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Amnistía Internacional: pandemia profundiza desigualdad, abandono estatal y violencia institucional
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"El COVID-19 visibilizó y profundizó la desigualdad sistémica, la represión como respuesta estatal y las políticas perjudiciales implementadas a nivel
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"El COVID-19 visibilizó y profundizó la desigualdad sistémica, la represión como respuesta estatal y las políticas perjudiciales implementadas a nivel internacional. Además, América fue el continente más afectado por la pandemia", indica el informe de Amnistía Internacional.Según la organización, la situación afecta especialmente a mujeres, personas refugiadas, migrantes, personal sanitario, pueblos indígenas, personas negras y otros grupos postergados.Asimismo, denuncia que "algunos líderes globales aprovecharon la crisis para intensificar su ataque a los derechos humanos".El reporte destaca el surgimiento de movimientos de protesta para cambiar esta realidad, como las manifestaciones de Black Lives Matter en Estados Unidos y las protestas de #End SARS en Nigeria, y las "nuevas y creativas formas de protesta", como las huelgas virtuales por el clima.En el informe también se describen numerosas victorias conseguidas por el activismo de derechos humanos en 2020, especialmente en materia de género: en Argentina, Corea del Sur e Irlanda del Norte se despenalizó el aborto y en Corea del Sur, Kuwait y Sudán se aprobó legislación para combatir la violencia contra mujeres y niñas.También opinó que "este es un momento histórico, hoy más que nunca se requiere cooperación internacional y liderazgos positivos que pongan el respeto pleno por los derechos humanos y la reducción de la desigualdad en el centro de sus agendas".En Latinoamérica, según el informe, cayeron en la pobreza otros 22 millones de personas, en tanto que el número de las que vivían en la pobreza extrema ha aumentado en ocho millones.Además, las cuarentenas obligadas, dispuestas como medida de contención a la pandemia, generaron detenciones arbitrarias y usos excesivos de la fuerza, en las que se han contado muertos y desaparecidos.En cifras, el 58% de los 149 países analizados tuvieron denuncias creíbles de tortura u otros malos tratos bajo custodia del Estado; el 56% adoptó medidas contra el COVID-19 que resultaron discriminatorias para grupos marginados; y el 28% registró muertes de personas bajo custodia del Estado como consecuencia de tortura u otros malos tratos.Asimismo, el 36% mantuvo presos de conciencia, es decir personas encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma; el 27% sumó nuevos casos de desapariciones forzadas; y el 31% registró ejecuciones extrajudiciales.Por último, el 16% sumó denuncias de detención de personas LGBTI debido a su orientación sexual o su identidad de género y el 28% registró denuncias de desalojos forzosos.
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Amnistía Internacional: pandemia profundiza desigualdad, abandono estatal y violencia institucional
BUENOS AIRES (Sputnik) — La actual pandemia de coronavirus profundizó la desigualdad social en las Américas, el abandono estatal y la violencia institucional, aseguró Amnistía Internacional en su informe anual.
"El COVID-19 visibilizó y profundizó la desigualdad sistémica, la represión como respuesta estatal y las políticas perjudiciales implementadas a nivel internacional. Además, América fue el continente más afectado por la pandemia", indica el informe de Amnistía Internacional.
Según la organización, la situación afecta especialmente a mujeres, personas refugiadas, migrantes, personal sanitario, pueblos indígenas, personas negras y otros grupos postergados.
Asimismo, denuncia que "algunos líderes globales aprovecharon la crisis para intensificar su ataque a los derechos humanos".
El reporte destaca el surgimiento de movimientos de protesta para cambiar esta realidad, como las manifestaciones de Black Lives Matter en Estados Unidos y las protestas de #End SARS en Nigeria, y las "nuevas y creativas formas de protesta", como las huelgas virtuales por el clima.
En el informe también se describen numerosas victorias conseguidas por el activismo de derechos humanos en 2020, especialmente en materia de género: en Argentina, Corea del Sur e Irlanda del Norte se despenalizó el aborto y en Corea del Sur, Kuwait y Sudán se aprobó legislación para combatir la violencia contra mujeres y niñas.
"La pandemia puso en evidencia la falta de inversión en temas clave como salud, tecnología, ciencia, trabajo y educación. Si bien nadie esperaba esto, los países menos preparados y más pobres han sido los más afectados", dijo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
También opinó que "este es un momento histórico, hoy más que nunca se requiere cooperación internacional y liderazgos positivos que pongan el respeto pleno por los derechos humanos y la reducción de la desigualdad en el centro de sus agendas".
En Latinoamérica, según el informe, cayeron en la pobreza otros 22 millones de personas, en tanto que el número de las que vivían en la pobreza extrema ha aumentado en ocho millones.
Además, las cuarentenas obligadas, dispuestas como medida de contención a la pandemia, generaron detenciones arbitrarias y usos excesivos de la fuerza, en las que se han contado muertos y desaparecidos.
"Al menos 10.558 trabajadores y trabajadoras de la salud de las Américas habían muerto a causa del COVID-19 hasta el 5 de marzo de 2021, mientras el personal sanitario de casi todos los países se quejaba de que sus respectivos gobiernos no proporcionaban condiciones de trabajo seguras ni suficientes equipos de protección individual", aduce el informe.
En cifras, el 58% de los 149 países analizados tuvieron denuncias creíbles de tortura u otros malos tratos bajo custodia del Estado; el 56% adoptó medidas contra el COVID-19 que resultaron discriminatorias para grupos marginados; y el 28% registró muertes de personas bajo custodia del Estado como consecuencia de tortura u otros malos tratos.
Asimismo, el 36% mantuvo presos de conciencia, es decir personas encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma; el 27% sumó nuevos casos de desapariciones forzadas; y el 31% registró ejecuciones extrajudiciales.
Por último, el 16% sumó denuncias de detención de personas LGBTI debido a su orientación sexual o su identidad de género y el 28% registró denuncias de desalojos forzosos.