espionaje— vuelve a ser crucial para el Gobierno.
La votación no depende exclusivamente de ellos, ya que sumando a otros de los socios habituales del Gobierno —PNV (6), PDECat (4), Más País (2), Compromís (1), Nueva Canarias (1), PRC (1) o Teruel Existe (1)— se podrían sumar hasta 170 escaños, abriendo incluso la puerta a que el Ejecutivo apruebe el decreto con su abstención o buscando alianzas alternativas en la bancada de la derecha.
Sin embargo, la experiencia demuestra el riesgo que este escenario supone para el Gobierno. El pasado mes de febrero el Ejecutivo consiguió aprobar la reforma laboral, una de las normas más importantes de su programa, con un margen de un solo voto gracias a que un diputado de la bancada conservadora se equivocó de botón tras no conseguir el voto a favor de Esquerra.
El 26 de abril el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián, amenazó con boicotear la agenda legislativa del Gobierno si no se toman medidas destinadas a depurar responsabilidades en lo referente al espionaje.
"El único idioma que en entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa", dijo Rufián, quien admitió que votar en contra de medidas destinadas a paliar la inflación puede ser algo impopular, aunque justificó hacerlo porque "es más lesivo que en una democracia se espíe a la gente que no te gusta".
Robles, en el punto de mira
Por el momento el Gobierno de España respondió a la crisis del espionaje anunciando una investigación interna en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y poniendo en marcha mecanismos para convocar a la comisión de secretos oficiales en el Congreso. El propio Pedro Sánchez afirmó el 26 de abril en un tenso intercambio parlamentario con Gabriel Rufián que su intención es "esclarecer los hechos" y "rendir cuentas".
No obstante, subrayó que lo hará "ateniéndose a la legalidad", lo que también implica plegarse a la ley de secretos que protege la actividad del CNI. En esa línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles —máxima responsable política del CNI— volvió a defender la actuación de las autoridades españolas, asegurando que "no hay ningún material probatorio" que apunte a posibles irregularidades.
Aunque sin llegar a admitir el espionaje, la ministra justificó la vigilancia a líderes independentistas recordando los episodios de desorden públicos vividos en los años 2017 y 2019, durante el auge del movimiento separatista en Cataluña.
"¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, organiza desordenes públicos o está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?", dijo Robles el 26 de abril.
Estas palabras desataron un importante enfado en las filas independentistas. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès —miembro de ERC y uno de los políticos presuntamente espiados— exigió de forma inmediata su dimisión asegurando que sus declaraciones "la incapacitan políticamente para seguir en el cargo".
Por su parte, Gabriel Rufián calificó las palabras de Robles como "declaraciones propias de bar" y exigió al Ejecutivo explicaciones convincentes, insistiendo que el sentido del voto de ERC el 28 de abril "depende del PSOE".
Con el paso de las horas, la crisis política en torno al presunto espionaje sigue tensándose, lo que agrega todavía más incertidumbre a la crucial votación del 28 de abril en el Congreso, a la que finalmente asistirá presencialmente Pedro Sánchez, que el 27 de abril canceló el viaje que tenía previsto a Polonia y Modavia alegando "problemas de agenda".
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