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Colombia escoge por primera vez "curules de paz" en plena violencia

© AP Photo / Fernando VergaraEl Congreso de Colombia
El Congreso de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 10.03.2022
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BOGOTÁ (Sputnik) — Este 13 de marzo, Colombia escogerá para integrar el Congreso legislativo a 16 representantes de las regiones más afectadas por la violencia, un experimento concertado en el acuerdo de paz de 2016, y que será todo un desafío en pleno recrudecimiento del conflicto.
Son las llamadas "curules de paz": 16 asientos en la Cámara de Representantes (cámara baja) a los que solo podrán aspirar quienes estén en las llamadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP). Es decir, los sitios más afectados por el conflicto colombiano.
Las zonas que tendrán su propia representación en el legislativo serán varios municipios del oeste y suroeste del país, como algunos ubicados en el departamento del Cauca (circunscripción 1 y 9), Caquetá (circunscripción 5), Chocó (circunscripción 6), Valle del Cauca (circunscripción 9), Nariño (circunscripción 10), y Putumayo (circunscripción 11).
Igualmente, municipios del noreste (cercanos a la frontera con Venezuela), como los del departamento de Arauca (circunscripción 2), Norte de Santander (circunscripción 4), Bolívar (circunscripción 8 y 13), y Cesar (circunscripción 12).
Además, otros ubicados en el noroeste colombiano, como en el departamento de Antioquia (circunscripción 3 y 16), y Córdoba (circunscripción 14)
Los del centro del país, por otro lado, están en el departamento del Tolima (circunscripción 15), y Meta (circunscripción 7).
Estos asientos en el legislativo colombiano estaban contemplados en el acuerdo de paz entre el Gobierno y la ahora disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de 2016.
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Pese a la polémica que generó el tema, por la oposición del oficialista Centro Democrático (sus representantes afirmaban que esos escaños no irían para víctimas del conflicto sino para antiguos miembros de las FARC), el Gobierno promulgó el año pasado el acto legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, que los reguló.

Plena violencia

Los requisitos para acceder a estos asientos en la Cámara de Representantes contemplan haber nacido en el territorio o vivido en él durante los últimos tres años, e igualmente, hacer parte del registro de afectados por el conflicto armado que lleva la estatal Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
La elección de las 16 curules especiales sólo se hará por dos períodos y del 13 de marzo de 2022 saldrán los representantes para el primero de ellos.
Sin embargo, y contrario a lo que se pensaba durante las negociaciones de paz de La Habana, el conflicto armado no terminó con el acuerdo, y aquellas zonas continúan sumidas en él.
"Se esperaba que estos territorios estuvieran pacificados luego del acuerdo, y las curules eran para la inclusión institucional de esos municipios. Lo que terminó pasando es que no se logró la pacificación: el Estado no llegó", dijo a la Agencia Sputnik la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.
Según el más reciente informe de esa organización independiente colombiana, los departamentos en riesgo extremo por fraude y violencia, de cara a los comicios, son Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Cauca, Meta y Arauca.
Todos con municipios contemplados en las circunscripciones de paz.
Las disputas de grupos armados ilegales que se financian del narcotráfico (en el país que es el primer productor mundial de cocaína) y que intentan ocupar los espacios que dejaron las FARC, no le han dado un respiro a estas regiones.
Al menos 319 municipios (28,92% del total del país) están en riesgo por violencia electoral, nueve más que los que la MOE registró en 2018.
"Lo que hoy tenemos son unos territorios con características de conflicto interno de múltiples grupos. Y un fenómeno que se nos apareció por primera vez, que es una guerrilla binacional en la frontera entre Colombia y Venezuela [el Ejército de Liberación Nacional, ELN], que se mueve de un lado a otro", agregó.
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Entre los grupos armados activos tras el acuerdo de paz están las disidencias de las antiguas FARC, el ELN, bandas de origen paramilitar como el Clan del Golfo, y otras organizaciones ilegales.
"Van a ser elecciones en medio de una balacera", resumió Barrios.
El pasado 21 de febrero, el candidato Guillermo Murcia, quien hacía campaña para la curul de la circunscripción para varios municipios de Arauca, y sobreviviente de una mina antipersonal, fue secuestrado y liberado horas después.
Como él, para varios, la campaña ha transcurrido entre el miedo, las amenazas, los escoltas y los equipos de protección.

Transporte complicado

Pero la seguridad no es la única dificultad, o eso cree José Valencia, candidato en el municipio de Bojayá, que en 2002 fue escenario de una masacre de casi un centenar de personas, luego de que guerrilleros de las FARC tiraran un cilindro bomba contra la iglesia donde se refugiaba la población civil, durante un enfrentamiento con paramilitares.
"Hay territorios en el departamento del Chocó [al que pertenece ese municipio] donde es difícil moverse, bien sea por la situación del conflicto, o por el tema de las complejidades del territorio", reconoce a esta agencia.
En su área de campaña "casi no hay transporte público y si lo hay, está limitado por un determinado número de viajes al día", por lo que debe moverse en "lanchas particulares y eso tiene unos costos muy elevados", insiste.
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Teniendo en cuenta, igualmente, que los índices de pobreza en las regiones más afectadas por la guerra son elevados, la situación económica también influye en las candidaturas, aunque reciban una financiación estatal posterior.

Cerca de victimarios

Las 16 curules de paz se sumarán así a los escaños especiales para el Congreso, creados previamente por el acuerdo de 2016: cinco en Senado y cinco más en Cámara para exintegrantes de las FARC (actualmente agrupados en el Partido Comunes).
Así, el período legislativo para el próximo cuatrienio podría estar marcado por el encuentro cara a cara entre víctimas y antiguos victimarios, en un experimento de reconciliación dentro de una de las ramas del poder público de Colombia.
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