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Un mexicano, condenado en España por revelar corrupción en un sindicato: "Ahora tendría más cuidado"

© Foto : Cortesía de Roberto MacíasRoberto Macías, mexicano condenado por filtrar documentos de supuestas irregularidades de UGT
Roberto Macías, mexicano condenado por filtrar documentos de supuestas irregularidades de UGT - Sputnik Mundo, 1920, 17.02.2022
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Roberto Macías entró a trabajar en UGT de Andalucía y vio cómo se "disfrazaban de legal" prácticas que eran presuntamente irregulares. A través de cursos de formación para parados, facturaban dinero que no se destinaba a este objetivo.
Una década después, tomando un café de sobremesa en su casa de Sevilla y con los niños ya recogidos del colegio, Roberto Macías lo tiene claro: "Volvería a hacerlo, pero cuidando ciertas cosas". Lo que repetiría sin dudar es la denuncia a un sindicato por mala praxis. Lo que trataría de mejorar es el modo. Para ampliar todo ese postulado al que ha llegado tras una condena, el rechazo en ciertos círculos o el destierro laboral sería necesario retroceder a 2001 y observar el trayecto que este mexicano de 42 años ha recorrido hasta terminar como un ser dual: soplón para algunos, justiciero para otros.
Ese año, Macías llegaba a la capital de Andalucía, al sur de España, para un intercambio universitario. En Jalisco, su “tierra caliente" de México, había logrado la puntuación suficiente en sus estudios de Derecho y optaba a esta estancia anual. Allí era miembro del sindicato de estudiantes y andaba detrás de ciertas causas. Cuando aterrizó en Europa pensaba seguir con esa agitación y terminó enamorándose: otra forma, quizás, de ejercer su activismo.
Con una relación candente al otro lado del charco, abandonó su vida anterior y se estableció en la ciudad andaluza. Su situación sentimental avanzaba. No tanto la laboral. Mientras una prosperó hasta subir al altar en 2004, la otra se estancó en la burocracia del expatriado: sin documentos firmes ni permiso de residencia, Macías alternó empleos informales, "de supervivencia", hasta que, en 2006, recaló más o menos estable en una agencia inmobiliaria. En 2008 le contrataron en el sindicato UGT (Unión General de los Trabajadores). Era algo temporal, con posibilidad de ir sumando meses.
Integró como administrativo el "departamento de compras", que trabajaba "mano a mano con el de justificaciones". Una de las labores principales era otorgar cursos de formación a parados. Pero empezó a notar varias cosas: que había un entramado "importante" con las altas esferas y que existían prácticas no especialmente claras. "Disfrazaban lo ilegal de legal", resume a Sputnik. Extendiéndolo: ese dinero que iba a la formación de gente en desempleo terminaba en la empresa de algún conocido o en los propios bolsillos de los dirigentes.
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Los pagos se justificaban, recuerda, de cualquier manera. Muchos parecían saberlo, pero imperaba el "secretismo". Él lo veía, pero no se atrevía a decir nada: "Todo el mundo tenía miedo de mover papel y sabía que había grandes correspondencias políticas", esgrime. Según comenta Macías, había incluso un método para acumular los excedentes de cada importe facturado, "el bote". En 2012, desvinculado ya del sindicato, donde se expiró su contrato "de unos 1.100 euros", denunció. Tenía una copia de ficheros y se los filtró al periódico Abc.
Fue publicado y replicado en otros medios, que le llamaban para pedir pruebas y aumentar la noticia. Hasta que en UGT de Andalucía abrieron una investigación para encontrar al "chivato". Con un programa de espionaje, dieron con su duplicación y lo acusaron de desvelar información confidencial. El 28 de diciembre de 2013, como una inocentada macabra, le llegó una cita con el juzgado. Y un par de semanas después, la policía estaba registrando la casa: "La verdad es que me hicieron sentir como un delincuente y pensaba que era un error", afirma, detallando que se llevaron todos sus aparatos digitales: "No encontraron nada".
UGT le acusaba de violar la intimidad y pedía cuatro años de cárcel y 60.000 euros. El fiscal mantenía esa sanción económica y reducía el aislamiento a tres. Roberto Macías sintió que se caía el mundo. "Mi hijo tenía un año, yo ponía en riesgo el patrimonio familiar y tenía a mucha gente que me decía que por qué lo había hecho", rememora. "Me vino fatal", suspira, "porque lo que hice, que no eran más que unas facturas y unos albaranes, era por el bien de la gente: vi que eso que se llevaba el sindicato se quitaba de los desempleados, quienes más lo necesitaban", afirma.
El tormento no iba a acabar ahí. En la espera de la sentencia tuvo que soportar el estigma de ser un chivato o las broncas de personas cercanas por haberse cavado su tumba. Intentó asirse a la directiva europea whistleblower, que pretende dar protección a los "filtradores". Así conoció a Ana Garrido, proscrita por haber sacado a relucir algunas tropelías de la Gürtel. Y montó la Plataforma por la Honestidad mientras el cauce legal seguía su curso. Roberto Macías ya había aparecido en distintas rotativas y televisiones, UGT Andalucía estaba en el punto de mira, con un juicio en vigor por fraude y falsedad de documentos. La fianza requerida, más de 540 millones de euros.
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Hasta 2019, con varios devaneos, no llega la sentencia. Según se lee en el documento, se condena a Roberto Macías "como autor penalmente responsable de un delito de descubrimiento y revelación de secreto" con "la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de dos años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena". También le piden las costas y UGT recurre para agregar los 60.000 euros de sanción.
Desde el sindicato llegan a publicar una nota aclaratoria del caso: según explican en el texto titulado No más mentiras, el despido no tuvo nada que ver con los archivos filtrados y la pena se debe a una ilegalidad del trabajador. Además, alegan, Macías nunca ha denunciado la corrupción, como suele resaltarse, sino que ha enviado unos documentos privados a un medio de comunicación. "UGT Andalucía siempre ha mantenido un escrupuloso respeto a la justicia, por ello nunca ha querido intervenir en las declaraciones que lleva realizando a diversos medios de comunicación en los últimos años, pero la falta de veracidad de sus intervenciones nos obliga a aclarar cuál es la verdad de todo lo que ha pasado", concluyen.
Macías, sin embargo, sí que cree que su actuación forma parte de la lucha contra la corrupción. Incluso pidió ayuda a México, que se la negó en varias ocasiones. "Como tenía doble nacionalidad y, aparte, no estaba todavía condenado, me dijeron que no podían hacer nada", rememora. Ve el residente en Sevilla, ya con el hijo que vivió aquel episodio violento soplando 10 velas y con una hermana de seis, que enfrentarse a un sindicato "es muy perjudicial, porque tienen representación en todas las esferas".

Sin esperanza en la justicia

Y arremete contra los políticos, sean del signo que sean, que roban del dinero público. "Siempre encuentran la forma. La corrupción no tiene ideologías. La corrupción es la ideología", reflexiona, en una especie de aforismo al que ha llegado después de ver cómo se multiplican los casos en cada país. "Es muy frustrante. Te llena la boca de amargura", zanja. No se considera un cabeza de turco, sino una "víctima de la corrupción sindical".
Asume Macías, con pena, que ha dejado de creer en la justicia. "¿Cómo voy a confiar en una institución que sigue destrozando mi vida?", cuestiona. Con unos todavía en espera de banquillo y él presentando recursos, Macías lo tiene claro: "La sociedad premia a quien lo hace bien y justifica a los que no". Si aún prosigue en la lucha, esgrime, es para que nadie pase por eso. Para que se respeten los derechos del denunciante (una norma que en España sigue sin firmarse) y se acabe esa dualidad a la que ha llegado él, justiciero o soplón, según a quién preguntes.
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