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España afronta un invierno de protestas
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MADRID (Sputnik) — La ciudadanía española aceptó con resignación el impacto de la pandemia, siendo uno de los pocos países de Europa donde las protestas contra... 25.11.2021, Sputnik Mundo
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Pero los problemas nunca vienen solos. Con el desgaste económico de la COVID-19 aún presente —el PIB no recuperará su nivel prepandemia hasta 2023—, España afronta ahora nuevos retos, entre ellos el alza del coste de la energía, el parón de la cadena de suministros o la creciente polarización social, una policrisis que empuja al país a un invierno de protestas.Cádiz como sintomaEl mayor anticipo del invierno caliente que se avecina lo han dado los trabajadores del sector del metal en Cádiz (en la región de Andalucía, al sur de España). Tras nueve días de huelga indefinida marcada por los constantes enfrentamientos entre los trabajadores y la Policía, los sindicatos alcanzaron el 24 de noviembre un acuerdo con la patronal para poner fin a los paros.Pese al fin de la huelga, la imagen de trabajadores resguardados en barricadas en llamas, ante las cargas policiales, debería ser un toque de atención para un Gobierno de corte progresista como el que preside el PSOE de Pedro Sánchez junto a los izquierdistas de Unidas Podemos.Sobre todo, porque la principal reivindicación de los 20.000 trabajadores del sector era lograr una subida salarial en su nuevo convenio acorde al auge del Índice de Precios de Consumo (IPC), que ahora mismo registra un alza del 5,5% anual, la mayor inflación en 29 años.Transporte, campo, automóvil…De hecho, el alza de los costes de la vida y la actividad económica son el hilo conductor de las protestas por venir en España. Por ejemplo, desde el sector agrícola denuncian que la energía eléctrica se encareció un 270% y el gasóleo un 73% en lo que va de 2021.Por ello, los agricultores también se encuentran lanzando un grito de socorro. Como parte de una campaña de movilizaciones bajo el lema #SOSRural, el 24 de noviembre más de 500 personas se manifestaron ante el ministerio de Agricultura en Madrid para exigir medidas contra lo que consideran la "tormenta perfecta" para el campo: un auge de los costes de producción enmarcado dentro de una tendencia continuada de caída de los precios de venta.No se trata del único sector en pie de guerra. La ola de movilizaciones llega incluso a amenazar la vorágine consumista de la Navidad: el sector del transporte planea llevar a cabo un paro patronal entre el 19 y el 22 de diciembre, una protesta cuyo germen es el disparado precio del gasoil, aunque incluye también reivindicaciones como prohibir que los conductores carguen y descarguen los camiones o la no implantación el sistema de peajes de la UE.Otro sector envuelto en un ciclo de protestas es el del automóvil, que en los últimos meses se vio especialmente afectado por la escasez de microchips, una crisis de abastecimiento que deja la actividad de las fábricas en un constante estado de intermitencia: si hay suministro se trabaja; si no, no.Según datos de la asociación de fabricantes ANFAC, la escasez de chips hace que la producción de vehículos sea menor incluso que durante el año del confinamiento. Durante los primeros diez meses del año se fabricaron en España total de 1.757.280 unidades, lo que representa una caída del 2,5% respecto a 2020 y del 26,7% en comparación con 2019.Cálculos de la Unión General de Trabajadores (UGT) apuntan a que el efecto acumulado de la crisis de suministro y la COVID-19, ya supuso la pérdida de 200.000 trabajos eventuales y otros 15.000 fijos en la industria automovilística desde 2020. Por ello, en una concentración ante el Ministerio de Industria, representantes del sector pidieron este lunes al Gobierno parar la sangría habilitando mecanismos de cese de actividad para que los parones en las fábricas no conlleven más despidos.Protesta policialSobre este clima de descontento, que ya dejó incluso sus primeros disturbios, sobrevuela la sombra del desencuentro entre los cuerpos policiales y el Gobierno.El 24 de noviembre miles agentes de la Policía y la Guardia Civil se manifestaron en distintos puntos de España contra los planes del Gobierno para modificar la ley de seguridad ciudadana, conocida popularmente como la ley mordaza, una norma aprobada en 2015 —tras los estallidos sociales contra las políticas de austeridad— para reforzar la autoridad de los agentes y la cuantía de las sanciones en detrimento de los derechos de los manifestantes.Pese a las continuas denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional alertando de que la ley mordaza aumentó la discrecionalidad de la actuación policial y a que los índices de criminalidad se encuentran en mínimos históricos, diferentes agrupaciones policiales crearon recientemente la plataforma "No a la España insegura" para evitar la reforma. Tras la primera toma de contacto de este miércoles, las movilizaciones proseguirán este sábado con una gran manifestación de policías en Madrid.Las pocas agrupaciones policiales progresistas que existen advierten incluso de que no se trata de una protesta contra los cambios en la ley mordaza, sino que la movilización está sometida a los "intereses partidistas" de la oposición para "tratar de derrocar al Gobierno", según dijo Víctor Caja, portavoz de uno de los sindicatos díscolos, en declaraciones a La Vanguardia.El descontento social avanza en múltiples frentes, anticipando un invierno caliente para el Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, Sánchez aún no tiene motivos para encender la luz de alarma: los datos de empleo son buenos —en octubre se superaron los 20 millones de ocupados por primera vez desde 2008— y los fondos Next Generation EU, si se usan correctamente, pueden servir como extintor para sofocar el incendio en los sectores más dañados por la crisis.
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España afronta un invierno de protestas
MADRID (Sputnik) — La ciudadanía española aceptó con resignación el impacto de la pandemia, siendo uno de los pocos países de Europa donde las protestas contra las restricciones anticovid fueron marginales.
Pero los problemas nunca vienen solos. Con el desgaste económico de la COVID-19 aún presente —el PIB no recuperará su nivel prepandemia hasta 2023—, España afronta ahora nuevos retos, entre ellos el alza del coste de la energía, el parón de la cadena de suministros o la creciente polarización social, una policrisis que empuja al país a un invierno de protestas.
11 de noviembre 2021, 10:22 GMT
El mayor anticipo del invierno caliente que se avecina lo han dado los trabajadores del sector del metal en Cádiz (en la región de Andalucía, al sur de España). Tras nueve días de huelga indefinida marcada por los constantes enfrentamientos entre los trabajadores y la Policía, los sindicatos alcanzaron el 24 de noviembre
un acuerdo con la patronal para poner fin a los paros.
Pese al fin de la huelga, la imagen de trabajadores resguardados en barricadas en llamas, ante las cargas policiales, debería ser un toque de atención para un Gobierno de corte progresista como el que preside el PSOE de Pedro Sánchez junto a los izquierdistas de Unidas Podemos.
25 de noviembre 2021, 11:13 GMT
Sobre todo, porque la principal reivindicación de los 20.000 trabajadores del sector era lograr una subida salarial en su nuevo convenio acorde al auge del Índice de Precios de Consumo (IPC), que ahora mismo registra un alza del 5,5% anual, la mayor inflación en 29 años.
Transporte, campo, automóvil…
De hecho, el alza de los costes de la vida y la actividad económica son el hilo conductor de las protestas por venir en España. Por ejemplo, desde el sector agrícola denuncian que la energía eléctrica se encareció un 270% y el gasóleo un 73% en lo que va de 2021.
Por ello, los agricultores también se encuentran lanzando un grito de socorro. Como parte de una campaña de movilizaciones
bajo el lema #SOSRural, el 24 de noviembre más de 500 personas se manifestaron ante el ministerio de Agricultura en Madrid para exigir medidas contra lo que consideran la "tormenta perfecta" para el campo: un auge de los costes de producción enmarcado dentro de una tendencia continuada de caída de los precios de venta.
"Pedimos que se nos paguen por nuestras frutas y hortalizas un precio justo para poder cubrir nuestros costes de producción y vivir dignamente", declaró ante la prensa Andrés Góngora Belmonte, portavoz de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.
No se trata del único sector en pie de guerra. La ola de movilizaciones llega incluso a amenazar la vorágine consumista de la Navidad: el sector del transporte planea llevar a cabo un paro patronal entre el 19 y el 22 de diciembre, una protesta cuyo germen es el disparado precio del gasoil, aunque incluye también reivindicaciones como prohibir que los conductores carguen y descarguen los camiones o la no implantación el sistema de peajes de la UE.
Otro sector envuelto en un ciclo de protestas es el del automóvil, que en los últimos meses se vio especialmente afectado por la
escasez de microchips, una crisis de abastecimiento que deja la actividad de las fábricas en un constante estado de intermitencia: si hay suministro se trabaja; si no, no.
23 de noviembre 2021, 14:05 GMT
Según datos de la asociación de fabricantes ANFAC, la escasez de chips hace que la producción de vehículos sea menor incluso que durante el año del confinamiento. Durante los primeros diez meses del año se fabricaron en España total de 1.757.280 unidades, lo que representa una caída del 2,5% respecto a 2020 y del 26,7% en comparación con 2019.
Cálculos de la Unión General de Trabajadores (UGT) apuntan a que el efecto acumulado de la crisis de suministro y la COVID-19, ya supuso la pérdida de 200.000 trabajos eventuales y otros 15.000 fijos en la industria automovilística desde 2020. Por ello, en una concentración ante el Ministerio de Industria, representantes del sector pidieron este lunes al Gobierno parar la sangría habilitando mecanismos de cese de actividad para que los parones en las fábricas no conlleven más despidos.
Sobre este clima de descontento, que ya dejó incluso sus primeros disturbios, sobrevuela la sombra del desencuentro entre los cuerpos policiales y el Gobierno.
El 24 de noviembre miles agentes de la Policía y la Guardia Civil
se manifestaron en distintos puntos de España contra los planes del Gobierno para modificar
la ley de seguridad ciudadana, conocida popularmente como la ley mordaza, una norma aprobada en 2015 —tras los estallidos sociales contra las políticas de austeridad— para reforzar la autoridad de los agentes y la cuantía de las sanciones en detrimento de los derechos de los manifestantes.
Pese a las continuas denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional alertando de que la ley mordaza aumentó la discrecionalidad de la actuación policial y a que los índices de criminalidad se encuentran en mínimos históricos, diferentes agrupaciones policiales crearon recientemente la plataforma "No a la España insegura" para evitar la reforma. Tras la primera toma de contacto de este miércoles, las movilizaciones proseguirán este sábado con una gran manifestación de policías en Madrid.
24 de noviembre 2021, 13:16 GMT
Las pocas agrupaciones policiales progresistas que existen advierten incluso de que no se trata de una protesta contra los cambios en la ley mordaza, sino que la movilización está sometida a los "intereses partidistas" de la oposición para "tratar de derrocar al Gobierno", según dijo Víctor Caja, portavoz de uno de los sindicatos díscolos, en declaraciones a La Vanguardia.
El descontento social avanza en múltiples frentes, anticipando un invierno caliente para el Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, Sánchez aún no tiene motivos para encender la luz de alarma: los datos de empleo son buenos —en octubre se superaron los 20 millones de ocupados por primera vez desde 2008— y los fondos Next Generation EU, si se usan correctamente, pueden servir como extintor para sofocar el incendio en los sectores más dañados por la crisis.
