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Autoridades colombianas detienen a presuntos implicados en quema de edificio judicial
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BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades colombianas detuvieron a tres personas que estarían implicadas en el incendio del Palacio de Justicia de Tuluá (Valle del... 28.05.2021, Sputnik Mundo
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Los tres procesados serían los presuntos responsables del saqueo a un almacén de motocicletas, y en el momento de su arresto se logró la recuperación de cinco de los vehículos que habrían hurtado, añadió.La Fiscalía les imputó los delitos de terrorismo, hurto calificado y asonada.Barbosa también indicó que fueron detenidas seis personas que, presuntamente, estuvieron vinculadas a ataques a entidades públicas y sedes bancarias del municipio."Las otras seis personas restantes se presentaron ante juez de garantías por cuenta de los saqueos que se vivieron en el centro Tuluá, cuando atacaron al comercio y a las personas que trabajan todos los días en esta zona. También, atacaron las sedes de la Alcaldía, la Fiscalía y parte del mobiliario público de este municipio", indicó el funcionario.La Fiscalía les imputará a esas seis personas los delitos de terrorismo, amenazas, obstrucción y daño en bien ajeno.El martes 25, grupos de manifestantes que respaldan el paro nacional que se realiza en todo el país desde el 28 de abril en contra de medidas impulsadas por el Gobierno, cerraron algunas vías de la ciudad, lo que generó la reacción del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.Algunos de los manifestantes destruyeron señales de tránsito y atacaron locales comerciales, entidades bancarias, la Alcaldía y la sede del Palacio de Justicia, que fue quemada en su totalidad.En el marco de los disturbios un joven de 18 años identificado como Camilo Andrés Arango, estudiante de Derecho, falleció por un disparo, en hechos que son investigados por las autoridades.Colombia cumplió 30 días de un paro nacional que comenzó el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno.Al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 fueron heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.Además, se detuvo de manera arbitraria al menos a 1.430 personas y se cometió violencia sexual contra 21 mujeres.Ante tales abusos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.
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Autoridades colombianas detienen a presuntos implicados en quema de edificio judicial
BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades colombianas detuvieron a tres personas que estarían implicadas en el incendio del Palacio de Justicia de Tuluá (Valle del Cauca, suroeste) en medios de hechos de violencia ocurridos el martes 25 en la ciudad, por los que fueron arrestadas otras seis, anunció el Fiscal General, Francisco Barbosa.
"La Fiscalía General de la Nación capturó, con la Policía Nacional, a nueve personas. Tres de ellas implicadas en la quema y ataque terrorista contra el Palacio. Se les impuso medida de aseguramiento (arresto) en centro carcelario por parte de un juez de garantías", anunció Barbosa en declaraciones difundidas por su despacho.
Los tres procesados serían los presuntos responsables del saqueo a un almacén de motocicletas, y en el momento de su arresto se logró la recuperación de cinco de los vehículos que habrían hurtado, añadió.
La Fiscalía les imputó los delitos de terrorismo, hurto calificado y asonada.

26 de mayo 2021, 05:43 GMT
Barbosa también indicó que fueron detenidas seis personas que, presuntamente, estuvieron vinculadas a ataques a entidades públicas y sedes bancarias del municipio.
"Las otras seis personas restantes se presentaron ante juez de garantías por cuenta de los saqueos que se vivieron en el centro Tuluá, cuando atacaron al comercio y a las personas que trabajan todos los días en esta zona. También, atacaron las sedes de la Alcaldía, la Fiscalía y parte del mobiliario público de este municipio", indicó el funcionario.
La Fiscalía les imputará a esas seis personas los delitos de terrorismo, amenazas, obstrucción y daño en bien ajeno.
El martes 25, grupos de manifestantes que respaldan el paro nacional que se realiza en todo el país desde el 28 de abril en contra de medidas impulsadas por el Gobierno, cerraron algunas vías de la ciudad, lo que generó la reacción del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.
"Los uniformados dispersaron a las personas que bloqueaban el lugar con gases lacrimógenos, lo que llevó a que se registraran enfrentamientos; tras la intervención, los ánimos se caldearon y los disturbios se extendieron a varias calles de la ciudad", publicó el diario local El País.
Algunos de los manifestantes destruyeron señales de tránsito y atacaron locales comerciales, entidades bancarias, la Alcaldía y la sede del Palacio de Justicia, que fue quemada en su totalidad.
En el marco de los disturbios un joven de 18 años identificado como Camilo Andrés Arango, estudiante de Derecho, falleció por un disparo, en hechos que son investigados por las autoridades.
Colombia cumplió 30 días de un paro nacional que comenzó el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno.

27 de mayo 2021, 17:25 GMT
Al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 fueron heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Además, se detuvo de manera arbitraria al menos a 1.430 personas y se cometió violencia sexual contra 21 mujeres.
Ante tales abusos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.