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Tribunal de paz de Colombia pide a directivos de organismos velar por seguridad de exFARC
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BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia transicional) de Colombia pidió al consejero presidencial para la Paz, Emilio Archila, y al... 22.01.2021, Sputnik Mundo
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Igualmente, requirió a Campo Martínez "para que presente el plan de acción y cómo proyecta evacuar el trámite de las solicitudes y estudios de riesgo pendientes y fuera de los términos de decisión".A su vez la JEP pidió que la UNP realice la contratación de 686 escoltas y 40 analistas, destine el presupuesto aprobado para la vigencia 2021 y realice la sostenibilidad financiera de los nombramientos mientras subsista el riesgo para la seguridad de los excombatientes de las FARC."Las anteriores decisiones responden al análisis de los informes de cumplimiento presentados por los dos altos funcionarios, en respuesta a las solicitudes de la JEP que no han sido atendidas con efectividad, y principalmente ante el incremento de la violencia que afecta a los excombatientes, sus familias e incluso los escoltas", precisó el tribunal creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana.Según la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, los excombatientes no han recibido la atención suficiente por parte de las entidades responsables de prevenir la afectación de sus derechos y proteger su vida.De acuerdo con la JEP cada cinco días un excombatiente de las FARC es asesinado en Colombia, sumando a la fecha más de 256 crímenes desde la firma del Acuerdo Final de Paz, en noviembre de 2016.
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22:48 GMT 22.01.2021 (actualizado: 14:37 GMT 03.06.2024) BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia transicional) de Colombia pidió al consejero presidencial para la Paz, Emilio Archila, y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campo Martínez, que adopten medidas que garanticen la integridad de los excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC.
"La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, dentro del trámite de medidas cautelares colectivas en favor de los comparecientes forzosos, y con el fin de proteger los derechos fundamentales de los excombatientes", requirió a Archila "que adopte e implemente (…) el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, incluida la sostenibilidad de los recursos administrativos y financieros necesarios", dijo el tribunal en un comunicado.
Igualmente, requirió a Campo Martínez "para que presente el plan de acción y cómo proyecta evacuar el trámite de las solicitudes y estudios de riesgo pendientes y fuera de los términos de decisión".
22 de enero 2021, 19:14 GMT
A su vez la JEP pidió que la UNP realice la contratación de 686 escoltas y 40 analistas, destine el presupuesto aprobado para la vigencia 2021 y realice la sostenibilidad financiera de los nombramientos mientras subsista el riesgo para la seguridad de los excombatientes de las FARC.
"Las anteriores decisiones responden al análisis de los informes de cumplimiento presentados por los dos altos funcionarios, en respuesta a las solicitudes de la JEP que no han sido atendidas con efectividad, y principalmente ante el incremento de la violencia que afecta a los excombatientes, sus familias e incluso los escoltas", precisó el tribunal creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana.
Según la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, los excombatientes no han recibido la atención suficiente por parte de las entidades responsables de prevenir la afectación de sus derechos y proteger su vida.
De acuerdo con la JEP cada cinco días un excombatiente de las FARC es asesinado en Colombia, sumando a la fecha más de 256 crímenes desde la firma del Acuerdo Final de Paz, en noviembre de 2016.
