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La Justicia reabre la causa sobre el robo del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias

© Europa Press / Dani GagoPablo Iglesias se corta la coleta
Pablo Iglesias se corta la coleta - Sputnik Mundo, 1920, 22.10.2021
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BARCELONA (Sputnik) — La Audiencia Nacional de España ordenó reabrir el denominado 'caso Dina', que investiga el robo de la tarjeta del móvil de la asesora del exvicepresidente de España y antiguo líder de Podemos, Pablo Iglesias.
"La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la revocación del auto de pase a procedimiento abreviado en la pieza del caso Tándem en la que se investiga la sustracción de la tarjeta del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias Dina Bouselham", informó la Audiencia.
El tribunal también ordenó al juzgado que tome declaración a Bousselham, su pareja y al antiguo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.
El Tribunal Supremo de España había archivado la causa en enero tras considerar que no había motivos para imputar a Iglesias, tal como pedía el juez de la Audiencia Manuel García Castellón.
Este magistrado reclamó investigar al entonces vicepresidente español por los delitos de denuncia falsa, descubrimiento de secretos y daños informáticos; al considerar que quiso beneficiarse políticamente del robo del terminal.
Los hechos se remontan a 2015, cuando Bousselham sufrió la sustracción de su móvil en un establecimiento de Madrid poco después de comenzar a trabajar en Podemos, formación que estaba liderada por Iglesias.
Dos años más tarde se encontró el contenido de la tarjeta de memoria en casa del excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo, conocido por su implicación en varias tramas de corrupción política y policial.
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De acuerdo con el juez, Iglesias recibió esta información en 2016 por parte del director de un grupo editorial pero fingió desconocimiento para aparecer como perjudicado ante la opinión pública cuando España estaba a pocas semanas de unas elecciones generales.
El Supremo estima el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra el archivo de la causa al entender que las diligencias pedidas son "procedentes a los fines de la instrucción".
Para agotar la instrucción, el tribunal ve preciso "conocer, en la medida de lo posible, el origen de la divulgación por los medios de comunicación desde enero de 2016 de otra información contenida en el teléfono", a lo que la declaración de la exasesora "podría contribuir".
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