Activistas de Ecuador piden que se revierta la decisión de dar amnistía a 268 personas
Activistas de Ecuador piden que se revierta la decisión de dar amnistía a 268 personas
Sputnik Mundo
QUITO (Sputnik) — Activistas y exdirigentes de gremios empresariales de Ecuador presentaron el 15 de marzo ante la Corte Constitucional una demanda en contra... 16.03.2022, Sputnik Mundo
Tras una maratónica sesión, en la madrugada del pasado 10 de marzo, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las amnistías, en paquete, lo que levantó una serie de quejas en el país, sobre todo en la capital.En la tarde del 15 de marzo, decenas de quiteños autoconvocados se concentraron en el tradicional Parque de El Ejido para caminar hacia la Asamblea Nacional y rechazar las amnistías."Eso [la decisión de dar las amnistías] fue una burla, una sinvergüenzura de los asambleístas, que incluso incluyeron a personas que realizan minería ilegal y a quienes en 2019 destruyeron Quito con el pretexto de protestar contra el incremento del precio de la gasolina", dijo a la Agencia Sputnik Marina Ocampo, una profesional jubilada.Con banderas negras y de Ecuador, carteles y pitos los quiteños pidieron que se revierta la decisión, mientras automóviles que transitaban por el recorrido de la marcha los apoyaban haciendo sonar las bocinas de sus vehículos.Quienes protestan contra la decisión legislativa sostienen que el parlamento no está facultado para otorgar el beneficio de la amnistía a casos de secuestro, terrorismo o delitos contra la administración pública, "que se cometieron durante las protestas".El expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, que participó de la marcha, dijo a periodistas que en mayo impulsará la revocatoria del mandato para los asambleístas que votaron a favor de la amnistía.Entre quienes consiguieron la amnistía están el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza; el expresidente de esa organización Jaime Vargas; la prefecta de la provincia de Pichincha (norte), Paola Pabón, el parlamentario andino Virgilio Hernández, entre otros.Pabón y Hernández pertenecen al movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007 – 2017).La presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, señaló que la decisión se tomó pensando en la reconciliación y unidad del Ecuador.Según la Asamblea, de las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen a casos de personas judicializados por las protestas de octubre de 2019, 153 son defensores de los territorios comunitarios, 12 fueron encausados por administración de justicia indígena y 43 son defensores de la naturaleza.En octubre de 2019, diversos grupos sociales, liderados por la Conaie, mantuvieron 12 días de protesta contra la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a los combustibles, medida que finalmente tuvo que ser derogada para terminar con las movilizaciones.Esas jornadas de protesta dejaron 10 personas fallecidas, millonarias pérdidas económicas y actos vandálicos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la nación.
QUITO (Sputnik) — Activistas y exdirigentes de gremios empresariales de Ecuador presentaron el 15 de marzo ante la Corte Constitucional una demanda en contra de la amnistía decidida por la Asamblea Nacional para 268 personas, entre quienes se encuentran algunas que enfrentaban procesos legales por las protestas de octubre de 2019.
"En la demanda hemos pedido que (…) se suspendan los efectos de la resolución", dijo a periodistas Andrés Castillo, del colectivo Todos por Quito.
Tras una maratónica sesión, en la madrugada del pasado 10 de marzo, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las amnistías, en paquete, lo que levantó una serie de quejas en el país, sobre todo en la capital.
En la tarde del 15 de marzo, decenas de quiteños autoconvocados se concentraron en el tradicional Parque de El Ejido para caminar hacia la Asamblea Nacional y rechazar las amnistías.
"Eso [la decisión de dar las amnistías] fue una burla, una sinvergüenzura de los asambleístas, que incluso incluyeron a personas que realizan minería ilegal y a quienes en 2019 destruyeron Quito con el pretexto de protestar contra el incremento del precio de la gasolina", dijo a la Agencia Sputnik Marina Ocampo, una profesional jubilada.
Con banderas negras y de Ecuador, carteles y pitos los quiteños pidieron que se revierta la decisión, mientras automóviles que transitaban por el recorrido de la marcha los apoyaban haciendo sonar las bocinas de sus vehículos.
"Esta Asamblea Nacional ha demostrado una vez más que solo defiende sus intereses y no los de los ecuatorianos", comentó a esta agencia una joven abogada que participó de la marcha denominada Por la Dignidad, que prefirió no difundir su nombre.
Quienes protestan contra la decisión legislativa sostienen que el parlamento no está facultado para otorgar el beneficio de la amnistía a casos de secuestro, terrorismo o delitos contra la administración pública, "que se cometieron durante las protestas".
El expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, que participó de la marcha, dijo a periodistas que en mayo impulsará la revocatoria del mandato para los asambleístas que votaron a favor de la amnistía.
Entre quienes consiguieron la amnistía están el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza; el expresidente de esa organización Jaime Vargas; la prefecta de la provincia de Pichincha (norte), Paola Pabón, el parlamentario andino Virgilio Hernández, entre otros.
Pabón y Hernández pertenecen al movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007 – 2017).
La presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, señaló que la decisión se tomó pensando en la reconciliación y unidad del Ecuador.
Según la Asamblea, de las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen a casos de personas judicializados por las protestas de octubre de 2019, 153 son defensores de los territorios comunitarios, 12 fueron encausados por administración de justicia indígena y 43 son defensores de la naturaleza.
En octubre de 2019, diversos grupos sociales, liderados por la Conaie, mantuvieron 12 días de protesta contra la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a los combustibles, medida que finalmente tuvo que ser derogada para terminar con las movilizaciones.
Esas jornadas de protesta dejaron 10 personas fallecidas, millonarias pérdidas económicas y actos vandálicos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la nación.
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