Cárceles ecuatorianas, con puerta giratoria para la violencia
Cárceles ecuatorianas, con puerta giratoria para la violencia
Sputnik Mundo
QUITO (Sputnik) — Una nueva y dantesca masacre en una prisión de Ecuador el fin de semana confirmó el imparable incremento de los índices de violencia en los... 04.04.2022, Sputnik Mundo
Al menos 20 reclusos murieron, otros cinco resultaron mutilados y otros cinco heridos en un verdadero baño de sangre ocurrido en la madrugada del 3 de abril en el Centro de Privación de la Libertad Número 1, conocido como la cárcel de Turi, en el sur del país. Además, otros 90 presos fueron evacuados.En 2020 y 2021 se habían producido masacres similares en otras cárceles. Según las autoridades, estas obedecen a disputas entre bandas criminales que procuran el control en esos centros de reclusión. Las disputas son espejo de las que paralelamente se desarrollan en las calles de diversas ciudades del país, sobre todo en la provincia de Guayas (oeste), sobre la costa del Pacífico.Es por eso que las fuerzas de seguridad han realizado diversas acciones para contrarrestar la criminalidad. El mes pasado, un megaoperativo con casi 600 uniformados tomó control de una de las zonas más peligrosas de Guayas: el cerro Las Cabras, en el cantón Durán.En el operativo se allanaron 32 viviendas y, entre otras cosas, se encontró armas de fuego así como cocaína y marihuana.El ciudadano añade: "Ya no se puede salir ni a la tienda; las bandas se apoderaron del sector".El cantón Durán es vecino a la ciudad de Guayaquil, y junto con Samborondón forman parte de la denomina Zona 8, en la que entre enero y febrero las muertes violentas crecieron en 205% en relación con el mismo período del año pasado.Abandono estatalUn informe publicado a inicios de marzo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que el origen de la crisis está en el abandono del sistema penitenciario por parte del Estado y a la falta de una política criminal comprehensiva, que busque la prevención y control de la delincuencia mediante un enfoque de derechos humanos, y que responda a las causas que la originan.Una misión del organismo visitó las cárceles de Ecuador en diciembre pasado tras la serie de sucesos violentos que terminaron con el asesinato durante 2021 de 316 presos en diversas prisiones a manos de sus propios compañeros, y cientos de heridos.La mayoría de las personas fallecidas eran jóvenes que se encontraban en prisión preventiva, acusados por delitos menores, y algunos, incluso, tenían ya la boleta de excarcelación.La CIDH coincide con expertos locales en afirmar que la crisis carcelaria es estructural y se caracteriza por niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones.De acuerdo con información oficial del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el total de reclusos en el país andino supera las 36.000 personas, en 36 centros de detención, entre ellos las denominadas megacárceles: Guayas No. 1, con 7.231 personas; Guayas No.4, con 4.978; y Cotopaxi No.1, con 4.890, en donde se han detectado los peores hechos de violencia.Perfil de los detenidosDe la población que se encuentra en los diferentes centros de reclusión del país, el 93% son hombres, el 6% mujeres, el 44% tiene entre 18 y 30 años, y la mayoría de estas personas son reincidentes y no tiene apoyo familiar.Solo el 71% tiene educación básica.La mayoría de las personas privadas de la libertad proviene de contextos caracterizados por altos niveles de violencia, pobreza o pobreza extrema y por consumo de drogas desde temprana edad.En cuanto a las conductas penales por las que las personas se encuentran privadas de libertad, el Estado reportó que los cinco delitos que concentran el mayor número de población penitenciaria son: delitos relacionados con drogas (28,19%); delitos contra la propiedad (26,17%), delitos contra la integridad sexual y reproductiva (16,18%), delitos contra la inviolabilidad de la vida (13.47%), y delitos contra las personas (4.36%).
QUITO (Sputnik) — Una nueva y dantesca masacre en una prisión de Ecuador el fin de semana confirmó el imparable incremento de los índices de violencia en los centros penitenciarios, que se retroalimenta con la criminalidad en las calles.
Al menos 20 reclusos murieron, otros cinco resultaron mutilados y otros cinco heridos en un verdadero baño de sangre ocurrido en la madrugada del 3 de abril en el Centro de Privación de la Libertad Número 1, conocido como la cárcel de Turi, en el sur del país. Además, otros 90 presos fueron evacuados.
En 2020 y 2021 se habían producido masacres similares en otras cárceles. Según las autoridades, estas obedecen a disputas entre bandas criminales que procuran el control en esos centros de reclusión. Las disputas son espejo de las que paralelamente se desarrollan en las calles de diversas ciudades del país, sobre todo en la provincia de Guayas (oeste), sobre la costa del Pacífico.
Es por eso que las fuerzas de seguridad han realizado diversas acciones para contrarrestar la criminalidad. El mes pasado, un megaoperativo con casi 600 uniformados tomó control de una de las zonas más peligrosas de Guayas: el cerro Las Cabras, en el cantón Durán.
En el operativo se allanaron 32 viviendas y, entre otras cosas, se encontró armas de fuego así como cocaína y marihuana.
"Vivimos con miedo. Si uno ve una motocicleta, uno se asusta, igual cuando autos se paran cerca de uno. Hay tanto crimen, tanta delincuencia, que ya no sabemos qué hacer", comenta a esta agencia un morador de ese sector, que prefiere mantener su nombre en reserva por temor a represalias.
El ciudadano añade: "Ya no se puede salir ni a la tienda; las bandas se apoderaron del sector".
El cantón Durán es vecino a la ciudad de Guayaquil, y junto con Samborondón forman parte de la denomina Zona 8, en la que entre enero y febrero las muertes violentas crecieron en 205% en relación con el mismo período del año pasado.
Abandono estatal
Un informe publicado a inicios de marzo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que el origen de la crisis está en el abandono del sistema penitenciario por parte del Estado y a la falta de una política criminal comprehensiva, que busque la prevención y control de la delincuencia mediante un enfoque de derechos humanos, y que responda a las causas que la originan.
Una misión del organismo visitó las cárceles de Ecuador en diciembre pasado tras la serie de sucesos violentos que terminaron con el asesinato durante 2021 de 316 presos en diversas prisiones a manos de sus propios compañeros, y cientos de heridos.
La mayoría de las personas fallecidas eran jóvenes que se encontraban en prisión preventiva, acusados por delitos menores, y algunos, incluso, tenían ya la boleta de excarcelación.
La CIDH coincide con expertos locales en afirmar que la crisis carcelaria es estructural y se caracteriza por niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones.
De acuerdo con información oficial del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el total de reclusos en el país andino supera las 36.000 personas, en 36 centros de detención, entre ellos las denominadas megacárceles: Guayas No. 1, con 7.231 personas; Guayas No.4, con 4.978; y Cotopaxi No.1, con 4.890, en donde se han detectado los peores hechos de violencia.
Perfil de los detenidos
De la población que se encuentra en los diferentes centros de reclusión del país, el 93% son hombres, el 6% mujeres, el 44% tiene entre 18 y 30 años, y la mayoría de estas personas son reincidentes y no tiene apoyo familiar.
Solo el 71% tiene educación básica.
La mayoría de las personas privadas de la libertad proviene de contextos caracterizados por altos niveles de violencia, pobreza o pobreza extrema y por consumo de drogas desde temprana edad.
En cuanto a las conductas penales por las que las personas se encuentran privadas de libertad, el Estado reportó que los cinco delitos que concentran el mayor número de población penitenciaria son: delitos relacionados con drogas (28,19%); delitos contra la propiedad (26,17%), delitos contra la integridad sexual y reproductiva (16,18%), delitos contra la inviolabilidad de la vida (13.47%), y delitos contra las personas (4.36%).
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