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El Gobierno paraguayo mantiene la apertura al diálogo con los campesinos ante movilizaciones

© AP Photo / Jorge SaenzFederico González, el ministro del Interior de Paraguay
Federico González, el ministro del Interior de Paraguay - Sputnik Mundo, 1920, 23.03.2022
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MONTEVIDEO (Sputnik) — El ministro del Interior de Paraguay, Federico González, afirmó que el Gobierno está abierto al diálogo con las organizaciones campesinas para atender sus reclamos.
"El diálogo es la base para buscar la solución pero siempre en el marco de lo que establece la ley y la Constitución, por lo tanto, mantenemos eso y de ser necesario vamos aplicar el uso de la fuerza (…) Estoy convencido de que el diálogo es la base para no llegar a eso", dijo el ministro, informó la estatal Agencia de Información Paraguaya.
El funcionario se reunió con representantes de organizaciones campesinas.
Asimismo, sostuvo que desde el Gobierno buscarán todas las alternativas viables para que evitar actos de violencia.
El 22 de marzo el líder del Movimiento Campesino Paraguayo, Belarmino Balbuena, dijo a la Agencia Sputnik que entre los reclamos está el precio de los combustibles.
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Los campesinos sostienen que la única solución al aumento de los combustibles es que el país restablezca sus relaciones con Venezuela y pague la deuda millonaria que mantiene con la estatal PDVSA.
Este reclamo se debe a que Paraguay registró seis subas sucesivas en el precio del combustible en el plazo de 12 meses; de enero del 2021 a febrero de este año se incrementó 56%.
Ante esta situación, el Gobierno tomó medidas para bajar el costo a partir del 23 de marzo a 500 guaraníes (0,072 dólares) el litro de combustible diésel tipo III y a 300 (0,043 dólares) el de la nafta de 93 octanos, lo que implica una disminución por litro de 1.000 y 800 guaraníes (0,14 y 0,12 dólares) respectivamente.
Sin embargo, este descenso no apaciguó los reclamos de los campesinos.
Por otro lado, Balbuena afirmó que reclaman un proyecto de ley de seguro agrícola, ya que Paraguay es el único país en América Latina que no lo tiene frente a las inclemencias del tiempo.
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Además, los campesinos reclaman la derogación de la "ley de criminalización de la lucha social" y un plan de emergencia ante la sequía.
El 2 de noviembre pasado distintos líderes campesinos denunciaron que Paraguay está "criminalizando" la lucha por la tierra y pretende desalojar a 700.000 personas.
El 30 de septiembre, el presidente Mario Abdo Benitez promulgó, en menos de 24 horas, una ley que define como delito la ocupación ilegal de tierras privadas.
Con la aprobación de la nueva normativa se elevó a seis años de cárcel la sanción por ese delito y hasta 10 en caso de daños al patrimonio o inmuebles.
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