Bolivia: ¿podrá el MAS obtener los votos del Parlamento para enjuiciar a Áñez?
00:26 GMT 16.03.2021 (actualizado: 00:29 GMT 16.03.2021)
© REUTERS / David Mercado
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La detención de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, sus exministros y otros vinculados al golpe de 2019 levanta protestas a favor y en contra en la sociedad boliviana. El camino para llegar al juicio presenta algunos obstáculos.
La noticia de la detención de la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), dos de sus exministros y otros vinculados al golpe de Estado de 2019, subleva amores y odios en la sociedad boliviana.
En las calles de La Paz y en varias ciudades se reunieron víctimas y detractores del anterior Gobierno. Celebraron que se iniciaran estos procesos y exigieron que haya justicia. Pero en el bando opositor al Movimiento Al Socialismo (MAS) convocaron a reorganizarse para defenderse ante lo que consideran una "persecución política".
Pero "esto no es venganza/ es justicia", coreaban cientos de personas el domingo 14 de marzo cuando se iba a realizar la audiencia de medidas cautelares a Áñez, su exministro de Energía Rodrigo Guzmán y su exministro de Justicia Álvaro Coímbra. Los tres declararon vía on line ante la jueza Regina Santa Cruz, desde una oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz.
En la mañana de este 15 de marzo fueron trasladados a sus celdas, donde permanecerán en principio cuatro meses, mientras se desarrollen las investigaciones. Coímbra y Guzmán fueron a la cárcel de San Pedro. Áñez fue enviada al Centro de Orientación Femenina (COF) del barrio paceño de Obrajes, pero antes escribió un tuit lamentándose de su situación.
Como hemos denunciado, el MAS decide y el sistema judicial obedece: me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un "golpe" que nunca ocurrió. Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor.
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 15, 2021
Además hay cuatro militares implicados: el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman; el también excomandante Sergio Orellana; el excomandante de la Policía, general Vladimir Yuri Calderón; y el excomandante de la Armada Boliviana, almirante Flavio Arce. Este último es el único que hasta ahora fue detenido e imputado por los delitos de terrorismo y sedición. Se desconoce el paradero de los tres primeros uniformados.
15 de marzo 2021, 16:40 GMT
Durante los días previos y posteriores al golpe de 2019, un grupo irregular llamado Resistencia Juvenil Cochala, con base en la ciudad de Cochabamba, violentó y amedrentó a decenas de personas, la mayoría proveniente de áreas rurales, quienes por ese motivo eran identificadas como "masistas", es decir partidarios de Evo Morales (2006-2019).
El líder de esta banda de motoqueros, Yassir Molina, fue detenido en la madrugada del domingo en Quillacollo, Cochabamba, y trasladado a la ciudad de Sucre (centro), donde es la sede del Órgano Judicial. Se lo acusa por los delitos de organización criminal, afectación contra bienes del Estado, tenencia y portación ilegal de arma de fuego, informaron desde el Ministerio de Gobierno.
Cuatro procesos en Sucre
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo en conferencia de prensa que había radicado en la ciudad de Sucre cuatro acusaciones de juicio por responsabilidades contra Áñez. Uno de ellos es por el préstamo de 346,7 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual ya fue devuelto por el Gobierno de Luis Arce.
Se considera que este préstamo ilegal habría ocasionado un daño económico al Estado de 30 millones de dólares.
Otra causa es por la prórroga de la concesión de Fundempresa, que es una fundación encargada de operar el Registro de Comercio de Bolivia. Mediante decreto, Áñez le extendió ilegalmente el negocio por 15 años más, indicó Lima.
15 de marzo 2021, 14:06 GMT
Una tercera denuncia es por la vulneración de derechos humanos de bolivianos residentes en Chile, a quienes no se les permitió ingresar a su país cuando brotó la pandemia de COVID-19 en la región, en abril de 2020.
La cuarta causa es por persecución a quienes compartieron memes o mensajes de WhatsApp en rechazo a la presidencia de Áñez.
El único obstáculo es que para motorizar estos juicios el MAS necesitará de dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual actualmente no tiene. Posee la mayoría, sí, pero simple.
"Si no se alcanzan los dos tercios de votos necesarios para viabilizar los juicios, esos casos quedarán archivados. El pueblo boliviano y las víctimas quedarán sin justicia. Esperamos ahora que la justicia actúe y que en la Asamblea Legislativa se llegue a los dos tercios necesarios", se esperanzó Lima.
El reclamo de las familias
Si hay alguien interesado en obtener justicia, son las familias de las 37 víctimas del golpe de 2019. La Asociación de Familiares de Víctimas de la Masacre de Senkata estuvo entre las organizaciones que exigieron en la calle, ante la FELCC, que se ampliara la acusación contra Áñez y sus ministros.
15 de marzo 2021, 17:40 GMT
La expresidenta de facto y los integrantes de su gabinete fueron detenidos bajo los cargos de "terrorismo, sedición y conspiración". Pero los familiares de las víctimas de Senkata exigen que también se los juzgue por "asesinato, homicidio, lesiones graves y leves".
Entre los cuatro juicios por responsabilidades que se pretende iniciar en Sucre, no hay mención de ninguna de las masacres cometidas durante el gobierno de Áñez. En este sentido, el ministro Lima indicó que esperan a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presente su informe a finales de mayo. Entonces, aseguró, se impulsaría ese juicio.
Pero las familias de las víctimas pidieron que se inicie a la brevedad esta demanda. "Hemos dado nuestros testimonios no solamente al GIEI. También le hemos dado nuestras declaraciones al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía. Por eso hemos pedido que se avance en nuestro proceso de justicia", dijo a Sputnik la presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Masacre de Senkata, Gloria Quispe.
Necesaria justicia
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), Segundina Flores, ofreció a Sputnik un balance de los últimos días, en los cuales el Gobierno y el Órgano Judicial avanzaron abruptamente sobre varios cabecillas del golpe y del consiguiente Gobierno de facto.
"Tiene que haber justicia en Bolivia. Contra Áñez no tiene que haber solamente cuatro procesos. Tienen que haber procesos de diferentes instituciones, porque han descuartizado y han hecho lo que han querido con el Estado", comentó Flores.
Se refería a los casos de supuesto desfalco de las empresas estatales Boliviana de Aviación (BOA), la telefónica ENTEL, así como Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), además del caso de la compra de respiradores artificiales con sobreprecio.
"Y las masacres", subrayó la líder de las bartolinas. Flores recordó cuando tuvo que sufrir la represión del Gobierno de facto "en mi propia carne", por ejemplo cuando fue reprimida la marcha de los familiares con los ataúdes de víctimas de la masacre de Senkata.
28 de octubre 2020, 00:12 GMT
También comentó que tuvo que atrincherarse en la sede de su organización, cuando los denominados "pititas" fueron "con dinamitas. Nos querían quemar".
"Hemos aguantado toda esa persecución. Y ahora ellos dicen que sufren persecución política. Justicia es lo que se está haciendo. Es lo que pedimos las organizaciones", remarcó la dirigenta campesina.
¿Se llegará a los dos tercios?
La realización de un juicio por responsabilidades contra Áñez presenta el obstáculo de los dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. De sus 166 senadores y diputados, tendrían que levantar la mano al menos 111. Pero el MAS cuenta con 96 asambleístas, lo cual muestra un déficit de 15 votos.
Posiblemente el MAS esté realizando ahora negociaciones para conseguir los votos necesarios, pero no es una tarea fácil. Tiene que conseguir adhesiones entre los legisladores de Creemos, partido del gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho (otro de los denunciados por la ruptura del orden constitucional). También tendría que obtener algún voto de Comunidad Ciudadana, la agrupación de Carlos Mesa, quien rechaza con uñas y dientes la tesis del golpe de Estado de 2019.
Consultada al respecto, la ejecutiva de la CNMCIOB-BS consideró que "la Asamblea en su conjunto tiene que pedir que haya justicia. Se está queriendo hacer justicia para todos y para todas. No solamente para los masistas".
"Vamos a pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional que haga justicia. Vamos a decir a nuestros parlamentarios que tienen que obedecer al pueblo boliviano", afirmó Flores.
Quejas internacionales
Las detenciones de Áñez, Coímbra, Guzmán, incluso del motoquero Molina, fueron observadas por los abogados de los reos, porque habrían vulnerado sus garantías constitucionales. El ministro Lima rechazó esta posibilidad. Pero, de todos modos, la OEA, la Unión Europea y las Naciones Unidas emitieron sendos comunicados para pedir que se respete el debido proceso.
"Muchas personas que hemos sufrido el golpe de 2019 estamos conscientes de que tiene que haber justicia, tanto por las muertes como por lo sucedido entre 2019 y 2020, que incluyó agresiones, insultos, racismo y discriminación", comentó a Sputnik el sociólogo Ronald Céspedes.
"Sin embargo, a fin de evitar que Bolivia tenga inconvenientes en el escenario internacional, se debe precautelar ante todo el debido proceso en todos estos casos que están desarrollándose", agregó.
14 de marzo 2021, 03:32 GMT
"No es menor que haya organizaciones internacionales —no me refiero a la OEA, que ya tiene bastante conflicto con lo que ha hecho y avalado— pero sí otros sistemas, como la ONU o la UE, que han expresado su preocupación", dijo Céspedes.
"Indistintamente de lo que tienen que pagar Áñez y sus colaboradores, es muy importante que el Estado de derecho en el cual vive Bolivia brinde las garantías de debido proceso", sostuvo.
