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La Corte de México deroga prohibición de 10 años a exfuncionarios para trabajar con privados
La Corte de México deroga prohibición de 10 años a exfuncionarios para trabajar con privados
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Suprema Corte de Justicia de México declaró por unanimidad que es inconstitucional una prohibición que impedía durante diez... 05.04.2022, Sputnik Mundo
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Los ministros votaron por anular el segundo párrafo del Artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, porque "afecta la libertad de trabajo y el plazo que establece es excesivo".El dictamen del máximo tribunal anula un párrafo de la ley promulgada el 19 de noviembre de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras una reforma promovida por su administración aprobada en el Congreso para evitar los conflictos de intereses.El texto que la Suprema Corte considera contrario a la Constitución establecía que los funcionarios de mando superior "que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años".Opinion de los ministrosDe acuerdo con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, esa norma no cumple el "criterio de necesidad", porque su plazo es muy largo.La prohibición incluida en la Ley de Austeridad Republicana, "no es necesaria, ya que establece un plazo demasiado largo en comparación a otras medidas que buscan regular las mismas acciones".Asimismo el impedimento no podría aplicarse de la misma manera para todos los altos funcionarios que manejan información diferente en sus cargos.Otro juez del tribunal supremo, Alberto Pérez Dayán, señaló que esta diferencia entre las tareas que desempeñan los funcionarios la hace discriminatoria y por lo tanto viola la Constitución mexicana.Una norma que fije límites "debe operar para cualquier funcionario público que, a razón de sus funciones, tenga acceso a información privilegiada y esto le genere una ventaja frente a otros trabajos".A su turno, el magistrado Luis Aguilar esta norma podría genera incertidumbre en su ejecución al entrar en conflicto con otras leyes generales."La Ley de Austeridad Republicana se señala un periodo de 10 años como prohibición, mientras que en la Ley de Responsabilidades Administrativas se señala solamente un año", contrató.La falta de certeza en los juzgadores se origina al preguntar cuál sería la sanción que se debería aplicar, y cómo sería el supuesto que se está incumpliendo, "si una ley dice un periodo y la otra dice otro"..La ministra ponente Norma Lucía Piña Hernández, expuso que la prohibición tenía una finalidad legítima, por ejemplo evitar conflictos de intereses.El propósito era eliminar la posibilidad de que una empresa tenga ventajas indebidas al lograr acceso a la información privilegiada de los exfuncionariosUno de los casos paradigmáticos esgrimidos por López Obrador con frecuencia se refiere a al expresidente Felipe Calderón (2006-2012), que fue contratado para integrar el consejo de administración de la firma española del sector energético Iberdrola, que tiene contratosen México.
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La Corte de México deroga prohibición de 10 años a exfuncionarios para trabajar con privados
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Suprema Corte de Justicia de México declaró por unanimidad que es inconstitucional una prohibición que impedía durante diez años a los altos funcionarios de trabajar con empresas privadas relacionadas con sus cargos, después de salir del Gobierno.
Los ministros votaron por anular el segundo párrafo del Artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, porque "afecta la libertad de trabajo y el plazo que establece es excesivo".
El dictamen del máximo tribunal anula un párrafo de la ley promulgada el 19 de noviembre de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras una reforma promovida por su administración aprobada en el Congreso para evitar los conflictos de intereses.
El texto que la Suprema Corte considera contrario a la Constitución establecía que los funcionarios de mando superior "que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años".
De acuerdo con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, esa norma no cumple el "criterio de necesidad", porque su plazo es muy largo.
La prohibición incluida en la Ley de Austeridad Republicana, "no es necesaria, ya que establece un plazo demasiado largo en comparación a otras medidas que buscan regular las mismas acciones".
Asimismo el impedimento no podría aplicarse de la misma manera para todos los altos funcionarios que manejan información diferente en sus cargos.
"No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción, por lo tanto me parece que la norma es sobreinclusiva", estimó el magistrado presidente de la máxima Corte.
Otro juez del tribunal supremo, Alberto Pérez Dayán, señaló que esta diferencia entre las tareas que desempeñan los funcionarios la hace discriminatoria y por lo tanto viola la Constitución mexicana.
Una norma que fije límites "debe operar para cualquier funcionario público que, a razón de sus funciones, tenga acceso a información privilegiada y esto le genere una ventaja frente a otros trabajos".
30 de marzo 2022, 23:35 GMT
A su turno, el magistrado Luis Aguilar esta norma podría genera incertidumbre en su ejecución al entrar en conflicto con otras leyes generales.
"La Ley de Austeridad Republicana se señala un periodo de 10 años como prohibición, mientras que en la Ley de Responsabilidades Administrativas se señala solamente un año", contrató.
La falta de certeza en los juzgadores se origina al preguntar cuál sería la sanción que se debería aplicar, y cómo sería el supuesto que se está incumpliendo, "si una ley dice un periodo y la otra dice otro"..
La ministra ponente Norma Lucía Piña Hernández, expuso que la prohibición tenía una finalidad legítima, por ejemplo evitar conflictos de intereses.
El propósito era eliminar la posibilidad de que una empresa tenga ventajas indebidas al lograr acceso a la información privilegiada de los exfuncionarios
No obstante señaló que "el plazo de prohibición de una década es excesivo".
Uno de los casos paradigmáticos esgrimidos por López Obrador con frecuencia se refiere a al expresidente Felipe Calderón (2006-2012), que fue contratado para integrar el consejo de administración de la firma española del sector energético Iberdrola, que tiene contratosen México.
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