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Bolivia y su reforma judicial (im)posible
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LA PAZ (Sputnik) — Muchos bolivianos se niegan a aceptarlo, pero el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre independencia... 24.02.2022, Sputnik Mundo
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No obstante, un grupo de destacados juristas nacionales, entre ellos Juan del Granado, exalcalde de La Paz, replicaron en un comunicado conjunto que un acuerdo no resultaría fácil.El relator dijo que una cumbre nacional sobre el tema, que el Gobierno anuncia para marzo, es en efecto una de las oportunidades para construir un consenso para sacar a la justicia de una larga crisis de credibilidad y politización, que parece haberse agravado en los últimos años.Los juristas, en su comunicado, descalificaron ese encuentro previsto, señalando que "nadie conoce" su temario ni sus participantes ni su metodología.La desconfianza en el Gobierno había sido anticipada por Del Granado pocos días antes de la llegada del relator, mediante un mensaje en redes sociales en el que aseguró que esperaba "poco o nada del Estado y del Gobierno" y señaló que "si la indignación nacional saca de su hegemonismo al Gobierno y de su letargo a la oposición, tal vez pueda avizorarse un acuerdo nacional para la reforma judicial verdadera".En tanto, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) dijo que se reunió con García-Sayán y le transmitió "preocupación por (la) gravísima crisis de independencia y funcionamiento de la justicia en Bolivia" sin manifestarse sobre la oportunidad de un acuerdo nacional.Julio Aliaga, analista político y exdiplomático, se mostró radical en una declaración por Twitter el miércoles: "Al haber quedado absolutamente claro el desastre en el que está sumergida la justicia y el sistema judicial boliviano, y ante la imposibilidad de un acuerdo nacional que encare una reforma, lo que queda es la movilización permanente y creciente, hasta lograrlo".InformeEl relator especial, que llegó invitado por el Gobierno, dijo que presentará en junio un informe final con recomendaciones para una reforma del sistema judicial boliviano, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.En su informe preliminar presentado el martes en La Paz, García-Sayán dijo que, todavía, "la justicia está lejos de la gente" en Bolivia. Con esta frase resumió la sensación generalizada de que no hay un servicio judicial efectivo para los pobres, y citó el reciente escándalo de una red de jueces, fiscales y abogados que logró la excarcelación ilegal de decenas de feminicidas y otros delincuentes condenados a 30 años de prisión sin derecho a indulto.Asimismo, alertó que las mujeres siguen indefensas, pese a leyes especiales de protección, pues solo el 31% de los feminicidios denunciados en la última década —contando 15 en lo que va del año— han sido procesados y sus autores condenados, debido entre otros factores a la escasez de juzgados y servicios policiales especializados.En tanto, la justicia indígena, aunque reconocida constitucionalmente desde 2009, todavía no puede ser ejercida a plenitud por una imprecisa definición de atribuciones y distinciones con la justicia ordinaria y la justicia agroambiental.García-Sayán también advirtió que el hacinamiento en las cárceles es cada vez más grave, al contar Bolivia con recintos para albergar a 5.346 personas en los que actualmente hay casi 19.000 presos, dos tercios de los cuales son personas detenidas preventivamente, o sin condenas, lo que el relator calificó como "un abuso de la prisión preventiva".Otro problema estructural, señaló, es que en Bolivia solo hay 1.095 jueces, que atienden un promedio anual de 530 causas por juez.Sistema débilSegún el informe, en 2020 solo 44% de los jueces eran de carrera, "aunque en realidad no existe carrera judicial" pues estos cargos son renovados cada cuatro años, excepto los magistrados nacionales electos por voto popular cada seis años.Asimismo, apenas 0,5 por ciento del presupuesto nacional está destinado al sistema judicial, limitando la capacidad de los juzgados, de la Fiscalía y del Instituto de Investigaciones Forenses."Quisiera destacar la importancia que tiene para la independencia judicial contar con una sólida carrera judicial y un presupuesto adecuado para la tarea que tiene el Órgano Judicial", apuntó el relator de la ONU.Las víctimas de la violencia política de 2019, cuando fue derrocado el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y asumió el de Jeanine Áñez (2019-2020), llevan "más de dos años esperando justicia sin conseguirla", porque las investigaciones no han concluido ni se han autorizado los juicios correspondientes.García-Sayán concluyó que es indispensable cambiar el sistema de elección de los jueces nacionales por votación popular, buscando equilibrio entre quienes plantean una reforma de la Constitución y los que plantean vías más cortas.Hay en diversos sectores de Bolivia una "aspiración compartida de encontrar rutas para un gran acuerdo nacional de la justicia", con "participación activa de las instituciones públicas más relevantes sobre el tema, tanto del ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como de las agrupaciones políticas, colegios profesionales, universidades, representaciones sociales, etcétera", indicó.
https://noticiaslatam.lat/20220222/gobierno-boliviano-reafirma-decision-de-avanzar-en-reforma-judicial-1122090361.html
https://noticiaslatam.lat/20220106/bolivia-en-un-nuevo-intento-por-reformar-su-sistema-judicial-politizado-1120059387.html
https://noticiaslatam.lat/20220103/presidente-boliviano-proclama-al-2022-como-ano-de-reforma-judicial-en-su-pais-1119967645.html
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Bolivia y su reforma judicial (im)posible
LA PAZ (Sputnik) — Muchos bolivianos se niegan a aceptarlo, pero el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre independencia judicial parece verlo muy claro: hay reales chances de un gran acuerdo nacional para reformar el sistema de justicia.
"Se ven condiciones para apuntar, de manera laboriosa y persistente, a dicho gran acuerdo nacional, como criterio orientador de un proceso sostenido con metas de corto, mediano y largo plazo", dijo Diego García-Sayán en un informe preliminar elaborado esta semana sobre la situación de la justicia en el país.
No obstante, un grupo de destacados juristas nacionales, entre ellos Juan del Granado, exalcalde de La Paz, replicaron en un comunicado conjunto que un acuerdo no resultaría fácil.
"No creemos que existan condiciones para apuntar a un gran acuerdo nacional, como dice preliminarmente el doctor García-Sayan, porque hasta hoy el Gobierno no ha manifestado voluntad alguna", dijeron los juristas, el único grupo de abogados independientes que se reunió con el enviado de la ONU en un ciclo de ocho días de consultas.
El relator dijo que una cumbre nacional sobre el tema, que el Gobierno anuncia para marzo, es en efecto una de las oportunidades para construir un consenso para sacar a la justicia de una larga crisis de credibilidad y politización, que parece haberse agravado en los últimos años.
Los juristas, en su comunicado, descalificaron ese encuentro previsto, señalando que "nadie conoce" su temario ni sus participantes ni su metodología.
La desconfianza en el Gobierno había sido anticipada por Del Granado pocos días antes de la llegada del relator, mediante un mensaje en redes sociales en el que aseguró que esperaba "poco o nada del Estado y del Gobierno" y señaló que "si la indignación nacional saca de su hegemonismo al Gobierno y de su letargo a la oposición, tal vez pueda avizorarse un acuerdo nacional para la
reforma judicial verdadera".
En tanto,
el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) dijo que se reunió con García-Sayán y le transmitió "preocupación por (la) gravísima crisis de independencia y funcionamiento de la justicia en Bolivia" sin manifestarse sobre la oportunidad de un acuerdo nacional.
22 de febrero 2022, 21:23 GMT
Julio Aliaga, analista político y exdiplomático, se mostró radical en una declaración por Twitter el miércoles: "Al haber quedado absolutamente claro el desastre en el que está sumergida la justicia y el sistema judicial boliviano, y ante la imposibilidad de un acuerdo nacional que encare una reforma, lo que queda es la movilización permanente y creciente, hasta lograrlo".
El relator especial, que llegó invitado por el Gobierno, dijo que presentará en junio un informe final con recomendaciones para una reforma del sistema judicial boliviano, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En su informe preliminar presentado el martes en La Paz, García-Sayán dijo que, todavía, "la justicia está lejos de la gente" en Bolivia. Con esta frase resumió la sensación generalizada de que no hay un servicio judicial efectivo para los pobres, y citó el reciente escándalo de una red de jueces, fiscales y abogados que logró la excarcelación ilegal de decenas de feminicidas y otros delincuentes condenados a 30 años de prisión sin derecho a indulto.
Asimismo, alertó que las mujeres siguen indefensas, pese a leyes especiales de protección, pues solo el 31% de los feminicidios denunciados en la última década —contando 15 en lo que va del año— han sido procesados y sus autores condenados, debido entre otros factores a la escasez de juzgados y servicios policiales especializados.
6 de enero 2022, 20:15 GMT
En tanto, la justicia indígena, aunque reconocida constitucionalmente desde 2009, todavía no puede ser ejercida a plenitud por una imprecisa definición de atribuciones y distinciones con la justicia ordinaria y la justicia agroambiental.
García-Sayán también advirtió que el hacinamiento en las cárceles es cada vez más grave, al contar Bolivia con recintos para albergar a 5.346 personas en los que actualmente hay casi 19.000 presos, dos tercios de los cuales son personas detenidas preventivamente, o sin condenas, lo que el relator calificó como "un abuso de la prisión preventiva".
Otro problema estructural, señaló, es que en Bolivia solo hay 1.095 jueces, que atienden un promedio anual de 530 causas por juez.
Según el informe, en 2020 solo 44% de los jueces eran de carrera, "aunque en realidad no existe carrera judicial" pues estos cargos son renovados cada cuatro años, excepto los magistrados nacionales electos por voto popular cada seis años.
Asimismo, apenas 0,5 por ciento del presupuesto nacional está destinado al sistema judicial, limitando la capacidad de los juzgados, de la Fiscalía y del Instituto de Investigaciones Forenses.
"Quisiera destacar la importancia que tiene para la independencia judicial contar con una sólida carrera judicial y un presupuesto adecuado para la tarea que tiene el Órgano Judicial", apuntó el relator de la ONU.
3 de enero 2022, 19:35 GMT
Las víctimas de la violencia política de 2019, cuando fue derrocado el
Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y asumió el de
Jeanine Áñez (2019-2020), llevan "más de dos años esperando justicia sin conseguirla", porque las investigaciones no han concluido ni se han autorizado los juicios correspondientes.
"La tarea pendiente de asegurar la independencia judicial es un reto que Bolivia debe encarar con firmeza", señala el trabajo.
García-Sayán concluyó que es indispensable cambiar el sistema de elección de los jueces nacionales por votación popular, buscando equilibrio entre quienes plantean una reforma de la Constitución y los que plantean vías más cortas.
Hay en diversos sectores de Bolivia una "aspiración compartida de encontrar rutas para un gran acuerdo nacional de la justicia", con "participación activa de las instituciones públicas más relevantes sobre el tema, tanto del ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como de las agrupaciones políticas, colegios profesionales, universidades, representaciones sociales, etcétera", indicó.
