Mapuches en Argentina insisten en ser reconocidos guardianes de la naturaleza
© Sputnik / Francisco Lucotti
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La Patagonia argentina, al sur del país, es área de disputas entre diferentes comunidades mapuches y el Estado, propietarios privados y concesionarios de explotación de terrenos fiscales. Reclaman una restitución histórica para asegurar la conservación de bosques, tierra y agua y frenar la venta a capitales privados de tierras invaluables.
El 1 de febrero, comunidades mapuches del Consejo Zonal Lafkence de Villa La Angostura, pueblo de la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina, se manifestaron en diferentes puntos de la Ruta Nacional 40, que cruza de sur a norte el país del lado oriental de la Cordillera de los Andes.
"Hace años venimos pidiendo el relevamiento, se terminarían todos los conflictos que tenemos. Nosotros no queremos vivir en conflicto toda la vida, somos todos vecinos y nos conocemos", dijo a Sputnik Nacho Castillo, kona —soldado, joven fuerte— de la lof (comunidad) Pacil Antriao, integrada por 60 familias. Además existen otras dos comunidades de esta etnia en la zona.
Reclamaban al Estado y las autoridades provinciales un demorado Relevamiento Territorial Indígena, que permitirá realizar un registro de tierras ancestrales como paso previo para formalizar títulos de propiedad. El Gobierno neuquino aceptó sentarse a trabajar y dispuso día y horario.
"Esperamos que se haga pronto porque necesitamos que no nos sigan tratando de usurpadores, que las familias se puedan asentar tranquilamente, porque muchas no saben si construir por miedo a que las saquen, a perder todo, porque no tenemos títulos de propiedad", contó Castillo.
La Ley Nacional de Emergencia Territorial Indígena se sancionó en 2006 y suspendió los desalojos de comunidades de descendientes de pueblos originarios. El relevamiento catastral fue aplazado en 2009, 2013, 2017 y 2021, y solo se completó 30% según los últimos registros.
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La lof Pacil Antriao se ubica en un predio junto al lago Correntoso, donde hay un sitio de campamento, que administran. Se trata de terrenos fiscales históricamente cedidos desde 1902 a descendientes del cacique mapuche Ignacio Antriao.
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En 2011, el Gobierno local quiso quitarles la concesión para hacer un desarrollo inmobiliario y vender la tierra de acceso público al lago a intereses privados, a lo que la comunidad resistió. Desde entonces, tomaron posesión el espacio, con apoyo de la sociedad civil, a pesar de las notificaciones de desalojo.
"El municipio quiso poner al pueblo en nuestra contra, diciendo que eramos mapuches chilenos, que fuéramos a recuperar tierras allá. Fue un trabajo de hormiga durante dos años explicarles a los vecinos que no estábamos reclamando algo que no nos correspondía. No nos creemos dueños, hacemos un resguardo para que esta riqueza natural no se destruya. Nuestro rol es controlar la tala de árboles y proteger la naturaleza", explicó el kona.
Las comunidades de la zona resisten además la construcción de una carretera que, aseguran, pretende continuar la expansión de loteado de tierras fiscales a capitales privados, incluida una disputa por un terreno adquirido por el basquetbolista argentino Emanuel Ginóbili.
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También critican, junto con organizaciones ambientalistas, la deforestación de 12 hectáreas de bosque nativo para la realización durante tres años consecutivos de un mundial de motocrós en la zona de Laguna Los Choros, a 3 km de Villa La Angostura.
Reclamo ancestral y escalada de violencia
Si bien en Neuquén los reclamos ancestrales —por tierras ocupadas en el pasado por los antepasados mapuches y tehuelches— y las respuestas institucionales se encuentran contenidos dentro de un marco de paz, no sucede lo mismo en otras regiones de la Patagonia argentina.
En la provincia de Río Negro, la tensión aumentó entre algunas comunidades mapuches y el Gobierno local, así como con propietarios de tierra y empresas concesionarias de explotación de recursos sobre terrenos fiscales, con incidentes que ya cobraron dos vidas en los últimos cinco años, a los que se suma una tercera en la provincia de Chubut.
El 21 de noviembre de 2021, dos hombres armados, Diego Ravasio y Martín Feilberg, ingresaron en un terreno que había sido ocupado por 30 familias mapuches de la lof Quemquemtreu. Dispararon sobre dos integrantes de la comunidad. Elías Garay, de 29 años, murió en el acto y Gonzalo Cabrera, de 26 años, fue herido de gravedad.
La lof había intentado tomar posesión el 18 de septiembre de 2021 de un lote fiscal concedido para monocultivo de pino a una empresa forestal en Cuesta del Ternero, en el departamento de Bariloche, a 100 km al sur de la turística ciudad homónima. A pesar de las órdenes de desalojo e imputación de cuatro referentes mapuches, todavía resisten.
Mapuches en Argentina insisten en ser reconocidos guardianes de la naturaleza
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En octubre de 2021, hubo ataques incendiarios en las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón y la oficina de turismo del pueblo de El Bolsón, a 30 km de Cuesta del Terneno, y en un campamento de Vialidad Nacional en el camino al Cerro Catedral, en la cercanía de Bariloche.
Ante la escalada de violencia, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, demandó el apoyo con fuerzas de Seguridad por parte de la Administración Nacional. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, envió miembros de Gendarmería.
"Estamos siempre en contacto con las comunidades que están en conflicto en el resto de la provincia y el país. Nosotros siempre apostamos al diálogo. No compartimos la violencia de algunos reclamos, no es la forma que haya muertos por un pedazo de tierra", opinó Castillo, quien buscó diferenciar el accionar de las agrupaciones mapuches radicalizadas del resto de las comunidades.
En mayo de 2020, se creó una mesa de diálogo integrada por los ministerios nacionales de Medio Ambiente —a cargo de Parques Nacionales—, Justicia —a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI— y Seguridad. Además, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) provincial y representantes de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro y de la comunidad.
En enero de 2017, la comunidad mapuches en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, provincia de Chubut, sufrió la represión de fuerzas de Seguridad, que dispararon contra hombres, mujeres y niños, destruyeron viviendas y detuvieron a algunos de sus integrantes. El caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
25 de enero 2022, 19:53 GMT
El 1 agosto de ese año, la represión violenta por parte de Gendarmería nacional a un corte de ruta en este sitio resultó en la muerte de Santiago Maldonado, un joven de 28 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 17 de octubre de 2017, sumergido en un río cercano.
En septiembre de 2017, integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu ocuparon terrenos del Parque Nacional Nahuel Huapi en la localidad de Villa Mascardi, a 35 km de Bariloche, al seguir la revelación de su líder espiritual, la machi Betiana Colhuan, primera de estas figuras consagrada en territorio argentino desde el exterminio mapuche. Un intento de desalojo violento, el 25 de noviembre de ese año, terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, un joven de 22 años, por parte de las fuerzas de Seguridad.
Reclamos desoídos
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Como ocurriera en todo el continente americano desde la colonización europea y, posteriormente, durante la formación de las naciones americanas, el Estado argentino exterminó, en lo que se denominó la Conquista del Desierto, de 1878, a gran parte de las comunidades autóctonas. No reconoció a los pueblos aborígenes como sujetos de derecho ni ofreció restitución a sus descendientes por el genocidio y las tierras expropiadas.
El primer Censo Indígena en Argentina fue ordenado recién en 1965 por el expresidente Arturo Illia (1963-1966). El INAI fue creado en 1985 con el objeto de desarrollar políticas públicas a favor de estas comunidades, de las que forman parte un estimado de dos millones de personas.
Desde 1989, en las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro y Chubut, alrededor de 70 agrupaciones mapuche-tehuelche comenzaron a organizarse para reclamar tierras, en conflicto con grandes corporaciones terratenientes, petroleras y mineras, lo que derivó en la creación del Consejo Asesor Indígena.
En 1994, a partir de la presión de los movimientos de reivindicación cultural vernácula en el marco del cumplimiento de cinco siglos desde el desembarco europeo en el continente, Argentina reconoció por primera vez los derechos indígenas cuando reformó la Constitución, incluida "la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan".
Realizada entre 2004 y 2005 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) calculó que 105.000 personas pertenecen o descienden en primera generación del pueblo mapuche y 73% de ellas vive en las estas tres provincias patagónicas.
Entre 2015 y 2017, algunos grupos de resistencia mapuche realizaron actos de protesta, como cortes de ruta y tomas simbólicas para reclamar territorios ancestrales. El Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) persiguió a sus integrantes.
Esto llevó a que organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales expresaran su preocupación con la estigmatización y la interpretación distorsiva de la ley para calificarlos como amenaza a la seguridad o terroristas.
En 2013, el líder mapuche argentino Facundo Jones Huala fue acusado y luego condenado por participar en el incendio en la hacienda Pisu Pisué, en las cercanías de la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile. Se presentó en su contra además un cargo de porte de arma de confección artesanal.
Cumplidos nueve años de prisión efectiva de los 13 de la sentencia, el lonko (jefe comunitario) de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) obtuvo la libertad condicional el 22 de enero de 2022 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco.
