Caso de expresidente paraguayo Lugo en CIDH marca antecedente en América Latina
© AFP 2023 / Norberto DuarteParaguay's former President Fernando Lugo speaks during a press conference on March 6, 2013 in Asuncion, a day after the death of Venezuela's President Hugo Chavez. Venezuela was plunged into uncertainty Wednesday after the death of President Hugo Chavez, who dominated the oil-rich country for 14 years and came to embody a resurgent Latin American left.
© AFP 2023 / Norberto Duarte
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MONTEVIDEO (Sputnik) — La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de admitir la causa de la destitución del expresidente paraguayo Fernando Lugo (2008-2012) marca un antecedente para otros casos de 'lawfare' contra líderes de izquierda en América Latina, dijo a Sputnik el abogado del exmandatario, Emilio Camacho.
"El caso de Lugo marca un precedente para otros casos de lawfare contra líderes de izquierda en América Latina. Evidentemente se instala en el sistema de derechos humanos, con la fuerza de los derechos y de la razón. Es un caso paradigmático", dijo Camacho.
El lawfare, o "judicialización de la política", consiste en el "uso indebido" del sistema judicial para fines de destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, según lo define el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
"Nuestro reclamo implica una defensa del Estado de derecho en el continente americano. Atropellaron a Dilma [Rousseff, Brasil, 2011-2016], [Rafael] Correa [Ecuador, 2007-2017], a [Manuel] Zelaya [Honduras, 2006-2009], a Cristina Fernández [Argentina, 2007-2017]. Es una defensa al estado democrático y a la voluntad popular. Si la CIDH lo resuelve a favor de Lugo, marca un antecedente para los otros expresidentes", explicó el abogado.
Camacho agregó que mantiene contacto con otros abogados de expresidentes, ya que en el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) del Grupo de Puebla, foro académico y político de la izquierda latinoamericana, se discuten los casos de judicialización de la política que ocurrieron en la región.
El 28 de diciembre, la CIDH declaró admisible la causa de Lugo contra el Estado paraguayo, en el marco de la destitución del presidente, ocurrida en junio de 2012, en un juicio político que duró menos de 24 horas.
El procedimiento fue considerado ilegal por su partido, el Frente Guasú, por el que Lugo es actualmente senador.
La Comisión iniciará el análisis de fondo del planteamiento del exmandatario, para el que contará con un plazo de seis meses.
Caso
Lugo fue apartado de su cargo por el Congreso a raíz de la llamada Masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y seis policías durante el desalojo de los trabajadores rurales que ocupaban un territorio en protesta por la escasez de tierras para el cultivo.
El 29 de septiembre de 2019, el exmandatario dijo a la Agencia Sputnik que fue destituido de su cargo por un golpe parlamentario y que su remoción es parte de la misma estrategia que se ha impulsado en la región contra los líderes progresistas y expresidentes Fernández, Rousseff, Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil, 2003-2011) y Correa.
Para Camacho, el juicio contra Lugo fue el "más atroz en materia de violaciones de derechos humanos que registre la historia paraguaya".
"Nos notifican del juicio a las 18 horas del jueves y nos citan al día siguiente a las 9 de mañana. En el juicio planteamos un cuarto intermedio para producir pruebas, no nos dejaron y llevaron adelante el juicio de la manera más cruel e inicua y ese mismo día votaron. Fue un auténtico golpe de estado parlamentario", afirmó el abogado.
Según el defensor, "los grandes intereses antidemocráticos vigentes y dominantes de Paraguay" presionaron para que Lugo fuera destituido.
"El pueblo votó a Lugo, pero se violentó la soberanía popular y aprovecharon una masacre en una comunidad de campesinos. Es el primer caso de lawfare e instrumentalización de la institución para perseguir políticos. A Lugo se lo destituye por su idea política", agregó.
Afirmó, sin embargo, que van a estar abiertos al diálogo con el Estado paraguayo.
"El presidente Lugo dice que en caso de que la CIDH haga lugar a su reclamo, que estaría en torno de los 500 millones de guaraníes, que son como como 70.000 dólares, lo va a donar a la comunidad indígena Avá Guaraní", agregó.
Además, dijo que exigirá que se reconozcan que se violaron los derechos a la defensa del expresidente.
"Si se aprueba, debería haber publicaciones con pedidos de disculpas, sobre todo en los medios de comunicación", señaló.
Candidatura
Por otro lado, el abogado no descartó pedir el restablecimiento de los derechos de Lugo para volver a ser candidato a presidente en Paraguay; sin embargo, dijo que no están trabajando en ese tema en este momento.
"Hoy no discutimos el tema. No se descarta la candidatura de Lugo, pero en este momento estamos en otra cosa. En esta instancia no corresponde trabajar sobre eso", indicó.
Afirmó que en caso de que lo apruebe la CIDH, el caso podría ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"En la Constitución dice que no existe la reelección en Paraguay. Pero Lugo fue destituido, por lo que hay gente que dice que sí se puede hacer. Pero la corte rechazó la solicitud. La comisión no es un órgano judicial, pero en un altísimo porcentaje, todo lo que diga la comisión es ratificado por la Corte Interamericana", agregó.
El artículo de la Constitución paraguaya que prohíbe la reelección presidencial fue incluido luego de que la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) fuera derrocada por un golpe comandado por el general Andrés Rodríguez.
Pero algunos creen que como Lugo no cumplió su mandato, podría volver a ser candidato.
Desde entonces se han realizado varios intentos por aprobar la relección, que no han tenido éxito en el Parlamento.