Parlamento de Nicaragua: la cancelación de las ONG es una "medida administrativa"
01:18 GMT 01.03.2022 (actualizado: 01:23 GMT 01.03.2022)
© Sputnik / Danay Galletti
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Desde 2018, año del intento de golpe de Estado contra el presidente Daniel Ortega, se canceló la personería jurídica a más de 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales y foráneas. Si bien esa medida resulta una cuestión administrativa, algunos de los líderes de esas asociaciones fueron acusados de actos violentos.
Las ONG radicadas en el país centroamericano tienen como obligatoriedad el cumplimiento de determinadas leyes reguladas por el Ministerio de Gobernación respecto a la presentación anual de sus estados financieros, resultados, junta directiva y la transparencia sobre el emisor de sus fondos.
Así explicó a Sputnik Adolfo Pastrán, diputado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) electo en los comicios del 7 de noviembre, quien aludió también a las infracciones cometidas por grupos nacionales y foráneos y, por ende, a la cancelación de su personalidad jurídica.
La anulación de asociaciones de este tipo durante las últimas semanas responde también a su contravención a la Ley de Regulación de agentes extranjeros, aprobada el 15 de octubre de 2020, aplicable a quienes, en respuesta a intereses y financiamiento foráneo, utilicen esos recursos para injerencia en los asuntos internos y externos de Nicaragua.
Desde 2018, año del intento de golpe de Estado contra el presidente Daniel Ortega, #Nicaragua contabiliza cerca de 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), nacionales y foráneas, cuya personería jurídica fue cancelada por su violación a las leyes vigentes en el país. pic.twitter.com/Lcksng3ET8
— Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) February 22, 2022
Ese mecanismo establece además multas, sanciones, intervención de bienes y activos a las organizaciones que atenten contra la independencia, autodeterminación y soberanía y transgredan la estabilidad económica y política del país, especialmente, tras el intento de golpe de Estado contra el ejecutivo sandinista en 2018.
"La mayoría de ellas no eligió su junta directiva o esas asambleas quedaron abandonadas porque sus representantes salieron fuera del territorio, entre ellas, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos y la Fundación Iberoamericana de las Culturas. Sus líderes se volvieron activistas políticos y, desde el exterior, impulsan campañas contra el Gobierno Sandinista", acotó.
¿Qué leyes incumplen las ONG?
Para Carlos Emilio López, diputado del FSLN y miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la decisión del parlamento nicaragüense tiene como fundamento el orden constitucional del país, instrumentos legales a nivel internacional y tres legislaciones principales, entre ellas, la mencionada Ley de Agentes Extranjeros.
El constituyente apuntó también el mecanismo de la Ley de Asociaciones sin Fines de Lucro, aprobada el 19 de marzo de 1992 y encargada de velar por la constitución, autorización, funcionamiento y extinción de las personas jurídicas civiles y religiosas que, sin fines de lucro, existan en el país y de las que en el futuro se organicen.
Carlos Emilio López, diputado del FSLN
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López subrayó, como parte del proceso de cancelación de personerías jurídicas, la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, difundida el 20 de julio de 2018 con el propósito de salvaguardar la economía nacional y la integridad del sistema financiero de los riesgos citados en el título de esa disposición.
"Estas asociaciones violentan de forma flagrante, abierta y expresa lo establecido en las normas jurídicas mediante un comportamiento ilícito e irregular. Nadie está por encima de la ley. Aunque reciban recursos de Estados Unidos o Europa, no tienen un escudo de impunidad para hacer y deshacer a su antojo", argumentó López a Sputnik.
Lo anterior, afirmó, resulta un principio del estado social y democrático de derecho que significa la sujeción de las voluntades personales y colectivas a las normas nicaragüenses. Lo paradójico en este caso es, aseguró, cómo muchos de los miembros de las ONG invalidadas reclaman el respeto a los estatutos y no cumplen con ellos.
De acuerdo con el representante del FSLN en ese poder estatal, una de esas ordenanzas incluso fue establecida a comienzos de la década de 1990 bajo la administración de Violeta Barrios (1990-1997). "No es una ley creada por el sandinismo, sino durante la etapa de los gobiernos liberales y conservadores", puntualizó.
9 de noviembre 2020, 23:32 GMT
Violaciones a la normativa jurídica
Las organizaciones deben informar "milimétricamente" sus ingresos, los recursos económicos que reciben, cómo ejecutan su disponibilidad monetaria y conforman sus balances financieros, quiénes son los donantes y los beneficiarios finales por temas y áreas de incidencia.
"Ninguna de las ONG señaladas cumplieron con la presentación de esos ítems. Ellas no pueden, aunque vengan del exterior, disponer libremente del manejo de esos recursos, según establece el entramado jurídico nacional. Tampoco informaron sobre su estructura organizativa o funcionamiento, cantidad de miembros y elecciones", sentenció.
Esas particularidades, sumado a la selección de sus máximas autoridades y el período determinado para ello, deben aparecer rubricadas por un notario público y constar ante el Ministerio de Gobernación.
"No son transparentes ni democráticas porque muchas de sus juntas directivas son perpetuas durante 10, 20 o 30 años, sin comicios y decisiones colectivas y actúan y operan de manera clandestina", añadió el diputado.
Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista en el parlamento niacaragüense
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¿Agentes extranjeros o actores políticos?
La Asamblea Nacional adopta estas decisiones a partir de los informes e investigaciones asumidas por el Ministerio de Gobernación, encargado del control y seguimiento a las asociaciones.
Según López, las ONG tampoco se inscribieron como agentes extranjeros; algunas actuaron como actores políticos o recibieron donaciones anónimas; asimismo, "muchos de sus directivos perciben salarios elevadísimos y, en ocasiones, los recursos no inciden en el beneficio de la comunidad y el desarrollo local, por tanto, no cumplen con la finalidad o naturaleza de su creación".
El diputado indicó la existencia de vídeos, transmisiones y fotos publicados en diversas plataformas digitales que establecen un vínculo entre los miembros de esas organizaciones y los actos desestabilizadores acontecidos en 2018.
"Los vimos claramente durante su participación en esas acciones. No lo digo yo, lo muestran los materiales producidos y publicados por ellos mismos. Fungieron como promotores, incentivadores, estimuladores y, en varios casos, ejecutores de esos sucesos violentos. Algunas de esas personas han sido detenidas y procesadas", refirió.
Aunque algunos ciudadanos que intervinieron en las protestas son también integrantes de estas asociaciones, "son dos causas separadas, la Asamblea Nacional aplica, en este caso, medidas administrativas para proteger el bien común, la paz, estabilidad, soberanía nacional y el desarrollo" y ya suman más de 100 los organismos ilegalizados desde 2018.
Adolfo Pastrán, diputado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
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Pastrán especificó que la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y la Asociación de Mujeres Trabajadoras y desempleadas María Elena Cuadra recibieron fondos para realizar proselitismo político en contra del Gobierno y, en el caso de la primera, abrió sus nuevas oficinas en Costa Rica.
En julio de 2019, el diario británico The Morning Star denunció un presunto fraude realizado por el exsecretario de la ANPDH, Álvaro Leiva, acusado de mentir sobre la cantidad de víctimas de los actos violentos del 2018, la malversación de aproximadamente 500.000 dólares, el robo de los sellos oficiales y la falsificación de informes y firmas.
Esa ONG, creada en Miami en 1986 y patrocinada por instituciones estadounidenses como la National Endowment for Democracy, el National Democratic Institute y la Open Society, recibió entre 2017 y 2019 fondos para el apoyo a cambios políticos en naciones con gobiernos progresistas de América Latina.
Leiva, por su parte, aumentó el número de fallecidos contabilizados en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado a la Organización de Estados Americanos (OEA): 560 nicaragüenses supuestamente asesinados por la Policía Nacional, 4.500 los heridos y 1.300 secuestrados y desaparecidos.
30 de diciembre 2021, 20:40 GMT
Bajo ese pretexto, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a la nación centroamericana, pese a las denuncias de Ortega y las cifras oficiales aportadas por la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz: 253 fallecidos, 2.018 heridos, 927 detenidos y pérdidas económicas valoradas en más de 1.000 millones de dólares.
Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista en el parlamento informó a Sputnik sobre la existencia de alrededor de 4.000 ONG en Nicaragua, de las cuales menos de 1.000 responden a las disposiciones jurídicas anteriormente analizadas: "La obligación es llamarlas, no cumplen y se cancela; hay miles que debemos cancelar, no existe razón política para ello, solo jurídica y administrativa".
