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Argentina infernal: ola de calor e incendios forestales en todo el país
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Desde hace 10 días gran parte del territorio argentino tiene temperaturas de entre 30 y 40 grados y masivos incendios forestales destruyen desde los bosques de... 03.01.2022, Sputnik Mundo
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El Estado argentino declaró el 28 de diciembre de 2021 el estado de emergencia ígnea nacional durante 12 meses al contabilizarse incendios forestales masivos en siete provincias en simultáneo, aunque hubo en 11 en el año.El fuego destruyó un millón de hectáreas durante 2020 y en 2021 cerca de 400.000 hectáreas, en dos años de intensas sequías producto del cambio climático y la deforestación, según reportes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).El poder destructor del fuego es una de las facetas del cambio climático más espeluznantes, y donde la mano del hombre es reconocida como provocadora de buena parte de los focos, en pos de la expansión de la frontera agropecuaria y la especulación inmobiliaria.La temporada de festividades y el cambio de año en Argentina estuvieron marcados por una intensa ola de calor por más de 10 días que llevó a que 16 provincias registren temperaturas de entre 30 y 40 ºC, mientras que en el distrito de Santiago del Estero (centro-norte) hubo 45 ºC.En las provincias patagónicas de Neuquén y Río Negro, los incendios comenzaron a principios de diciembre como consecuencia de la caída de rayos, pero desde entonces no se han podido sofocar por culpa de la sequía y potenciados por las altas temperaturas, los vientos veloces andinos y el hecho de contar con grandes plantaciones de monocultivo de pinos, cuya resina es cinco veces más inflamable que la flora local.En Córdoba (centro) o Entre Ríos y Santa Fe (este central) —estas dos sobre el cauce del Río Paraná, en bajante histórica— las quemas intencionales son la principal razón del fuego, realizadas para desmontar y utilizar el suelo para desarrollo de campos para agricultura y viviendas.En distritos, como Misiones, Formosa y Corrientes (norte), denuncian que los focos habrían comenzado incluso antes, en noviembre, sin capacidad de reacción estatal. El presupuesto para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego en 2021 fue de 282 millones de pesos —19 millones de dólares, a cambio oficial—, 36% menos que en 2020, una reducción a la que hay que incluir la inflación anual de alrededor de 50%."Buena parte de la capacidad de respuesta frente el fuego, tanto en términos preventivos como reactivos, no dependen directamente de las carteras tradicionalmente asignadas a la conducción de las políticas ambientales, sino que dependen de otras áreas de protección civil que generalmente dependen de carteras ministeriales como Seguridad y Defensa", explicó.El reclamo desoídoLa crisis climática es un hecho constatado no solo por la comunidad científica internacional desde hace años, sino que fenómenos como el calentamiento global ya son parte de la agenda de alerta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que asegura que la tendencia marca una cuenta regresiva que podría provocar una posible catástrofe de gran escala.Organizaciones ambientalistas y pueblos originarios demandan que la discusión sea parte del debate público, frente a las plataformas políticas tradicionales, que impulsan discursos contradictorios, como la recientemente aprobada autorización de exploración petrolera en altamar frente a las costas de Mar del Plata, la principal ciudad balnearia del país, en el Mar Argentino, con posibles consecuencias para Argentina y Uruguay.Las agrupaciones exigen que se amplíen los fondos y la infraestructura destinados a la prevención y lucha contra los incendios. Además, demandan que la deforestación ilegal de bosques, la destrucción de humedales y los incendios intencionales sean catalogados como delitos penales y que se incrementen sustancialmente las multas, ya que muchas veces son asumidas como costos de producción.Los incendios intencionales en el Delta del Paraná motivaron a que se presentaran 14 proyectos para redactar una demandada Ley de humedales, ecosistemas que representan 21% del territorio y de los que se perdieron 350.000 hectáreas por los incendios, una iniciativa que fue frustrada ya tres veces en el parlamento en la última década por grupos de presión.El Gobierno de Argentina promulgó en diciembre de 2020 una ley que prohíbe la comercialización de terrenos quemados para otro fin que no sea el que tenía la superficie antes de iniciarse el incendio en plazos que se extienden de los 30 a los 60 años.La ley protege el cambio de uso del suelo de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales que hayan sido víctimas de incendios espontáneos o provocados. Sin embargo, no establece la prohibición del uso del fuego donde el uso ganadero es acompañado de prácticas tradicionales de quema para el rebrote.El Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible recomendaron al Poder Ejecutivo nacional que se habiliten partidas presupuestarias de excepción necesarias para robustecer políticas de prevención de incendios y dan por sentado que se replicarán durante períodos más extensos durante todo el año debido a la falta de lluvias y los aumentos de las temperaturas.
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Argentina infernal: ola de calor e incendios forestales en todo el país
Francisco Lucotti
Desde Argentina
Desde hace 10 días gran parte del territorio argentino tiene temperaturas de entre 30 y 40 grados y masivos incendios forestales destruyen desde los bosques de la Patagonia en el sur hasta las selvas y humedales del norte. La sequía, producto del cambio climático, y la mano del hombre provocaron 1,5 millones de hectáreas incendiadas en dos años.
El Estado argentino declaró el 28 de diciembre de 2021 el estado de
emergencia ígnea nacional durante 12 meses al contabilizarse
incendios forestales masivos en siete provincias en simultáneo, aunque hubo en 11 en el año.
El fuego
destruyó un millón de hectáreas durante 2020 y en 2021 cerca de 400.000 hectáreas, en dos años de intensas sequías producto del cambio climático y la deforestación, según reportes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El poder destructor del fuego es una de las facetas del cambio climático más espeluznantes, y donde la mano del hombre es reconocida como provocadora de buena parte de los focos, en pos de la expansión de la frontera agropecuaria y la especulación inmobiliaria.
"Los incendios no son un fenómeno novedoso para el país, mucho menos para la región, se retrotraen como mínimo 10 años, donde las diferentes administraciones —federal, provincial, municipal— no se encuentran debidamente preparadas para responder adecuadamente frente este tipo de crisis", dijo a Sputnik Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
La temporada de festividades y el cambio de año en Argentina estuvieron marcados por una intensa ola de calor por más de 10 días que llevó a que 16 provincias registren temperaturas de entre 30 y 40 ºC, mientras que en el distrito de Santiago del Estero (centro-norte) hubo 45 ºC.
En las provincias patagónicas de Neuquén y Río Negro, los incendios comenzaron a principios de diciembre como consecuencia de la caída de rayos, pero desde entonces no se han podido sofocar por culpa de la sequía y potenciados por las altas temperaturas, los vientos veloces andinos y el hecho de contar con grandes plantaciones de monocultivo de pinos, cuya resina es cinco veces más inflamable que la flora local.
En Córdoba (centro) o Entre Ríos y Santa Fe (este central) —estas dos sobre el cauce del
Río Paraná, en bajante histórica— las
quemas intencionales son la principal razón del fuego, realizadas para desmontar y utilizar el suelo para desarrollo de campos para agricultura y viviendas.
3 de enero 2022, 16:23 GMT
En distritos, como Misiones, Formosa y Corrientes (norte), denuncian que los focos habrían comenzado incluso antes, en noviembre, sin capacidad de reacción estatal. El presupuesto para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego en 2021 fue de 282 millones de pesos —19 millones de dólares, a cambio oficial—, 36% menos que en 2020, una reducción a la que hay que incluir la inflación anual de alrededor de 50%.
"Buena parte de la capacidad de respuesta frente el fuego, tanto en términos preventivos como reactivos, no dependen directamente de las carteras tradicionalmente asignadas a la conducción de las políticas ambientales, sino que dependen de otras áreas de protección civil que generalmente dependen de carteras ministeriales como Seguridad y Defensa", explicó.
La
crisis climática es un hecho constatado no solo por la comunidad científica internacional desde hace años, sino que fenómenos como el
calentamiento global ya son parte de la
agenda de alerta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que asegura que la tendencia marca una cuenta regresiva que podría provocar una posible catástrofe de gran escala.
Organizaciones ambientalistas y
pueblos originarios demandan que la discusión sea parte del debate público, frente a las plataformas políticas tradicionales, que impulsan discursos contradictorios, como la recientemente aprobada
autorización de exploración petrolera en altamar frente a las costas de Mar del Plata, la principal ciudad balnearia del país, en el Mar Argentino, con
posibles consecuencias para Argentina y Uruguay.
25 de septiembre 2021, 01:10 GMT
Las agrupaciones exigen que se amplíen los fondos y la infraestructura destinados a la prevención y lucha contra los incendios. Además, demandan que la
deforestación ilegal de bosques, la
destrucción de humedales y los incendios intencionales sean catalogados como delitos penales y que se incrementen sustancialmente las multas, ya que muchas veces son asumidas como costos de producción.
"La fenomenología de los incendios, su proyección escalar masiva y su distribución en diferentes regiones obliga a reconocer que existe un problema recurrente, que debe interpelar al Estado para que se solucionen los problemas que llevaron al mal manejo del fuego y no se vuelvan a repetir: la falta de financiamiento, de infraestructura, de recursos logísticos, de la formación de recursos humanos, de articulación interministerial y la desconección de las organizaciones de la sociedad civil", enfatizó Colombo.
Los incendios intencionales en el
Delta del Paraná motivaron a que se presentaran 14 proyectos para redactar una demandada
Ley de humedales, ecosistemas que representan 21% del territorio y de los que se perdieron 350.000 hectáreas por los incendios, una iniciativa que fue frustrada ya tres veces en el parlamento en la última década por grupos de presión.
El Gobierno de Argentina promulgó en diciembre de 2020 una ley que prohíbe la comercialización de terrenos quemados para otro fin que no sea el que tenía la superficie antes de iniciarse el incendio en plazos que se extienden de los 30 a los 60 años.
9 de enero 2021, 01:36 GMT
La ley protege el cambio de uso del suelo de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales que hayan sido víctimas de incendios espontáneos o provocados. Sin embargo, no establece la prohibición del uso del fuego donde el uso ganadero es acompañado de prácticas tradicionales de quema para el rebrote.
El Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
recomendaron al Poder Ejecutivo nacional que se habiliten partidas presupuestarias de excepción necesarias para
robustecer políticas de prevención de incendios y dan por sentado que se replicarán durante períodos más extensos durante todo el año debido a la falta de lluvias y los aumentos de las temperaturas.
"Mientras más retroceden nuestros humedales y nuestros cursos de agua a niveles de bajantes históricas, menos posibilidades tenemos de que existan barreras de contención naturales ante contingencias climáticas que cada vez son más estables. Si no nos lo tomamos en serio, lo que probablemente ocurra es que se intensifique la sabanización y desertificación de los ecosistemas, con daños irreversibles", concluyó el abogado ambientalista.
