El juez Garzón cuestiona las garantías de EEUU a Reino Unido para la entrega de Assange

© AFP 2023 / Fabrice CoffriniSpanish former judge Baltasar Garzon (R) speaks beneath WikiLeaks founder Julian Assange seen on a screen via web cast from the Ecuadorian Embassy in London during an event on the sideline of the United Nations (UN) Human Rights Council session on March 23, 2015 in Geneva.
Spanish former judge Baltasar Garzon (R) speaks beneath WikiLeaks founder Julian Assange seen on a screen via web cast from the Ecuadorian Embassy in London during an event on the sideline of the United Nations (UN) Human Rights Council session on March 23, 2015 in Geneva. - Sputnik Mundo, 1920, 23.07.2021
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LONDRES (Sputnik) — Las garantías que el departamento de Justicia de EEUU dio al Reino Unido a cambio de la entrega del cofundador de Wikileaks, Julian Assange, no son fiables, declaró el abogado Baltasar Garzón, en una entrevista por correo electrónico con Sputnik.
"EEUU ha vulnerado sistemáticamente las garantías ofrecidas en otros procesos de extradición con países europeos. De hecho, es una tónica habitual que en el marco de una extradición se ofrezcan unas garantías que posteriormente no se atienden. En el caso de la jurisdicción española ha ocurrido anteriormente", constata Garzón.
La causa ha pasado al tribunal de Apelación de Inglaterra, que autorizó el recurso, a principios de mes, bajo tres de los cinco puntos legales planteados por EEUU. Estos incluyen "garantías" de que Assange no será encarcelado en condiciones de extrema seguridad si Londres consiente la extradición.
Además, el periodista australiano, que se enfrenta a 175 años entre rejas por 18 cargos de espionaje e intrusión informática, tendría la oportunidad de cumplir la condena en su país natal, si los jueces de apelación aceptan la propuesta de Washington.
"Esas obligaciones internacionales que pretende suscribir Estados Unidos no deben ser tenidas en cuenta por el tribunal británico", subraya el exmagistrado.

Trama de espionaje contra Assange

La trama de escuchas ilegales que se descubrió en la sede diplomática de Ecuador, constituye unos "hechos gravísimos", aseguró el abogado español.
"Se trata de hechos gravísimos. La presunta implicación de los servicios de inteligencia de EEUU, a través de UC GLOBAL, para espiar a Julian Assange, sus visitas, y específicamente a mí, dentro de la Embajada de Ecuador, es de una gravedad inusitada", enfatizó.
Garzón subrayó que "evidentemente se han vulnerado todos los derechos posibles y cualquier atisbo de un debido proceso está anulado en este caso".
A la vez, indicó que el equipo de abogados de Assange confía en una segunda victoria en el Alto Tribunal, con un veredicto que garantice su libertad y ampare la investigación y difusión informativas. "
No sólo está en juego una persona, Julian Assange, ni una organización, WikiLeaks, sino que está en juego la libertad de prensa en el mundo. Este es un elemento que estoy seguro la justicia británica va a tener en cuenta, el peligrosísimo precedente que se podría asentar", observa el exmagistrado español.
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La causa abierta en la Audiencia Nacional de España –iniciada por una denuncia de Assange– apunta a que existen indicios de que la empresa sometió al periodista y sus visitantes a una vigilancia durante las 24 horas del día a través de cámaras y micrófonos ocultos entre 2015 y 2018.
De acuerdo con el sumario, con la información que se recababa a diario en la Embajada, esta empresa realizaba una serie de informes que posteriormente eran "entregados a terceras personas o instituciones", entre las que "se mencionan autoridades de la República de Ecuador y agentes de los Estados Unidos".
La defensa de Assange mantiene que este sistema de espionaje, entre otras cosas, violó la confidencialidad de las reuniones con su cliente, lo que a su modo de ver invalida el proceso de extradición a EEUU que actualmente está activo en el Reino Unido.
Además, Garzón insistió en que su cliente, el cofundador de Wikileaks, debería afrontar el proceso sobre la petición de su extradición por EEUU en libertad provisional.
"Es evidente que una persona que ha sufrido casi siete años de encierro en un minúsculo piso londinense, sin acceso a la luz solar o al aire fresco, debía haber afrontado esta extradición en libertad provisional", afirmó.
Subrayó que esta "era la forma óptima de garantizar su derecho a la defensa y su delicado estado de salud".
"Sin embargo, se ha optado por mantenerlo en una cárcel de máxima seguridad [Belmarsh, al sureste de Londres], en medio de una pandemia, prácticamente aislado y con difícil acceso a sus abogados por las políticas contra el COVID-19", denunció.
A la vez, indicó que "la decisión ya fue tomada y ahora simplemente procede confirmar la sentencia de primera instancia y acabar con este caso”.

Libertad de Prensa

La desestimación de los aspectos políticos, en particular la libertad de prensa, para denegar la extradición de Assange, señaló Garzón.
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En enero de 2021 la magistrada de Westminster, Vanessa Baraitser, falló en contra de la entrega de Assange a EEUU por motivos humanitarios, incluido el riesgo de suicidio en el sistema penitenciario estadounidense, pero desestimó los argumentos "políticos" de la defensa de Assange.
Según Garzón, estos argumentos deberían de "formar parte de un pronunciamiento jurisprudencial contundente que erradique la posibilidad de procesar a periodistas por publicar información veraz sobre crímenes de guerra".
"Esa es la obligación de la prensa libre y el derecho de todo periodista. Todo lo que no sea proteger esas prerrogativas, acerca la prensa a un peligroso abismo. Y si la prensa cae por ese abismo, de alguna forma cae tras ella la democracia, ya que los ciudadanos dejaríamos de tener acceso a la información y el poder actuaría sin control", alerta Garzón.
Washington reclama a Londres la entrega del nacional australiano para juzgarle por un cargo de conspiración para infiltrar sistemas informáticos gubernamentales y otros diecisiete por supuestos delitos de obtención y difusión de información confidencial en violación de la ley de Espionaje.
Las 18 imputaciones, que se penalizan con hasta 175 años en prisión de máxima seguridad, están relacionadas con la publicación en WikiLeaks de unos 90.000 partes de la guerra de Afganistán, 400.000 de Irak, 250.000 cables del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre Guantánamo.
Las iformaciones desvelan aparentes abusos de derechos humanos y presión política por los que nadie ha sido condenado.
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