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La semana más compleja de la Convención Constituyente chilena

© Foto : Gentileza Francisco Paredes SierraSalón de la Convención Constitucional de Chile
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No han sido semanas fáciles para el órgano que redactará la nueva Constitución de Chile. El grave escándalo del constituyente que fingió tener cáncer provocó una crisis dentro del sector mayoritario en la Constituyente.
A comienzos de septiembre se dio a conocer que el convencional Rodrigo Rojas, en ese momento perteneciente a Pueblo Constituyente, no padecía cáncer como él mismo había asegurado al país en su campaña para alcanzar uno de los 155 cupos para redactar la nueva Constitución.
Este hecho, que fue un escándalo mundial, no solo trajo críticas y repudio a lo hecho por Rojas, sino que también enlodó el trabajo que venía desarrollando la Convención Constitucional.
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La mesa directiva del órgano constituyente puso todos los antecedentes ante la Fiscalía para que investigara los hechos y determinara si existe un delito en torno a la mentira de Rojas. A su vez, sus compañeros de Pueblo Constituyente emitieron una declaración señalando que Rodrigo Rojas ya no era parte de su colectivo.
"Los hechos que se le imputan a Rodrigo son graves, no tendremos dobles discursos ni relativizaremos el tema. Lo realizado por él puso en jaque la fe pública, la validación y el trabajo de la Convención y cada uno de sus integrantes, incluyéndonos", señalaron los convencionales de Pueblo Constituyente.
Para el constituyente Marcos Barraza, perteneciente a Chile Digno (izquierda), lo hecho por Rodrigo Rojas es demasiado grave. "Eso ya no tiene que ver con la Convención Constituyente, tiene que ver si hubo o no delito, pero claramente hay un reproche ético muy importante porque se le mintió al pueblo de Chile", señala el convencional.
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Rodrigo Rojas presentó una licencia por 15 días luego de que se descubriera que no padecía cáncer. Además, a través de una declaración pública, señaló que "estoy dispuesto a asumir las sanciones que me correspondan, según el Reglamento Provisorio que nos rige a todos los integrantes de la Convención Constitucional y me defenderé en tribunales, porque no soy delincuente, soy alguien que se equivocó", y añadió que "no busqué privilegios ayer, no lo busco hoy".
La Convención Constitucional no tan solo ha tenido que lidiar con el grave problema de confianza que se originó a partir del engaño de Rodrigo Rojas, sino que, además, ha tenido que salir a desmentir noticias falsas difundidas por redes sociales y por el propio presidente Sebastián Piñera.

Convencionales piden a Sebastián Piñera que "no desinforme"

El 14 de septiembre, el presidente Sebastián Piñera afirmó en Twitter que "una mayoría de constituyentes" no estaría reconociendo "el derecho preferente de los padres a formar y educar a sus hijos", lo que —añadió— "está debilitando gravemente la familia".
Las réplicas no se hicieron esperar. El vicepresidente de la Convención Constitucional (CC), Jaime Bassa, a través de su cuenta en la misma red social, le pidió a Piñera no desinformar a la ciudadanía, aclarando que la "Constituyente no ha iniciado las discusiones de fondo sobre los contenidos constitucionales".
"Esta campaña de desprestigio, que se ha agudizado, la está haciendo una gran parte de los sectores conversadores y el Gobierno de Sebastián Piñera. Todo esto comenzó el primer día, cuando no estaban los espacios habilitados para que sesionáramos", señala la constituyente Valentina Miranda del Partido Comunista.

La "guerrilla digital" de los sectores más conservadores

Un estudio publicado por el Centro de Investigación Periodística (CIPER) advirtió que la CC está bajo ataque de una "guerrilla digital" a través de hashtags que injurian al órgano constituyente y son difundidos por un "grupo de personas muy conservadoras, de derecha, que mayoritariamente votaron rechazo en el plebiscito de octubre 2020, y que se definen como patriotas".
El pasado 7 de septiembre, los diputados Karin Luck de Renovación Nacional y Cristián Labbé de la Unión Demócrata Independiente, pertenecientes a la coalición de Gobierno, acusaron que 12 constituyentes estaban recibiendo el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ayuda económica entregada por el Estado para combatir la crisis económica generada por la pandemia.
"Es evidente que la coalición de Gobierno ha intentado desprestigiar la convención constituyente, las 12 convencionales que recibieron el IFE, lo hicieron conforme a un derecho, porque sus ingresos se lo permitían", comenta a Sputnik el constituyente Marcos Barraza.
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Valentina Miranda, una de las aludidas de recibir el IFE, señaló en una declaración pública que los diputados que la acusan demuestran una profunda ignorancia de cómo opera el sistema de protección social. Para la constituyente "lo que verdaderamente les molesta es que las y los pobres, quienes calificamos para el IFE, seamos parte de la redacción de esta nueva Constitución".
Los constituyentes que recibían el beneficio, instalada la Convención, hicieron la actualización de su ficha de protección social para dejar de recibir el IFE. "Tuvieron que salir a pedir disculpas por una calumnia que se les hizo a los convencionales", enfatiza Marcos Barraza.
© Foto : Gentileza Marcos BarrazaConstituyente Marcos Barraza de Chile Digno
Constituyente Marcos Barraza de Chile Digno - Sputnik Mundo, 1920, 16.09.2021
Constituyente Marcos Barraza de Chile Digno
El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, respaldó la versión de los convencionales apuntados por los diputados de su sector y afirmó, en un comunicado, que el beneficio del IFE no se pierde, aunque mejoren las condiciones económicas de quienes lo estén recibiendo.
Según datos entregados por el Gobierno, el alcance del IFE en el mes de agosto fue de 8.016.427 hogares y 16.282.182 de personas a nivel nacional.

Los representantes del empresariado en la Convención

Dentro de los 155 constituyentes que redactarán la nueva Constitución, hay un sector minoritario que trabajó para rechazar el plebiscito del 2020 y que dio paso a la creación del órgano constituyente. En esa oportunidad fueron derrotados por el 78,27% de los votos. Las caras más icónicas del rechazo, hoy se encuentran al interior de la CC.
La reconocida abogada defensora de los derechos humanos y parte de la Convención, María Rivera, perteneciente a Pueblo Constituyente, señala que "han hecho todo lo posible para sabotear este proceso, han inventado que nos subimos los sueldos, que le vamos a quitar el derecho preferente a los padres de educar a sus hijos, etc."
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"Ellos tienen sus garras al interior de la convención, hay representantes de sus grandes empresarios, por todos lados quieren que se destruya", agrega.
"Creo que no podemos caer en el juego de los sectores conservadores y del Gobierno. La institucionalidad en Chile está sumamente juzgada, está destruida por los malos gobiernos. Yo creo que a lo que están apostando hoy los grandes sectores económicos de este país, es desprestigiar este espacio y que es el más legítimo de los últimos 30 años, donde hay una representación plurinacional y paritaria", comenta Valentina Miranda.

El debate de fondo: las normas constitucionales

© Foto : Gentileza María RiveraConstituyente chilena María Rivera
Constituyente chilena María Rivera - Sputnik Mundo, 1920, 16.09.2021
Constituyente chilena María Rivera
La Convención Constituyente está entrando en la recta final para comenzar el debate de fondo sobre las normas que, de aprobarse en un plebiscito a mediados de 2022 y con voto obligatorio, serán las reglas que guiarán a Chile por las próximas décadas.
Barraza comenta que en las discusiones venideras se "ponderará correctamente el espíritu de la transformación que se tiene que impulsar, que es más derechos sociales, más justicia, más educación, con un Estado garante y estamos comprometidos con eso".
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La constituyente María Rivera, señala que las transformaciones que pretenden llevar a cabo en la Convención Constitucional ha puesto tenso al poder económico en Chile.

"No nos podemos olvidar que Chile está controlado por las 10 familias dueñas del país y ellas son también quienes controlan la prensa", agrega Rivera.

"Nosotros decimos que la gente que salió el 18 de octubre tiene que hacerse parte de los cambios profundos que necesita este país, la gente tiene que salir, tiene que venir a apoyarnos a todos quienes estamos en contra del Acuerdo por la paz" comenta. Rivera hace referencia al pacto firmado los partidos políticos, a excepción del Partido Comunista, el 15 de noviembre de 2019, para darle una salida institucional a la crisis social iniciada el 18 de octubre de 2019, que estableció una mayoria calificada de dos tercios para aprobar cualquier norma constitucional.
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