"El día de hoy venimos a pronunciarnos sobre medidas cautelares y sobre los acontecimientos que han ocurrido el 18 de noviembre en la zona norte de Esmeraldas a propósito del derrumbe de una mina que ocasionó la muerte de cinco hermanos esmeraldeños", dijo a medios de comunicación el portavoz del colectivo Redcone y de la Pastoral Social del cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas, Klever Santana.
En la sede de la Corte Constitucional (CC), en la capital de Ecuador, los delegados presentaron una acción de incumplimiento sobre una sentencia que disponía suspender todo tipo de actividad minera en la zona norte de Esmeraldas, dictada por ese organismo en 2011.
Además, dispuso que el Ministerio ecuatoriano del Ambiente realice un diagnóstico de la situación ambiental en dicha jurisdicción.
Sin embargo, nada de esto se ha cumplido por parte de las autoridades, aseguró el dirigente.
Santana añadió que es necesario hacer un balance sobre la explotación minera legal e ilegal, pues consideró que podría costarle al Estado unos 3.000 millones de dólares remediar el daño ambiental ocasionado a una superficie aproximada de 14.000 hectáreas en el norte de Esmeraldas.
Al momento, sostuvo, en dicha zona existen abiertos al menos 50 frentes mineros ilegales que son operados con más de un centenar de máquinas.
Asimismo, denunció que la minería ilegal que se desarrolla en Esmeraldas mueve ingentes recursos provenientes de actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico.
