Turismo atrae violencia y criminalización a comunidades mayas en Quintana Roo
23:49 GMT 06.10.2021 (actualizado: 22:10 GMT 01.06.2022)
© Foto : Pixabay / mohamed_hassan
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Durante los últimos nueve meses, la vida de la comunidad Juan Sarabia, en el municipio de Othón P. Blanco -al sur del estado de Quintana Roo- se trastocó por la llegada de un emprendimiento inmobiliario destinado al turismo internacional.
A comienzos de febrero de 2021, un representante del empresario inmobiliario italiano Andrea Mancini, llegó al balneario "el Chorro", ubicado a menos de un kilómetro y medio de la comunidad Juan Sarabia, ante la protesta que los vecinos habían montado en la entrada.
"El balneario siempre ha permanecido en la comunidad. Nuestros padres lo mantuvieron, nuestros abuelos lo descubrieron, siempre se ha usado este arroyo sin costo", explicó una de las mujeres organizadas de la comunidad que conversó con Sputnik, quien pidió permanecer en el anonimato, dada la constante violencia que han sufrido de parte de los aliados al proyecto turístico foráneo.
#México La comunidad maya de Juan Sarabia #QuintanaRoo denuncia al empresario italiano Andrea Mancini y al comisariado ejidal local de la devastación de selva baja y mangle, para consagrar la privatización del balneario comunal al #turismo foráneo #despojo #gentrificación pic.twitter.com/pgy2moPTIp
— Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) August 11, 2021
Juan Sarabia es una comunidad maya, clavada en la zona sur del estado de Quintana Roo, un estado que durante los últimos años está viviendo una particular embestida de desarrollos turísticos, destinados a recibir al turismo foráneo, sobre todo al proveniente de Estados Unidos.
En este caso, cuando los habitantes de la comunidad supieron que el Comisario Ejidal, Marcos Antonio Jiménez Potenciano, había concesionado el balneario a un extranjero, que desde entonces sería privatizado y se les obligaría a pagar para ingresar, decidieron manifestarse y cortar el camino de acceso al sitio.
"Bloqueamos pacíficamente la entrada para llegar a un acuerdo y que se mantuviera el acceso libre. Primero llegó el Comisariado ejidal y recibimos las primeras agresiones. Luego llegó el representante del extranjero, que nos dijo que ellos no tienen nada que arreglar con el pueblo, porque el pueblo no lo vale", explicó la fuente protegida.
Sin embargo, luego de tres meses de gestión comunitaria, el 25 de julio de 2021, la comunidad fue expulsada del sitio por los ejidatarios de manera violenta y no se les ha permitido ya ingresar al Chorro, el balneario local. Aunque han solicitado la protección de las autoridades ante la violencia desatada en su contra por la defensa del bien común, no han obtenido respuesta a sus peticiones.
Despojo por turismo
"Desde entonces, no podemos ni dormir, porque nadie ha hecho caso de nuestras denuncias. Mayormente somos mujeres y personas de la tercera edad que nos hemos opuesto. Por eso creo que se están aprovechando para intimidarnos, nos gritan y nos agreden", relató la fuente de la localidad que ha sido afectada.
Denunciaron también que con el propósito de hacer un nuevo camino de ingreso, devastaron árboles que son parte del paisaje protegido, así como causaron daño a vestigios arqueológicos en la zona, a pesar de no contar con la autorización ambiental para la obra.
20 de octubre 2020, 00:12 GMT
Según confirmó Sputnik, la Procuraduría ambiental clausuró temporalmente estos "trabajos de construcción", el 21 de mayo del 2021, tras una visita realizada por su delegación de Chetumal.
"En la inspección en materia de impacto ambiental al proyecto Balneario "el Chorro", dónde no se acreditó contar con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) para los trabajos y actividades de construcción e instalaciones, por lo que se impuso como medida de seguridad, la clausura total temporal", respondieron desde Profepa ante consulta de este medio.
Además de llevar el caso ante la Profepa, la comunidad ha levantado denuncias ciudadanas ante el INAH, el Gobierno del municipio de Othón P Blanco (encabezado por el Presidente municipal Otoniel Segovia Martínez), ante la Procuraduría agraria (el ámbito idóneo para resolver conflictos en torno a tierras ejidales) y la comisión local de derechos humanos; así como también denunciaron las amenazas y agresiones sufridas, ante la Procuraduría del Estado de Quintana Roo.
16 de octubre 2020, 23:27 GMT
En ocho meses, han cosechado prácticamente la mencionada más arriba como única respuesta. Sin embargo, un desconocido en el conflicto, de nombre David Martín Basilio Cano, denunció a ocho de los integrantes de la comunidad por el delito de despojo, del que aseguró ser víctima.
"Lo raro de esta situación fue que nos denunció a las 8 de la mañana y a las 11 ya teníamos a la Policía Ministerial en el balneario, haciendo peritaje del lugar. Para atender a este desconocido reaccionaron rapidísimo, pero con nuestras denuncias, no han hecho nada", explicó la fuente.
Esta denuncia penal en su contra por un delito penado con cárcel, fue el corolario de siete meses de amenazas y agresiones físicas. Han recibido mensajes diciendo que a las mujeres inconformes les van a "dar en la madre", que los vecinos "van a ser ahorcados y quemados" por oponerse a la privatización del espacio comunitario.
Las familias reciben constantemente la vigilancia de personas desconocidas que pasan horas frente a sus viviendas. En la casa de uno de los pobladores, incluso, se estacionó una patrulla y realizó varias detonaciones de arma de fuego a finales del mes de junio de 2021.
A uno de los señores de la tercera edad que se ha manifestado, le apedrearon su casa. Una de las piedras traía un papel amarrado que decía: "déjate de chingaderas porque te vamos a dar cuello", en una clara alusión a una muerte violenta.
