Si El Salvador no va a Escazú, Escazú irá a los salvadoreños
21:10 GMT 22.04.2021 (actualizado: 08:43 GMT 23.04.2021)
© REUTERS / Jose Cabezas
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SAN SALVADOR (Sputnik) — Ante la renuencia gubernamental a ratificar el Acuerdo de Escazú, el movimiento ambientalista de El Salvador decidió aplicar el viejo aforismo de "si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña"…
Dicha frase —enunciada por el filósofo inglés Francis Bacon y no por el profeta islámico, como muchos creen— inspira a quienes buscan, desde la sociedad civil, alternativas para generar conciencia ambiental y promover sostenibilidad en este país.
César Artiga, vocero del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú, aseguró a Sputnik que la transparencia no parece ser una prioridad para la actual administración, como tampoco la protección de los defensores de los derechos ambientales.
21 de abril 2021, 23:02 GMT
En diálogo con Sputnik a propósito del Día Mundial de la Tierra, Artiga lamentó la decisión del presidente Nayib Bukele de mantenerse al margen de la iniciativa regional que entró en vigor este 22 de abril, con la ratificación de 12 naciones.
"El Salvador eligió el camino erróneo de no avanzar en democracia ni en gobernanza ambiental, negándole al pueblo el legítimo derecho a vivir en un entorno sano, y temo que la decisión fue más política que técnica", aseguró el activista.
El pasado 26 de septiembre venció el plazo para la ratificación de este convenio sobre el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, pactado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.
Días antes, Bukele había adelantado que no firmaría tal ratificación por discrepancias con dos artículos, los cuales no precisó, pero que estarían relacionados con permisos ambientales a proyectos de desarrollo urbanístico.
Según Artiga, tras la elaboración de un dictamen para adoptar una decisión informada, la Presidencia decidió no ratificar el Acuerdo, alegando que algunos de sus artículos atentaban contra el desarrollo del país.
El Ejecutivo no precisó cuáles eran esos artículos, cerró todo diálogo con el Equipo y, sencillamente, dejó de hablar del asunto.
22 de abril 2021, 20:15 GMT
Peligrosa flexibilidad
Entre sus directrices, el Acuerdo de Escazú obliga a publicar los estudios de impacto ambiental y las características de los proyectos propuestos, así como garantizar la seguridad de los defensores del medio ambiente.
Tales postulados chocan en El Salvador con una administración que flexibilizó los permisos ambientales, recortó el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y propició la realización de proyectos de desarrollo urbanístico en zonas protegidas.
Para Artiga, todo pasa por los retrocesos en transparencia y acceso a la información en esta nación centroamericana, donde incluso los gastos relacionados con la pandemia de COVID-19 fueron declarados en reserva, para evitar su escrutinio.
"El Salvador ha retrocedido mucho en materia de transparencia, hay interés en ocultar información y no profundizar en participación ciudadana, y por eso no se quiere que el país sea un estado parte de Escazú", resumió el experto.
Llamado al diálogo
El tratado de marras entró en vigor gracias a la ratificación de Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas.
Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Haití, Granada, Guatemala, Jamaica, Paraguay y Perú lo firmaron, pero no lo ratificaron, y países muy vulnerables al cambio climático, como Honduras y El Salvador, ni lo uno ni lo otro,
"Exhortamos a la administración Bukele a reconsiderar su negativa, estamos abiertos al diálogo para esclarecer cualquier duda y avanzar", recalcó Artiga, quien reivindicó tanto el acceso como la generación de información oportuna en materia ambiental.
Por lo pronto, los activistas educan a la ciudadanía en temas de derecho ambiental, y aporta insumos contendidos en el Acuerdo de Escazú, para de cierta manera llenar los vacíos legales que avalan la toma de decisiones que afectan al entorno.
De acuerdo con Artiga, la meta es fortalecer la organización social y la defensa de los territorios para exigirle al Estado con criterio. En otras palabras, que el pueblo participe.
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