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"Es una negligencia": la ley de la eutanasia avanza a distintas velocidades en España

"Es una negligencia": la ley de la eutanasia avanza a distintas velocidades en España

Sputnik Mundo

La Comunidad de Madrid aprueba el decreto que le permitirá regular la aplicación de la eutanasia. Lo hace con tres meses de retraso. En estos momentos, tan... 07.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-07T13:51+0000

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El 19 de septiembre una mujer se suicidó en un hotel de Madrid. Alquiló una habitación y se quitó la vida. Tenía casi 70 años y padecía una patología crónica osteomuscular incurable desde hace 14 años. Un mal agravado por su intolerancia a los opioides. Además, sufría un cáncer de vejiga invasivo y de alto grado. Su existencia se había convertido en un suplicio, por lo que el 7 de julio demandó la eutanasia, amparada por la ley que entró en vigor el 25 de junio. Su doctora se declaró objetora de conciencia, después de decirle sí en un principio. El caso quedó en manos del madrileño hospital Gómez Ulla, su centro de referencia. La administración no encontró otro médico que gestionase la solicitud. El 8 de septiembre le dijeron que esperase. Ella decidió no hacerlo.De momento, Javier Serrano aguarda. Quiere que le den la sustancia que le permita morir dignamente y acabar con los dolores que le provoca la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. En NIUS admite que "si pudiese ya se hubiese quitado la vida". Solo le queda confiar en que resuelvan su petición de eutanasia, cuyo trámite inició hace meses. Como él, existen más casos. "En el hospital Clínico hay un hombre de 40 años que está a la espera. Quiere ser donante, ya que, de momento, no hay problemas con su enfermedad. A este ritmo morirá en su casa solo, sin su familia, e igual no puede donar los órganos", relata el vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Fernando Marín, a Sputnik Mundo.Los anteriores casos comparten su ubicación: la Comunidad de Madrid. Esta era una de las únicas comunidades autónomas que todavía no había creado la comisión de garantías y evaluación, órgano necesario para proceder a la eutanasia. Junto a ella, Andalucía. "Muchos dicen que no saben si llegarán a su creación en ambas comunidades. Si no tomarán la decisión de morir", transmitía Marín. No obstante, los madrileños no tendrán que esperar más.El Gobierno autonómico aprobó el miércoles 6 de octubre el decreto de desarrollo de la ley que regulará la eutanasia. En el texto, publicado el jueves 7 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), se incluye el registro de profesionales objetores de conciencia a su aplicación y la comisión de garantías que evaluará las peticiones. "Este decreto cumple el mandato de la ley orgánica nacional", explicó el portavoz del Ejecutivo madrileño, Enrique Ossorio, en rueda de prensa. El viernes 8 de octubre entrará en vigor.La llegada de dicho decreto se produce tres meses después de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia y casi medio año después de su aprobación, fechada en el 18 de marzo en el Congreso de los Diputados. La noticia es celebrada por DMD, sin embargo, lamentan su postergación en el tiempo. "No es un bloqueo deliberado, sino una negligencia. No les interesa la ley de la eutanasia. No porque no estén de acuerdo. Es más, yo no creo que Isabel Díaz Ayuso esté en contra, al menos según su perfil de agnóstica y a favor de derechos como el divorcio o la libertad de sexual. Sin embargo, prefieren no priorizar. Ya sea para contentar al sector más conservador de sus votantes o para mantener los favores de la Iglesia católica", indica Marín.Según ha precisado Ossorio, la comisión de garantía y evaluación estará compuesta por 23 vocales, activos desde que se publique el reglamento de funcionamiento del decreto ley. Este organismo será el encargado de autorizar o denegar las prestaciones de ayuda a morir. Además, recibirá las solicitudes de los médicos que rechacen practicar la eutanasia. También las reclamaciones de los pacientes afectados por las decisiones de los doctores. Por otro lado, servirá como centro de información para la ciudadanía y atenderá las consultas de la población vía teléfono o correo electrónico.A esta acudirán todos aquellos que deseen morir al no poder soportar el dolor infligido por una enfermedad. El paciente pedirá la eutanasia a su médico responsable, con quien deliberará sus opciones. Comprobados los requisitos, el interesado volverá a hacer una segunda solicitud a dicho doctor. Aceptada esta, el médico responsable contactará con un segundo profesional, especializado en la patología que sufre el paciente. El facultativo consultado escribirá una valoración y será enviada junto al informe del médico responsable a la comisión. Entonces, el presidente del organismo nombrará a un médico y a un jurista que evaluarán los requisitos legales y sanitarios. En caso de recibir el visto bueno, el demandante establecerá una fecha con el médico responsable para morir en su domicilio o en el hospital.100 días después de la entrada de vigor de la leyA pesar de la aprobación del decreto, el vicepresidente de DMD no considera que el Gobierno de la Comunidad de Madrid vaya a favorecer la aplicación de la legislación. "No se van a oponer, pero tampoco lo van a poner fácil. No van promocionar la ley o poner carteles en la calle. La ciudadanía tendrá que moverse. Habrá que dar más vueltas, pero es un derecho que tenemos todos", señala. Es más, añade que "no se ha formado a los profesionales sanitarios". Un problema detectado en todo el país.El activista compara la situación de la eutanasia con el testamento vital, aquel en el que se dejan los deseos de una persona sobre su final en caso de estar incapacitados a nivel físico o mental. "Es cierto que, en las comunidades con menor renta, se dan menos testamentos vitales. En cambio, las de rentas más altas suelen tener un mayor porcentaje. Es el caso de Cataluña o el País Vasco, grupo en el que entraría Madrid si se interesaran en promocionarlo", afirma.A partir del 8 de octubre, los ciudadanos de Madrid podrán enviar sus solicitudes al órgano regulador. En los meses previos se habría tramitado una única petición, según palabras del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Ralentí provocado por el retraso de la creación de la comisión, cosa que no sucede en otros territorios. La Comunidad Valenciana ha realizado dos eutanasias, rechazado una y una cuarta está en trámite. El País Vasco ha aprobado dos. Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia trabajan en varias demandas de ayuda para morir. "Incluso Murcia ha realizado una y eso que es la comunidad con el gobierno más conservador de España, al contar con el PP y ser dependiente de Vox", puntualiza Marín.La única comunidad que todavía no cuenta con un decreto regulador de la eutanasia es Andalucía. El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, insiste en que "se está desarrollando". Mientras la creación del documento que permita la instauración de la comisión de garantía y evaluación sigue en los despachos, el Gobierno autonómico presenta el Plan de Cuidados Paliativos. "A pesar de la pandemia, la Consejería ha venido trabajando en dar forma a este Plan de manera que podamos ofrecer a toda la población unos cuidados de mayor calidad, más humanos y más accesibles, independientemente de su lugar de residencia", asevera Aguirre. Unidas Podemos y DMD reclaman la "falta de voluntad política" ante la eutanasia.Entre tanto, los enfermos que esperan a recibir la ayuda aguardan tumbadas en la cama o en un sillón sentadas. "En escenarios como en el de Andalucía o recientemente Madrid, te vas a una vía muerta. Es desesperante y decepcionante para las personas. Sobre todo, cuando ves que hay partes de España en las que ya se está trabajando", verbaliza Marín. "Además, dependiendo del caso, igual no pueden ni suicidarse. Para ello, tienen que ser capaces de beber un vaso de agua. Hay quien no va a ser capaz de lograrlo", agrega.Según DMD, en 2022 se espera que el 1% de las defunciones en España sea por muerte asistida. En Países Bajos, primer país del mundo en aprobar la eutanasia, el porcentaje supera al 4%. Sin embargo, todavía es pronto para hacer estimaciones. "De momento, es pronto. También para valorar la ley. Como cualquier nuevo derecho necesita un periodo para encajar. El proceso no es rápido, ya que los profesionales no están formados y la población desconoce la situación. Con el día a día de la práctica clínica y el conocimiento de la ciudadanía se resolverá", sentencia Marín. Un avance a distintas velocidades en España. Para algunos, demasiado lento.

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