"Peligro de contagio", el término jurídico con el que México criminaliza a las personas con VIH
22:10 GMT 30.11.2021 (actualizado: 02:16 GMT 01.12.2021)
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Treinta estados de la República mexicana tipifican el delito de "peligro de contagio" en cuyo listado de enfermedades incluyen el virus de la inmunodeficiencia humana; sin embargo, en el país esta causal es ambigua y se utiliza para criminalizar a quienes viven con VIH, señalan activistas.
La Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH se constituyó en octubre de 2017 pero su gestación, señala su fundadora, Patricia Ponce, comenzó dos años antes cuando el Congreso del estado de Veracruz modificó su Código Penal local para "sancionar la transmisión del virus".
En 2015, el estado incluyó al VIH dentro de las infecciones de transmisión sexual que podrían incurrir en el delito de "peligro de contagio" y se estableció una pena de seis meses a cinco años de prisión, así como una multa de 50 días de salario mínimo (siete dólares al día), "a quien dolosamente infectara a otra persona".
Para ese entonces, el estado de Jalisco ya contaba con la misma especificación en su Código Penal local y, luego de Veracruz, siguió la mayoría de los estados del país. Actualmente sólo dos estados de la República mexicana no lo incluyen en sus legislaciones: Aguascalientes y San Luis Potosí.
16 de noviembre 2021, 15:22 GMT
Desde la red se argumentó entonces que la prevención, atención y el control del VIH son facultades exclusivas de las autoridades en materia de salud, por lo que las autoridades judiciales no tendrían que desarrollar e implementar medidas contra la transmisión del virus; sin embargo, la denuncia pública no fue suficiente.
Patricia Ponce y otros dos activistas fundadores de la Red, Gonzalo Aburto y Ricardo Hernández Forcado, acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El máximo órgano de justicia del país determinó que la causal era inaplicable por inconstitucional; sin embargo, el código no ha sido reformado y la resolución de la SCJN solo aplica para Veracruz. Según explicó el abogado e integrante de la Red, Antonio Matus, las consideraciones de la Corte sirven para sensibilizar a los congresos locales con miras a que "deroguen las nuevas iniciativas y las existentes en 30 estados".
Los datos
A la par de la pelea legal contra la legislación en la Suprema Corte, la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH organizó un trabajo de monitoreo de los posibles intentos de reforma junto a sus 40 integrantes, presentes en 14 estados del país.
Leonardo Bastida fue el encargado de sistematizar la información de monitoreo realizada de forma descentralizada en el territorio, durante los últimos meses de 2020 y el primer semestre de 2021.
"Cada organización realizó una lectura de sus códigos penales y civiles, de sus leyes contra la discriminación, así como recomendaciones en materia específica de VIH y de defensa de los derechos humanos de cada estado, con las que construimos este informe", explicó Bastida, quien compartió con Sputnik los siguientes resultados.
En México, 30 de los 32 estados de la República cuentan con el delito de "peligro de contagio", que se aplica cuando se "pone en riesgo la salud de otra persona", una definición amplia y ambigua, que permite procesar a una persona que vive con VIH si otro considera que el contacto con ella la puso en riesgo, con la sola presunción".
En 10 de estos estados se tiene una penalización directa hacia quien vive con enfermedades de transmisión sexual, específicamente establecido como causal de pena en el artículo. Es decir, incluso una persona que tiene un diagnóstico de VIH pero cuya carga viral es tan baja que es indetectable en su cuerpo (y por tanto no contagia) también puede ser acusada penalmente e ir a la cárcel.
En 11 estados se considera al delito como una lesión calificada; es decir, se equipara penalmente la transmisión del VIH con haber golpeado o herido con arma blanca a una persona, mientras que en Chiapas y Durango se considera como un delito culposo. En Jalisco, Sonora, Estado de México y Guanajuato puede incluso juzgarse como "homicidio", siempre que la persona contagiada fallezca como consecuencia de la enfermedad transmitida.
En Coahuila y Tamaulipas, este delito se penaliza con más de diez años de cárcel, por lo que impide llevar el proceso en libertad.
En Nayarit y Zacatecas es sancionada una mujer que vive con alguna enfermedad de transmisión sexual y que amamante a su bebé.
"Cabe recordar que desde hace dos años, un comité científico ha establecido que no hay manera tecnológica de comprobar el origen de una infección, por lo que por más leyes que se apliquen, jamás se ha podido probar que la persona acusada transmitió o no la enfermedad", explicó Bastida.
La red también comprobó que los Códigos Civiles recortan los derechos de las personas que viven con el virus:
En Baja California Sur, Guerrero y Tamaulipas está prohibido casarse para personas que viven con VIH.
En siete estados del país, puede solicitarse la nulidad del matrimonio si al conyugue se le detecta una enfermedad de transmisión sexual
En 20 estados, las personas con VIH son consideradas "crónicas e incurables" y por tanto se les impide recibir la tutela de un menor de edad
Si ante un divorcio, a una de las partes se le detecta VIH, en Baja California Sur se pierde la custodia de los menores a cargo de la unión.
Desde la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH, tan solo en Veracruz, se han detectado 15 casos de personas que viven con el virus acusadas penalmente por el "delito de contagio" hasta el año 2017; le sigue Sonora con 14 casos, Tamaulipas y el Estado de México con cinco, mientras que en la Ciudad de México y Nuevo León se localizó un caso en cada entidad.
"Uno de los logros de la red fue colocar la palabra criminalizar, que en México no se usaba para referirse al VIH. Se hablaba de estigma y de discriminación, pero cuando surgieron estos cambios a los códigos penales, la Red colocó el tema de la criminalización en el país", explicó Patricia Ponce.
Según datos de la Secretaría de Salud, entre 1983 y noviembre de 2021, se notificó el diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana a 328.791 personas, de las cuales 201.439 están vivas. Las entidades con mayor tasa de casos nuevos son Quintana Roo, Colima, Campeche, Tabasco y Yucatán.
