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9F, el día que marcó un quiebre en El Salvador
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SAN SALVADOR (Sputnik) — Dos años después de que el presidente Nayib Bukele militarizara la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada entonces por la... 09.02.2022, Sputnik Mundo
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El Salvador: denuncian "legalización del espionaje" a opositores, activistas y periodistas
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La aprobación de la reforma del Código Procesal Penal sobre delitos informáticos abrió la polémica en el país centroamericano. En otro orden, en Bolivia se creó una comisión para revisar sentencias de casos de violación y femicidios. Estas y más noticias en 'En Órbita'.
De hecho, varios colectivos se concentraron este 9 de febrero ante el parlamento unicameral de esta nación centroamericana para recordar el día que marcó un parteaguas para el país, y que comenzó a distanciar incluso a seguidores de Bukele, que no transaron con la intentona."Es realmente un autoritarismo el no permitir transparentar las cuentas, la participación, no tomar en cuenta a los diferentes sectores, sino imponer lo que creen ellos que es la política pública", dijo una de las manifestantes congregadas el miércoles ante el portón legislativo.Los medios no alineados con el oficialismo reseñaron los acontecimientos y sus consecuencias, y en redes sociales la etiqueta #9F acompañó mensajes y reflexiones sobre el día en que militares con armas largas ingresaron al Salón Azul, con el presunto fin de intimidar a los diputados.Reconocida activista por los derechos humanos, Medrano cuestionó además que la comunidad internacional dejara pasar aquel acto, mientras en el país no hubo la condena social necesaria para obligar a echar atrás un paso que marcó un antes y un después en la historia de este país.¿Qué pasó el 9f?Aquella crisis comenzó el 6 de febrero de 2020, cuando Bukele invocó el artículo 167 de la Constitución para convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea y exigir la aprobación de un crédito internacional para financiar la tercera fase del plan de seguridad Control Territorial.La Asamblea rechazó el llamado por considerarlo una violación de la separación de poderes del Estado, y Bukele replicó que, si los diputados no acudían, incurrían en desacato y el pueblo podría ampararse en el artículo 87 para iniciar una insurrección ciudadana.En ese contexto, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador expresaron su apoyo al mandatario, cuyos fieles se concentraron el 9 de febrero ante la sede parlamentaria para expresarle su respaldo, y para iniciar una revuelta si fuera preciso.Ya para entonces los militares patrullaban los alrededores del Centro de Gobierno (instalaciones gubernamentales), e incluso ubicaron francotiradores en azoteas aledañas, lo cual inquietó a muchos, que temían un quiebre del orden constitucional.En ese ambiente, Bukele irrumpió en el Salón Azul del Legislativo acompañado por efectivos del Ejército y se sentó en el sillón del presidente del Legislativo, a la sazón Mario Ponce, donde advirtió que, si quisiera, podría disolver la legislatura.Entonces el mandatario hundió el rostro en sus manos, a modo de reza, y tras alzar la vista afirmó que "Dios" le había pedido paciencia para sacar "a todos esos sinvergüenzas" (los diputados) por la vía electoral, como en efecto ocurrió un año después, el 28 de febrero.Entretelones del 9fEl mencionado Ponce, quien dirigió la segunda mitad de la legislatura 2018-2021, reveló luego que la División de Protección a Personalidades Importantes, dependencia de la PNC, retiró a los agentes asignados para la seguridad personal de los diputados.Al respecto, una comisión parlamentaria que interpeló el ministro de Defensa, Francis Merino, y al director general de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, por su papel en la militarización del Legislativo y sus alrededores.Sin embargo, aquello no tuvo demasiada repercusión, pues el oficialista partido Nuevas Ideas tomó las riendas de la Asamblea el pasado 1 de mayo, y su primer acto fue destituir al fiscal general y los magistrados de la corte constitucional, para asegurar así el control del órgano judicial.Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana, dijo al diario La Prensa Gráfica que el 9 de febrero "marcó el inicio de todo el desmontaje democrático que se venía para el país".Por solo citar algunos ejemplos, sobrevino una depuración del sistema judicial, aumentaron las denuncias de instrumentalización de la Fuerza Armada y la Policía, medios de prensa críticos denunciaron acoso y espionaje, y reconocidos opositores denunciaron una persecución política.A su vez, una comisión liderada por el vicepresidente Félix Ulloa realizó un estudio para reformar la Constitución de la República, y entreabrió las puertas a una eventual reelección de Bukele, algo hasta ahora vetado por los llamados "artículos pétreos".A todas estas, apenas un mes después de que Bukele tomara la Asamblea ocurrió algo que enfrió todo conato de protesta ciudadana: irrumpió la pandemia de COVID-19, y en El Salvador, como en el resto del mundo, todo comenzó a parecer secundario.
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9F, el día que marcó un quiebre en El Salvador
23:05 GMT 09.02.2022 (actualizado: 01:24 GMT 10.02.2022) SAN SALVADOR (Sputnik) — Dos años después de que el presidente Nayib Bukele militarizara la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada entonces por la oposición, muchos en este país se resisten a olvidar aquella tarde en que parecía inminente un autogolpe de Estado.
De hecho, varios colectivos se concentraron este 9 de febrero ante el parlamento unicameral de esta nación centroamericana para recordar el día que marcó un parteaguas para el país, y que comenzó a distanciar incluso a seguidores de Bukele, que no transaron con la intentona.
"Es realmente un autoritarismo el no permitir transparentar las cuentas, la participación, no tomar en cuenta a los diferentes sectores, sino imponer lo que creen ellos que es la política pública", dijo una de las manifestantes congregadas el miércoles ante el portón legislativo.
Los medios no alineados con el oficialismo reseñaron los acontecimientos y sus consecuencias, y en redes sociales la etiqueta #9F acompañó mensajes y reflexiones sobre el día en que militares con armas largas ingresaron al Salón Azul, con el presunto fin de intimidar a los diputados.
"El 9 de febrero de 2020 pasamos de haber vivido la militarización de la seguridad pública a la militarización de la política. Es decir, la práctica de imponer con fuerza militar o fuerza policial militarizada una posición política", comentó a la Agencia Sputnik la politóloga Celia Medrano.
Reconocida activista por los derechos humanos, Medrano cuestionó además que la comunidad internacional dejara pasar aquel acto, mientras en el país no hubo la condena social necesaria para obligar a echar atrás un paso que marcó un antes y un después en la historia de este país.
Aquella crisis comenzó el 6 de febrero de 2020, cuando Bukele invocó el artículo 167 de la Constitución para convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea y exigir la aprobación de un crédito internacional para financiar la tercera fase del plan de seguridad Control Territorial.
La Asamblea
rechazó el llamado por considerarlo una violación de la separación de poderes del Estado, y Bukele replicó que, si los diputados no acudían, incurrían en desacato y el pueblo podría ampararse en el artículo 87 para iniciar una insurrección ciudadana.
En ese contexto, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador expresaron su apoyo al mandatario, cuyos fieles se concentraron el 9 de febrero ante la sede parlamentaria para expresarle su respaldo, y para iniciar una revuelta si fuera preciso.
Ya para entonces los militares patrullaban los alrededores del Centro de Gobierno (instalaciones gubernamentales), e incluso ubicaron francotiradores en azoteas aledañas, lo cual inquietó a muchos, que temían un quiebre del orden constitucional.
En ese ambiente,
Bukele irrumpió en el Salón Azul del Legislativo acompañado por efectivos del Ejército y se sentó en el sillón del presidente del Legislativo, a la sazón Mario Ponce, donde advirtió que, si quisiera, podría disolver la legislatura.
Entonces el mandatario hundió el rostro en sus manos, a modo de reza, y tras alzar la vista afirmó que "Dios" le había pedido paciencia para sacar "a todos esos sinvergüenzas" (los diputados) por la vía electoral, como en efecto ocurrió un año después, el 28 de febrero.
El mencionado Ponce, quien dirigió la segunda mitad de la legislatura 2018-2021, reveló luego que la División de Protección a Personalidades Importantes, dependencia de la PNC, retiró a los agentes asignados para la seguridad personal de los diputados.
Al respecto, una comisión parlamentaria que interpeló el ministro de Defensa, Francis Merino, y al director general de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, por su papel en la militarización del Legislativo y sus alrededores.
Sin embargo, aquello no tuvo demasiada repercusión, pues el oficialista partido Nuevas Ideas tomó las riendas de la Asamblea el pasado 1 de mayo, y su primer acto fue destituir al fiscal general y los magistrados de la corte constitucional, para asegurar así el control del órgano judicial.
17 de enero 2022, 20:35 GMT
Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana, dijo al diario La Prensa Gráfica que el 9 de febrero "marcó el inicio de todo el desmontaje democrático que se venía para el país".
Por solo citar algunos ejemplos, sobrevino una depuración del sistema judicial, aumentaron las denuncias de instrumentalización de la Fuerza Armada y la Policía, medios de prensa críticos denunciaron acoso y espionaje, y reconocidos opositores denunciaron una persecución política.
A su vez, una comisión liderada por el vicepresidente Félix Ulloa realizó un estudio para reformar la Constitución de la República, y entreabrió las puertas a una eventual reelección de Bukele, algo hasta ahora vetado por los llamados "artículos pétreos".
A todas estas, apenas un mes después de que Bukele tomara la Asamblea ocurrió algo que enfrió todo conato de protesta ciudadana: irrumpió la pandemia de COVID-19, y en El Salvador, como en el resto del mundo, todo comenzó a parecer secundario.
