El camino hacia el equilibrio del Consejo Electoral venezolano
© REUTERS / Ivan Alvarado
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CARACAS (Sputnik) — Dos de los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela son opositores, y aunque esto es un gran paso, aún queda camino por recorrer si se quiere llegar a un órgano comicial equilibrado, dijo a Sputnik el exrector Rafael Simón Jiménez.
"Este Consejo Nacional Electoral, que acaba de elegir la Asamblea Nacional es el mejor posible dentro de la realidad que vive Venezuela (…) No es equilibrado, porque hay una mayoría de tres versus dos y eso es clarito, pero es la mejor representación que ha tenido la oposición en estos últimos 20 años", agregó.
En este momento, Pedro Calzadilla es el presidente del nuevo CNE electo el pasado 4 de mayo por el parlamento, quien ha hecho carrera política en las filas del oficialismo desde 2007.
Mientras, Tania D'Amelio, quien entró al CNE en 2009 tras renunciar a su militancia al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), preside uno de los órganos más importantes de la arquitectura electoral del país: la Junta Nacional Electoral, que se encarga de la dirección, supervisión y control de todos los actos relativos al desarrollo de los procesos comiciales y de referendos.
También se encuentra Alexis Corredor, quien al igual que Calzadilla y D"Amelio, ha siempre sido vinculados al partido de Gobierno.
Pero en este momento, la mirada está puesta en la presencia de Enrique Márquez y Roberto Picón, ambos asociados a la oposición, el primero exdiputado, y el segundo asesor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD – coalición de partidos de oposición), y en 2017 estuvo preso durante seis meses por motivos políticos.
¿Qué falta?
Para Jiménez, la oposición está bien representada en la rectoría, aunque piensa que eso debe traducirse a todo esquema del CNE.
"Esa presencia opositora en el directorio tiene que traducirse en toda la estructura del Consejo Nacional Electoral, es decir, a nivel de direcciones, de todas las dependencias, porque son muchas y muy importantes, incluso más que la propia condición de rector (…) pero está colonizado por el oficialismo. Todas esas dependencias lo que hay es funcionarios leales al Gobierno", apuntó.
El exrector esgrime que esa reestructuración puertas adentro del CNE fue discutida y aprobada en mayo de 2020 en la mesa de negociación que existe entre el Gobierno y un sector de la oposición.
Precisamente, en esa mesa fue donde surgió su designación en junio como rector principal. Sin embargo, explicó que renunció en menos de tres meses precisamente porque se incumplió ese acuerdo de equilibrar del CNE.
"El Gobierno incumplió casi todos sus compromisos. Es que sin esa reestructura los rectores son figuras emblemáticas, pero ellos no deciden nada, no tiene importancia, la importancia real está en la composición del CNE y en la posibilidad de que exista supervisión internacional y acceso a todas las partes del proceso. Ahí es donde se gana o donde se pierden las elecciones", apuntó.
Oposición dividida
Aun cuando esa reestructuración se concrete, explicó el exrector del CNE, si la oposición continúa por el mismo camino, en el que unos llaman a participar y otras instan a abstenerse, el partido de Gobierno seguirá teniendo todas las cartas a su favor para triunfar en los comicios.
"Hay que estar unidos, el Gobierno ha hecho esta jugada de este CNE con la oposición representada por dos factores: las presiones internacionales, pero, en segundo lugar, porque confía en la incompetencia de sus adversarios, porque sabe que se van dividir, unos van a llamar a votar y otros a la abstención", explicó.
Por ello, Jiménez considera que el único camino que le queda a la oposición que cree en las elecciones como única vía para producir cambios políticos en el país, es amplificar su capacidad de convocatoria, especialmente, dirigida a quienes han dejado de confiar en los extremos de ambos bandos.
El exrector indicó que precisamente ese músculo de convocatoria se medirá en las venideras elecciones de alcaldes y gobernadores, que piensan usar como un termómetro para un posible referendo revocatorio presidencial en 2022.
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